La primera vuelta electoral en Guatemala sirvió para ilustrar los innumerables desafíos para la democracia en nuestra región. Frecuentemente esos retos están vinculados a agentes externos al sistema político como los militares, grupos terroristas, mafias paramilitares o el narcotráfico, naciones extranjeras o megacorporaciones. Pero también existen miembros del sistema institucional que exageran sus credenciales, entre ellos, la justicia electoral, partidos que se abrogan la representación política y hasta los que no integran ese sistema, pero que se presentan como defensores de las instituciones democráticas, por ejemplo, los veedores electorales de entidades multilaterales.
La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que acompañó la primera vuelta en Guatemala y cuyo papel es monitorear las elecciones, cumplió su objetivo al validar el funcionamiento correcto de los procedimientos del voto y su conteo. A pesar de ello, la justicia electoral suspendió, de forma infundada, la oficialización de los resultados, lo cual ha vuelto a desestabilizar la campaña y ha minado la credibilidad del sistema electoral guatemalteco.
La reciente suspensión de la oficialización de los resultados se ha dado en un ambiente de gran desafección ciudadana con una baja participación electoral y un gran número de votos nulos y en blanco, algo que el errático comportamiento de la justicia electoral no hace más que estimular. Ante este contexto explícitamente adverso para la revelación de preferencias, el informe de la misión también objetó el trabajo de las encuestas electorales luego de que sus proyecciones terminaran lejos de los resultados en las urnas, y las considera como un riesgo para la democracia.
¿Pero son las encuestas instituciones reguladoras de comicios, hacen elecciones o las validan? No. Por ello extraña el espacio que el informe de la OEA dedicó a cuestionar las proyecciones derivadas de los sondeos, como si se tratara de un ente oficial que influye en la elección.
Las misiones de observación electoral raramente cuentan con especialistas en metodología de investigación de opinión pública o comportamiento electoral. Y si bien, en condiciones de plena libertad y estabilidad, la trayectoria (desde que se toma la decisión hasta que se ejerce el voto) puede ser lineal y, por lo tanto, pronosticable, en casos de extrema inestabilidad puede resultar imposible predecir un resultado.
Entonces, ¿en qué medida es realista pensar que, en un ambiente de incertidumbre generalizada por situaciones de violencia preelectoral, amenazas a los centros de votación y boicots a ciertas candidaturas, es posible exigirles a las encuestadoras resultados precisos?
En este contexto, la crítica a las encuestas por parte de una entidad prestigiosa perteneciente a la OEA no hace más que alimentar las tentaciones tan habituales entre los políticos de censurar la difusión de la opinión pública y foguear la inclinación por ampliar la prohibición de publicar encuestas a un período mayor al actual. En Guatemala, ese bloqueo solo se limita actualmente a 36 horas antes de la votación, pero en el pasado fue de 15 días.
América Latina es hoy el continente con la mayor tasa de limitaciones a la divulgación pública de encuestas, de acuerdo al más reciente estudio “Freedom to Conduct Opinion Polls”, que fue realizado por Wapor/Esomar. No que se prohíba la realización de los sondeos, pero sí su difusión.
Los embargos o bloqueos de encuestas solo juegan en contra de un único personaje, el más central de todos para la consolidación de la democracia: el soberano popular encarnizado por el votante de a pie.
Autor
Fabián Echegaray es director de Market Analysis, consultora de opinión pública con sede en Brasil, y actual presidente de WAPOR Latinoamérica, capítulo regional de la asociación mundial de estudios de opinión pública: www.waporlatinoamerica.org.
