América Latina celebrará seis elecciones presidenciales en 2024, un año que verá a la mitad del mundo votar en muchos casos para presidente, ya que en total se celebrarán 80 comicios en el planeta. Y junto con los votos viene el esfuerzo legítimo de medirlos a través de encuestas… y los esfuerzos ilegítimos de confundir o desorientar esos votos haciendo uso de las fake polls, las encuestas falsas que fabrican resultados con la intención de moldear el humor electoral de los ciudadanos.

Esas manipulaciones mediante la divulgación de resultados inventados, imposibles de verificar, validar o que utilizan abordajes no científicos de medición de preferencias sirven para generar climas de opinión de modo artificial y alimentar polémicas, debates e intensificar ciertas candidaturas en desventaja sobre todo en las redes sociales.

Lamentablemente este tipo de encuesta también ganan repercusión en los medios de comunicación más prestigiosos sin un equipo entrenado para saber distinguir sondeos genuinos de los fraudulentos. Peor aún, acaban generalizando la imagen de que todas las encuestas son lo mismo independientemente de la pulcritud y cuidado metodológico de unas y la indiferencia a esos cánones por parte de las fake polls, dándole oxígeno a quienes pretenden mantener desinformada a la población con embargos extensos para la publicación de las investigaciones bien hechas. 

Este es todo un problema en América Latina, por ejemplo, donde quince de dieciocho países estudiados por el comité WAPOR/ESOMAR tienen un periodo de bloqueo preelectoral de difusión de resultados de sondeos, donde la ciudadanía –por lo tanto- no puede enterarse de las tendencias más recientes del voto aunque empresas y gobiernos que las contratan sí tengan acceso privado a las mismas, generando una situación de inequidad y ausencia de información. Las excepciones son Brasil, Guatemala y Surinam. De hecho, en nuestra región los embargos a la diseminación de encuestas son más prolongados que en las democracias de Europa, América del Norte o Asia.

La ausencia de restricciones a la publicación de sondeos como en Brasil no exime a sus ciudadanos de convivir con fake polls o la fuerte sospecha de producción artificial de resultados de encuestas. La reglamentación de la práctica profesional en materia de sondeos electorales tal vez sea de las más avanzadas en materia de buscar garantías de transparencia en el proceso competitivo, ya que es precondición para divulgar cualquier encuesta que sea registrada junto a la Justicia Electoral, cinco días antes de salir al aire. De lo contrario, caben fuertes multas y la prohibición de su difusión. Y el registro no solo debe incluir los resultados, sino también otros detalles como la muestra (para indicar su representatividad social o no), las fechas de realización (para indicar su vigencia), el método de recolección utilizado (para indicar si todos los votantes tuvieron oportunidad de ser elegidos o si tan solo cubre a quienes tienen cuenta online o línea telefónica) y el cuestionario (para indicar eventuales sesgos o no en la formulación de preguntas). También es obligatorio indicar quién solicitó la encuesta y el valor pagado por la misma con la factura.

Esas exigencias apuntan a que solo consultoras e instituciones con competencias claras, profesionales sólidos y fuerte tradición en el arte de realizar encuestas electorales ejerzan esa práctica, que se convierte en un barómetro del humor social en el momento en que sus resultados son difundidos por los medios de comunicación. Naturalmente, esos pre-requisitos de capacidades profesionales y antecedentes institucionales en el ejercicio de la industria presuponen la existencia de contratos nítidos y relativamente voluminosos para cubrir las demandas financieras que exigen los buenos estudios de opinión pública. 

Sin embargo, lo que las elecciones presidenciales de 2022 en Brasil revelaron fue que 4 de cada 10 encuestas publicadas (de un total de casi 2.140 encuestas registradas) fueron financiadas con fondos propios y sin entidad (candidato, partido u otra organización) contratante y demandante del estudio, un indicador de baja transparencia y potencial uso político discrecional de sus resultados. En comparación con la elección presidencial anterior (2018) hubo un aumento fenomenal de encuestas registradas (casi el 60% más), en su inmensa mayoría (80%) realizadas por empresas que no se vinculan a las asociaciones pautadoras de códigos de práctica profesional o ética en el ejercicio de la profesión como WAPOR o ABEP. Los antecedentes institucionales no tienen que ver con la investigación pública o política sino más bien se trata de agencias de comunicación o empresas de marketing, en varios casos sin existencia previa (¡ni posterior!) al año electoral.

Obviamente no es un crimen autofinanciar estudios, pero en la escala que ocurrió en Brasil (algo que puede estar revelando parámetros de lo que ocurre en nuestra región como un todo) llega a disparar las sospechas sobre la verdadera intención y contenidos de dichas encuestas. Dentro de los trabajos realizados por el comité de opinión pública de la ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa), llegaron a la conclusión de que, coincidentemente, el grueso de los resultados informados que se desvían fuertemente de los guarismos oficiales finales justamente provenía de aquellas encuestas declaradas como autofinanciadas.

Esas mediciones bajo sospecha acaban germinando la impresión de que los desajustes por imprecisión relativa de los pronósticos respecto de los resultados finales son fallas congénitas de los sondeos, algo que multiplica la desconfianza cuando no respalda las voces que buscan suprimirlas. Esa absolutización de desacoples puntuales entre lo que un candidato sacó y lo que las encuestas de entidades serias y respetables apuntaban como si fueran rotundos fracasos (por más que las encuestas hayan acertado el orden de los candidatos, la diferencia promedio entre el primero y segundo y hasta el grado de abstención o voto nulo/blanco) perjudica a la profesión y a la legítima información de la ciudadanía con datos confiables.  

Las encuestas de opinión pública son esenciales al proceso central de las democracias, la elección de autoridades y la indicación del tipo de mandato votado: por el cambio o la continuidad, por la premiación del oficialismo renovando el apoyo al mismo o por su castigo removiéndolo del poder en pos de nuevos caminos y resultados. Ellas le endosan de transparencia a dicho proceso permitiendo que la ciudadanía pueda acompañar sin bloqueos el pulso democrático, el impacto de las campañas en los votantes y la agenda de prioridades ciudadanas que los candidatos deberían abordar o la dirección en la que deberían gobernar. Las fake polls –como las fake news– se burlan de la voluntad popular desdibujándola, y al hacerlo revelan el desprecio por la democracia de sus artífices.