El 7 de junio, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó, con mayoría absoluta, la ley para el uso legítimo de la fuerza. La postura de varios analistas es que «no cambia nada» o hasta «mejoran las cosas» en cuanto al uso progresivo de la fuerza y el respeto a los derechos humanos, en relación a la normativa vigente. Más allá de ese debate, considero que el verdadero fin de la ley, no es cambiar la norma, sino enviar un mensaje.

El mensaje dirigido a la policía y militares es que la ley los protege. Esto ocurre después de que han pedido insistentemente poder hacer mayor uso de la fuerza como lo exhibieron de manera cruenta en octubre de 2019, sobre todo en la ciudad de Quito. Se dice que con esta ley, ahora sí, se respetarán sus derechos. Ya no estarán «de manos atadas» frente a la delincuencia.

Para la ciudadanía el mensaje es que ahora sí se ocuparán efectivamente de la inseguridad. El actual gobierno ecuatoriano trabaja con una estrategia comunicativa que sostiene que los actuales problemas de seguridad del país se deben a los supuestos lazos entre el “correísmo” y las mafias del narcotráfico. Sin embargo, según el Observatorio de Homicidios del Instituto Igarapé, en el periodo 2008-2017, es decir, durante el gobierno de Rafael Correa, el país registró avances históricos en materia de seguridad, posicionándose como uno de los destinos más seguros de América Latina.

Al contrario de esta tendencia, en los últimos seis años, la tasa de homicidios se duplicó, sumando casi 400 muertos en las cárceles del país. Como resultado, la perversidad de la violencia que experimenta el país llegó a niveles inimaginables, al grado que la población tiene miedo a salir de sus casas. En este contexto, en el que los robos violentos se han generalizado, la administración de Guillermo Lasso busca posicionar la idea de que ahora sí habrá “mano dura” con «los delincuentes».

Diversos analistas, contra toda evidencia, argumentan que la actual situación de inseguridad se debe a las políticas implementadas durante el denominado gobierno de la Revolución Ciudadana. Desde esta narrativa, la ley simboliza un «virar página» para que por fin Ecuador pueda recuperarse de los supuestos males del “correísmo” que desataron la inseguridad que se vive en el país.

En este contexto, el apoyo mayoritario a la ley sobre el uso legítimo de la fuerza por parte del bloque legislativo de la Unión por la Esperanza (UNES) conformado por la Revolución Ciudadana, termina pareciendo un “mea culpa”. Tras la aprobación de la ley, y frente a cuestionamientos sobre el apoyo que le dieron, voceros de la UNES indicaron que no quieren «dar excusas» al presidente Lasso para no afrontar de forma efectiva la inseguridad. Sin embargo, lo que ha pasado es que no han tenido la capacidad política de efectivamente contrarrestar el entramado que se ha creado en contra del “correísmo”.

¿Tendrá esta ley algún efecto sobre los índices de inseguridad? Según datos de instituciones como la CEPAL, no. Lo que sí podría tener un efecto en la violencia sería la reducción de los índices de pobreza en la que está sumida la población y la desesperanza en gran parte de la juventud ecuatoriana. Actualmente, tenemos un sistema educativo desmantelado, la educación técnica y tecnológica destruida, jóvenes que entran a las universidades a cuenta gotas y un pueblo que pasa hambre. Son las consecuencia de las políticas neoliberales de los gobiernos de Moreno y Lasso, sumadas a un complejo contexto mundial marcado por la pandemia, la crisis económica y la guerra.

Además, de acuerdo con entidades como el Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, los países que han aplicado mano dura han fracasado en reducir el delito. Lo que sí disminuirá los índices de inseguridad y violencia es incrementar el presupuesto público bien invertido en un sistema de rehabilitación social.

A contramano de un enfoque social y de derechos humanos, imperativo en situaciones como las que experimenta el país, me temo que esta ley envalentonará a las fuerzas «del orden» y se incrementarán las violaciones a los derechos humanos de personas definidas como «delincuentes» o «narcos», e incluso de todos aquellos que se involucren en la protesta social o se opongan a las políticas del gobierno.

Ecuador ya experimentó duros momentos de violaciones y abusos por parte de la policía con casos como la desaparición de los hermanos Restrepo, desaparecidos durante el gobierno de León Febres Cordero. Frente a los actuales índices de inseguridad del país, muchos piensan que «los derechos humanos son para humanos derechos», una postura aberrante, pero que se percibe cada vez más y que llega al extremo de generar alegría en algunos ciudadanos por cada nueva masacre en las cárceles.

En este contexto, cabe alertar que el presidente Lasso recientemente firmó un convenio de cooperación con Israel en materia de seguridad y en el marco de la Cumbre de las Américas le propuso al presidente de los EE. UU. la implementación de un “Plan Ecuador” al estilo del “Plan Colombia” que por dos décadas ha contribuido al desangre de ese país, so pretexto de la lucha contra las drogas.

En Ecuador ya se cometen atropellos a los derechos humanos por parte de las “fuerzas del orden”. ¿Qué nos espera ahora con esta señal inequívoca de que se recrudecerá el “orden estatal”?