El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, advirtió (antes de la más reciente reunión internacional en Bogotá sobre la crisis del país) que uno de los requisitos para retomar el diálogo con la oposición era lo siguiente: “Las políticas de lawfare (o ‘guerra legal’), las políticas de ataque a través de aventuras en tribunales de Estados Unidos, o a través de la Corte Penal Internacional (CPI), se (tienen que detener) porque afectan directamente a nuestros líderes más importantes”. En resumidas cuentas, el chavismo exige impunidad ante la corrupción y los crímenes de lesa humanidad, para seguir negociando condiciones electorales justas, levantamiento de sanciones y liberación de presos políticos.
En el caso de EE.UU., las decisiones judiciales y administrativas han variado de acuerdo a conveniencias políticas: desde la liberación de los sobrinos de la pareja presidencial Maduro-Flores, condenados por narcotráfico, y el intercambio de siete ejecutivos de la petrolera Citgo que estaban presos en Caracas, hasta la eliminación de la lista de sancionados de la OFAC (oficina del tesoro) de otro sobrino de la primera dama Cilia Flores, que fue acusado de lavado de dinero.
Pero en el proceso abierto de la CPI, que está en etapa de revisión preliminar, el asunto se les complica a los militares y funcionarios civiles venezolanos que están acusados de presuntos crímenes de lesa humanidad, crímenes que no prescriben. Después de la conferencia del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, organizada por el Centro Raoul Wallenberg por los Derechos Humanos y la Universidad de Ottawa, da la impresión de que la determinación de quien deberá eventualmente encabezar la acusación contra los presuntos criminales del chavismo no será un hueso fácil de roer para el régimen de Nicolás Maduro.
Karim Khan no habló directamente del caso de Venezuela, ya que no puede emitir opinión pública sobre un proceso que se está revisando. Sin embargo, el fiscal jefe de la CPI insistió en su conferencia en que el reto más importante que tiene la corte de La Haya es hacer realidad aquella promesa de “nunca jamás” que fue emitida después de los juicios contra los jerarcas nazis en Núremberg por el genocidio contra los judíos, los romas y otros grupos humanos. Sin embargo, esta promesa no se ha cumplido tal como lo testimonian los genocidios en Camboya, Ruanda, los Balcanes, y las más recientes persecuciones y masacres contra los rohinyás en Birmania o los uigures en China.
Lo que está en juego, según Khan, es la credibilidad del sistema de justicia internacional y de los propios cimientos del orden global establecido después de la Segunda Guerra Mundial que ha servido, por ahora (y quién sabe hasta cuándo), para evitar otra gran confrontación que podría tener un desenlace nuclear.
¿Cómo pasar del escepticismo y el cinismo con el que muchos ven las acciones (o la falta de acciones) de la CPI? Khan afirmó que los fiscales de la CPI no son “paracaidistas que pueden hacer operaciones relámpago contra los acusados de crímenes contra la humanidad”, pero sí mostró ejemplos de cómo se debe aplicar la justicia. Lo más importante para el fiscal es ir al terreno, escuchar a los sobrevivientes y a las víctimas, comprender el contexto social, político, cultural y religioso en el que se han cometido los crímenes.
La justicia no es una abstracción, sino una acción que tiene consecuencias prácticas. Él mismo, ante escenarios de conflicto y violaciones de derechos humanos, visitó Venezuela en 2021 y 2022. Sus viajes a Caracas han servido para que el gobierno de Maduro se viera visto obligado a firmar un acuerdo con la CPI, lo que implicó la apertura de una oficina de la corte internacional en el país. Aunque es obvio que el régimen chavista ha buscado lavarse la cara al recibir a Khan, el propio fiscal jefe ha dicho en declaraciones a la prensa: “Uno no puede ser ingenuo, pero uno tampoco puede sospechar innecesariamente, porque entonces no estás siendo imparcial”.
La oficina del fiscal de la CPI tiene que hacer frente a limitaciones de presupuesto, tecnológicas y logísticas. Khan indicó en su conferencia que la CPI genera grandes expectativas con respecto a una gran variedad de casos, pero cuenta con pocos recursos. El fiscal jefe cree, sin embargo, que la clave está en la independencia de la corte y de su oficina. Y cuando se le preguntó sobre quiénes, desde posiciones de poder, cuestionaban su imparcialidad, afirmó: “Nosotros nos ocupamos del suelo, no del techo”. Enfatizó, a su vez, que su foco está en los supervivientes y en las víctimas de crímenes de lesa humanidad. “Ellos no han perdido la esperanza de que se haga justicia”, concluyó.
Autor
Profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad de Ottawa. Consultor en comunicación y salud, gestión de crisis y responsabilidad social corporativa. Doctor por la Universidad de Montreal.
