Luis Arce dio el gran salto al vacío. A mediodía del miércoles 28 de diciembre, fuerzas policiales detuvieron al Gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho y lo llevaron a La Paz para que el fiscal anticorrupción decida su suerte. Con Camacho se amplía la lista de presos acusados judicialmente de ser autores materiales de la salida de Evo Morales del poder en noviembre de 2019, lo que el Movimiento al Socialismo (MAS) ha calificado como golpe de Estado.

Si el gobierno encarceló muchos meses antes a la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez y al ex líder del Comité Civico Potosinista, Marco Pumari,- ambos piezas claves en la crisis política de 2019- era para evitar que fueran un factor de conflicto. Añez ya mostraba números rojos en su respaldo ciudadano antes de ser detenida y Pumari, en octubre de 2020, se había peleado con una multitud de personas en la plaza de Potosí.

Con Camacho la situación era distinta. Había cosechado un buen respaldo en las elecciones presidenciales de 2020 y logrado ganar la gobernación de Santa Cruz un año después. Su detención podía generar una reacción en la tierra cruceña y abrir un frente de tensión en uno de los departamentos más importantes, tanto económica como políticamente del país. Este fue siempre el razonamiento del gobierno: ser duros con unos y prudentes con otro.

¿Qué llevó al gobierno a dar el salto? ¿Qué hizo que dejara el cálculo político para provocar un conflicto de imprevisibles consecuencias? Tiene que ver con la disputa de liderazgo en el MAS. Como se sabe, Morales, al no encontrar en Arce la voluntad para cambiar ministros y tener espacios de poder en el gobierno, empezó a atacar al presidente acusándolo de estar ligado a la derecha del país, con la cual, Arce habría entablado un pacto para no castigar a los “golpistas”.

Claramente Arce, con el apresamiento de Camacho trata de detener esta crítica que podría debilitarlo tanto como fortalecer políticamente a Evo. Además, podría  abrirle una crisis de respaldo, tanto en la Asamblea Legislativa como en las organizaciones sociales del MAS, muchas de las cuales no aprueban que Camacho esté libre. Es una jugada política clave porque, por una parte contenta a los radicales del MAS y, por otra, deja sin discurso a las fuerzas evistas que tendrán que reconocer la “valentía” de Arce frente a Camacho.  Pero es una acción arriesgada y de un alto costo político.

Las emociones como reacción política.

El 22 de octubre del año 2022 Santa Cruz inició una huelga general demandando que el censo de población y vivienda se realice el 2023 y no el 2024 como postulaba el gobierno. Se debe tomar en cuenta que los datos del censo son la base para la distribución de recursos económicos entre departamentos, lo que para una región de fuerte crecimiento poblacional como Santa Cruz es clave para su desarrollo.

Lo inédito de la huelga- aparte de su dilatada duración de 36 días- fue que abrió un espacio para el debate público. Se pusieron en funcionamiento comisiones técnicas donde políticos y expertos en demografía debatieron largamente sobre la fecha del censo. En el proceso, si bien se dieron bloqueos de calles en las ciudades de Santa Cruz y eventualmente enfrentamientos entre vecinos y fuerzas policiales, en general el conflicto terminó sin saldos lamentables.

Hoy, a raíz de la detención de Camacho las cosas son distintas. La respuesta de la población cruceña ha sido de indignación y rabia. El gentío que salió a protestar apenas supo la noticia incendió el edificio de la fiscalía, quemó más de 30 vehículos y la casa de varios funcionarios del gobierno, provocó la suspensión de vuelos en dos aeropuertos y cerró, por algunas horas, las principales carreteras del departamento. La violencia continuó en los días siguientes con enfrentamientos entre civiles y las fuerza policiales en la icónica zona del cristo redentor.

Detrás de estas acciones existe un trasfondo estructural que abona las reacciones emocionales. Una de ellas es la crisis de mediación entre el Estado central y las regiones.  El MAS en el poder, al constatar su debilidad política y electoral a nivel subnacional procedió a anular alcaldes y gobernadores opositores por vía judicial, generando un vacío político que no pudo ser llenado por los las organizaciones sociales afines al MAS. Como resultado, el gobierno no puede dialogar con las regiones porque sus autoridades no tienen representatividad y legitimidad, más aún cuando, en rigor, Bolivia carece de un sistema de partidos, si por ello se entiende partidos institucionalizados que participan de forma continua en varias elecciones.

Esto ha dado lugar a que las regiones se sientan abandonadas, desoídas y despreciadas por el poder gubernamental y justamente este es el sentimiento que emerge en Santa Cruz. Para buena parte de la población cruceña, la detención de Camacho- un personaje controvertido, de línea derechista y conservadora- es un acto abusivo y una muestra más del autoritarismo de Morales. Esta percepción es abonada por el hecho de que la justicia boliviana no es igual de implacable con las autoridades del MAS, las que con mucha frecuencia no son apresados a pesar de las amplias y evidentes muestras de corrupción. Por ejemplo, hasta ahora no se ha detenido al gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, pese a que sobre él pesan denuncias de intento de compra de 41 ambulancias con sobreprecio.

Bolivia ha inaugurado el 2023 con una crisis política imprevista. Sería errado pensar que la reacción cruceña solo tiene que ver con el encarcelamiento de Camacho. Es el detonante pero no la causa. Como vimos existen varios factores de tensión como la instrumentalización de la justicia o la ausencia de mediaciones políticas que permanecen irresueltas y son las que, en definitiva, alimentan el malestar y la violencia. Bolivia pasa por un proceso de reconfiguración política que tiene como base la disputa  interna del MAS. Se trata de una lucha por el poder que no ofrece un proyecto político novedoso que no sea el de continuar con el evismo pero sin Evo.