En Bolivia la política no se presenta de la manera clásica como un enfrentamiento entre oficialismo y oposición, sino como una disputa entre facciones al interior del propio gobierno. No podría de ser otra manera en un país donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) concentra más del 50% de la votación desde las elecciones presidenciales de 2005 y, además, es el partido donde hallan acogida una diversidad de organizaciones sociales con gran capacidad de movilización y acción colectiva.

A diferencia de países como Chile, Ecuador o Perú, en Bolivia la Asamblea Legislativa carece de poder político real: no es el espacio por donde transitan las decisiones ni puede presionar al poder ejecutivo obligándolo a retroceder o moldear sus políticas. En Chile, el electo presidente de izquierda Gabriel Boric estará obligado en el Congreso Nacional a establecer acuerdos, no solo con la coalición que apostó por su candidatura, sino también con sus opositores conservadores.

En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso, lejos de tener mayoría en la Asamblea Nacional, se enfrenta al sector afín el expresidente Rafael Correa que bloquea sus iniciativas de reforma económica. Y en Perú, el presidente Pedro Castillo no solo no puede armar coaliciones estables dentro de su propio gobierno, sino que el Congreso de la Republica puede removerlo de su cargo en cualquier momento. En Bolivia, estos extremos son simplemente impensables.

Luis Arce y su gabinete ministerial

A mediados de enero de 2022, el presidente Luis Arce se hallaba asediado por las exigencias de cambio en su gabinete. El Pacto de unidad, la organización que aglutina a las organizaciones afines al MAS, había sentenciado la salida de siete ministros, entre ellos el de gobierno Eduardo del Castillo, al que la poderosa Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) tildaba de traidor.

Aunque los voceros del gobierno calificaban el hecho como parte de la democracia interna, lo cierto es que al interior del MAS se estaba tratando de reconfigurar el balance de poder entre al menos dos facciones del MAS. Evo Morales era el más interesando en un cambio y lanzó la orden de una renovación del gabinete. Morales afirmaba que el presidente Arce no tenía ministros que lo defiendan y que todos estaban cuidando su cargo sin tomar en cuenta que eran “fusibles”, es decir que se los podía quemar para salvar la figura presidencial.

Arce, a diferencia de su anterior lógica de retroceder para gobernar, en este caso optó por el inmovilismo y logró convencer a las organizaciones sociales que la decisión sobre un eventual cambio de gabinete que tenía que darse el 22 de enero fuera postergado para el 11 de febrero. Todo hacia pensar que Arce solo dilataba el problema.

Sin embargo, el 23 de enero el ministro de gobierno Eduardo del Castillo anunció la captura en la frontera con Argentina de Maximiliano Dávila. El exdirector general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) era acusado de lavado de dinero, ganancias ilícitas y vínculos con el narcotráfico en base a una investigación de la norteamericana Administración para el Control de Drogas (DEA).

Aunque Dávila había asumido el cargo casi al finalizar el mandato de Morales, todos los focos mediáticos se posaron sobre el expresidente y su gestión. Los medios de comunicación publicaron una fotografía de Morales junto al acusado, y este, cuando era conducido al penal de San Pedro calificó al ministro del Castillo de violar el proceso por querer “incriminar al presidente (Evo) Morales». 

Ante los hechos, varios dirigentes del MAS intentaron detener el deterioro político. Clemente Ramos, asambleísta por el departamento de Santa Cruz, acusó a la derecha “golpista y narcotraficante” de armar el caso. La Federación de trabajadores campesinos de Cochabamba junto a las seis Federaciones de cocaleros del Trópico se pronunciaron en defensa de Morales y se declararon en alerta ante lo que calificaban como intento de desestabilización del gobierno. Finalmente, el MAS en bloque, rechazó toda posibilidad de que el ex coronel de policía Dávila sea extraditado a los Estados Unidos. Todos estos esfuerzos fueron vanos.

Aunque la oposición partidaria trató de capitalizar el escándalo, el efecto político real fue el debilitamiento de la figura de Morales, de los sindicatos cocaleros y un fortalecimiento del ministro de gobierno Eduardo del Castillo y, por ende, de todo el gabinete de Arce.

El 11 de febrero, el representante de la CSUTCB, luego de reunirse con el presidente declaró ante los medios que ya no se pediría el cambio de ministros y que se haría una evaluación periódica “para mejorar la calidad y gobernabilidad de nuestro hermano presidente y vicepresidente”.

Arce logró mantener su gabinete y, de esta manera, anotarse un claro triunfo frente a la corriente evista, mientras que el ex presidente ha denunciado la existencia de un “ala derecha” en el MAS que busca desprestigiarlo.

La democracia en la política de facciones

La cercanía entre narcos y policías, y la promiscuidad entre funcionarios judiciales y delincuentes asesinos probablemente hubiera provocado un aluvión político capaz de poner en grave crisis a cualquier gobierno. Sin embargo, no ha sido así. Los escándalos solo han servido para reequilibrar el poder entre las facciones del MAS, pero no han generado un cambio político que, por ejemplo, comprometa al gobierno a un cambio real en la administración de justicia y la policía.

Este es el efecto pernicioso del sistema de partido predominante en Bolivia donde el desproporcionado poder político del partido oficialista hace que los actores partidarios de oposición carezcan de un mínimo de capacidad de bloqueo ante cualquier iniciativa del MAS. De esta manera, el juego político transcurre en los límites del MAS y entre las organizaciones sociales que de una manera u otra son parte de la administración gubernamental, sin trascender a un espacio institucional donde, una buena parte de la sociedad civil perciba que se discuten y representan sus intereses.

Con la llegada de Arce al poder se ha dinamizado la política, pero este cambio no ha representado una ampliación de la democracia en el sentido inclusivo. Si antes la política tenía como eje a Morales, hoy está concentrada en el MAS y sus facciones que se disputan el poder gubernamental.

Si la política se reduce a los limites impuestos por el MAS, la democracia se daña gravemente y se genera descontento en la población que ya no se siente representada o que se siente utilizada por quienes están en el poder. La democracia debe ser capaz de incluir a actores y corrientes que no están ligados o coinciden con el partido mayoritario.  Si esto no ocurre, los riesgos de una crisis de representación política son altos.