El día del Bicentenario de la Independencia del Perú, el 28 de julio, Pedro Castillo (Perú Libre) asumió la presidencia por un período de cinco años. La toma de posesión simbolizaría la tardía participación del país en lo que se conoció como la «marea rosa»: la ola de gobiernos de izquierda que arrasó en América Latina en la primera década del siglo XXI y parte de la segunda. Ese ciclo, sin embargo, está agotado, y la región se encuentra en otro momento. De hecho, más allá del ciclo regional, Castillo se enfrenta a dilemas nacionales: algunos de largo plazo, otros más inmediatos. Los de largo plazo están relacionados con la pobreza y la informalidad de su economía y con la secular división entre Costa y Sierra. Los más inmediatos consisten en sobrevivir hasta el final del mandato, algo poco probable.

Subida y bajada de la marea rosa

La «marea rosa» es un ciclo agotado. Ocurrió en otro contexto, como reacción al ciclo de políticas neoliberales de los años 90. Se benefició de la subida de los precios internacionales de las materias primas (la base de las economías latinoamericanas), y de una cierta falta de atención del gobierno estadounidense en relación con la región, centrado como estaba en la llamada «guerra contra el terrorismo». Se caracterizó por estrategias de política exterior independientes, aumento de las inversiones sociales y experimentos de democracia participativa y directa.

La marea comenzó a retroceder a principios de la década de 2010, y lo que siguió fue un panorama matizado. Se produjo el ascenso de gobiernos de derechas, algunos de ellos mediante elecciones; otros, mediante golpes de Estado institucionales. Algunos han llevado a cabo una agenda neoliberal dentro de los límites mínimos de la democracia procesal, como Uruguay. Otros han asumido posiciones más autoritarias, como en el caso de Colombia y El Salvador, e incluso han coqueteado con el fascismo en Brasil.

Por otro lado, están los supervivientes de la «marea rosa». Algunos pretenden reproducir las políticas de principios de siglo en versiones rebajadas, como Argentina y Bolivia (y México, que no se sumó a la primera marea). Y otros cierran sus regímenes para sobrevivir, como Venezuela y Nicaragua.

No se puede considerar que haya una ola abrumadora de derechas, ni un segundo ciclo de izquierdas. Hay una región en disputa, en la que Perú es una pieza importante en el tablero. Dependiendo de lo que ocurra de aquí al próximo año en Chile, Colombia y Brasil, un nuevo «ciclo de izquierdas» —que inevitablemente será diferente del anterior— puede tomar forma más claramente. Pero Castillo no puede esperar: tendrá que preocuparse de los asuntos locales, algunos de ellos muy inmediatos.

¿Moderarse para sobrevivir?

El principal dilema será el de la moderación. La «buena» ciencia política invita a los agentes políticos a moverse hacia el centro en busca de votos y gobernabilidad. Esta tesis puede asociarse al conservadurismo de la mayoría de los politólogos, y ha sido prácticamente impugnada por casi todas las polarizadas disputas políticas contemporáneas. En el Perú actual, sería la contraseña para que Castillo no logre nada y sea derrocado al final, de todos modos.

La toma de posesión de Castillo simboliza su victoria temporal en una contienda de relatos que se prolongó durante semanas en torno a un supuesto fraude electoral que nunca fue probado. Sin embargo, en ningún caso asegura la gobernabilidad del nuevo presidente. El país atraviesa una grave crisis política, económica y social, que simbólicamente no puede resolverse con esta inauguración y los llamamientos a la unidad en torno al Bicentenario.   

El fujimorismo es un factor de desestabilización constante, que constituye una amenaza real para la democracia peruana. Además, no ayuda vivir con una Constitución elaborada en un periodo autoritario, como resultado de un golpe de Estado. Y al igual que en Chile, es justificable considerar que la carta peruana carece, como mínimo, de legitimidad.

Además, la Constitución es el garante de un sistema político que no está claro si es semipresidencialista o semiparlamentario, y que genera sucesivas crisis entre presidentes débiles y partidos políticos minoritarios poco representativos. No genera equilibrio ni estabilidad, sino una crisis interminable y el bloqueo de cualquier transformación. Desde fuera, sorprende que cualquier analista peruano que se proclame democrático sienta temor ante la propuesta de una Asamblea Constituyente. Y no es de extrañar en absoluto que la convocatoria de la Asamblea esté en el centro del programa de Castillo y de Perú Libre.

Dos escenarios posibles

Ante esto, la Asamblea Constituyente constituye un símbolo que indicará si Castillo ha optado por la moderación o por el cumplimiento de su programa. Por eso, tras haber dado pasos hacia el centro en la segunda vuelta y en la formación de su gabinete, no renunciará a esta bandera concreta. Esto abre dos posibles escenarios. Ambas cosas son difíciles y no garantizan el cumplimiento del mandato.

La primera es renunciar a todos los anillos para no perder los dedos. En este escenario, al final tendríamos un gobierno desmoralizado y sin posibilidades de elegir un sucesor. Como Ollanta Humala, sería otro presidente que renunciaría a un programa de cambio. Por cierto, ni siquiera esto garantizaría el cumplimiento del mandato de cinco años. Otros presidentes peruanos han sido derrocados por mucho menos. 

El segundo camino es intentar cumplir con la mayor parte del programa, empujar dentro de las posibilidades, o intentar ampliar los límites de las posibilidades. Evidentemente, se trata de un camino en el filo de la navaja, que además no garantiza la supervivencia del gobierno durante cinco años. Esta vía requeriría, obviamente, una mayor movilización popular y arduas negociaciones.

Está claro que en ambos escenarios no hay garantía de estabilidad. Pero al menos en el segundo escenario, habría una posibilidad de acabar con la crisis orgánica que vive el país, dada la posibilidad (aunque poco probable) de que este camino concluya en una refundación del país. 

En medio de este dilema de difícil resolución, el nuevo gobierno debe aún reorganizar el problemático enfrentamiento de la pandemia. También debe abordar la creciente pobreza y la informalidad. Éstas se han visto agravadas por la pandemia, pero son legados de décadas de neoliberalismo y de la larga historia del país. Con esto llegamos a la cuestión de la antigua división entre Costa y Sierra, atravesada por la cuestión indígena.

Castillo fue elegido en gran medida sobre la base de esta división. Incluso desplazó a la izquierda «cosmopolita» y «progresista» limeña que tendrá que lidiar con el eterno retorno de los temas que quisiera evitar: una nacionalidad que nunca se completa, la cuestión indígena, las divisiones regionales, la religiosidad de los pobres.

Teniendo en cuenta todo el contexto, los espacios son estrechos. Pero hay que intentar aprovechar la extraña oportunidad de un gobierno claramente de izquierdas en Perú, una novedad en una larga trayectoria conservadora.

_{Foto de Presidencia de Perú}