La obvia respuesta es un inapelable rechazo con un 61,87% versus un 38,13% del apruebo. Votaron 12,9 millones de electores, es decir, el 85,3% del padrón electoral. Esto solo es comparable al porcentaje de participación que puso fin a la dictadura militar en 1989. Un dato clave: la opción rechazo ganó en todas las regiones, incluso en la región metropolitana (Santiago) y Valparaíso. En estas dos, según distintas encuestas, había posibilidad de que se impusiera la opción apruebo. No fue así.
Momento de prudencia
La lectura política debiera ser más prudente y analizar el contexto por el que atraviesa Chile. No hay espacio para triunfalismos, como se señaló desde casi todas las veredas del rechazo después de conocidos los resultados de los comicios.
Los distintos actores políticos de la opción contraria al apruebo se han puesto frente a los micrófonos para intentar capitalizar la victoria. Durante la campaña, no se habían dejado ver, por lo que no se puede sostener la tesis de que los vencedores son los partidos de oposición al Gobierno.
Tampoco ganaron los extremos que no buscan acuerdos mayoritarios y buscan instaurar constitucionalmente sus propias miradas de mundo. Esta razón, por la que muy posiblemente quedarán aislados si no cambian de postura y actitud, no permitirá alcanzar un acuerdo nacional en materia constitucional.
El alma nacional
La tarea de negociar no será fácil para el gobierno derrotado. Como advertimos, los partidos oficialistas fueron precisamente los actores claves en la articulación de los contenidos de la propuesta constitucional rechazada. En especial, de la perspectiva indigenista y plurinacional, las incertidumbres en materia de propiedad privada y los lineamientos en seguridad pública. Estos elementos podrían entenderse como lejanos a lo que el cardenal Raúl Silva Henríquez, en el contexto de una búsqueda de la democracia perdida en Chile, denominara el alma nacional de Chile, la que a su juicio se conforma por una certeza u orden jurídico, por la libertad de las personas y la fe del pueblo. Tres elementos no observados en el texto constitucional.
En concreto, el alma nacional no habría estado en sintonía con la perspectiva refundacional, la cual desafía las libertades. El proceso constituyente se sustentó en una intolerancia expresada en el desinterés por ampliar los acuerdos y consensos; el desprecio a la historia de nuestro orden jurídico que puso fin al Senado y al Poder Judicial, sumado a la irrelevancia y prescindencia de normas que mitigan la violencia, como la desaparición del estado de emergencia del texto constitucional vigente, el cual permite al Gobierno de turno utilizar a las fuerzas armadas en materia de violencia política o social, apoyando las labores de seguridad pública. Todos estos elementos son claves para comprender el triunfo del rechazo.
Riesgos y percepciones
Desde una mirada integral a la propuesta de Constitución, la mencionada plurinacionalidad habría sido percibida como un principio que significaba un alto riesgo a la unidad del pueblo de Chile, siendo en sí misma una amenaza al orden jurídico de la República, a las libertades e igualdad de todos ante la ley, y un corte con la idiosincrasia popular. En definitiva, sería el reconocimiento de once pueblos en el territorio de Chile con sus respectivos principios de autodeterminación y autogobierno, una de las razones por las que se habría apreciado que el texto constitucional creaba las bases para la deconstrucción de la República, proponiendo una nueva morfología en el poder que no reconocía el alma nacional.
¿Una nueva oportunidad?
Pasada la página, si asumimos la necesidad de un nuevo acuerdo nacional, Chile tendría una nueva oportunidad para hacerlo. Ahora más transversal y mayoritaria. Para ello se requiere que ningún actor político crea que por sí solo puede interpretar y proponer una propuesta constitucional. Solo así aprenderemos del proceso constituyente recién vivido. ¿Quién ganó la elección del plebiscito de salida? Podría responderse que el pueblo y su anhelo de unidad nacional.
Todo lo señalado no significa que la crisis de representatividad y desconfianza en las instituciones haya sido superada. En este momento resulta fundamental que el Gobierno del presidente Gabriel Boric pase de una posición de derrota a transformarse en un actor que conduzca la negociación política por un camino de gran entendimiento nacional. Esto muy posiblemente le signifique una tensión en el bloque oficialista, ya que el Partido Comunista y algunos sectores del Frente Amplio fueron los artífices ideológicos de la propuesta constitucional.
Otro gran desafío es que el Congreso consiga legitimar una propuesta de proceso para el acuerdo nacional que se requiere. Parece fundamental no olvidar el alto nivel de impopularidad que mantiene dicha institución. Por tanto, en una acción colaborativa con el Poder Ejecutivo, se debería establecer un mecanismo de consulta al soberano para que tenga la decisión final respecto al diseño institucional por el que debe transitar el acuerdo nacional.
Segunda etapa
En consecuencia, el proceso no ha terminado. Por el contrario, este recién se iniciará en una segunda etapa que, esperamos, pueda sacar las lecciones del proceso que ha concluido. Ello a pesar del cansancio de los electores por un frecuente llamado a las urnas y los costos económicos asociados a esto, ya que pareciera de vital importancia que los ciudadanos sigan activos y movilizados hasta conseguir una institucionalidad que signifique un amplio acuerdo nacional en materia constitucional.
En ese sentido, los movimientos que han acompañado el proceso, surgidos desde la sociedad civil, tales como Amarillos por Chile, entre otros, desde ahora son doblemente responsables de colaborar y apoyar el camino de entendimiento nacional. Ello mientras los partidos políticos se adaptan y ajustan a los nuevos tiempos y las instituciones vuelvan a recuperar la fe pública. Esa sería la mejor y casi única estrategia de salida de la crisis institucional y de representatividad en el país.
*Texto Publicado originalmente en Diálogo Político
Autor
Cientista político y periodista. Director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián (Chile). Doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario Ortega y Gasset (España).
