La crisis política que ha vivido Ecuador en los últimos días le ubica en el centro de definición de cruciales tendencias regionales sobre cómo abandonar modelos económicos que combinan extractivismo y rentismo de los recursos naturales, y sobre cuya lógica se sustentan sistemas políticos basados en el clientelismo y la corrupción.
América Latina no logra salir de su tradicional vocación de ser proveedora de materias primas al sistema de la economía mundial, lo que la vuelve sumamente dependiente de ciclos expansivos y recesivos; esto hace que la búsqueda de financiamiento público conduzca a exacerbar la sobreexplotación de la naturaleza. Es el caso del Brasil y la Amazonía, o del mantenimiento de privilegios que debilitan las cuentas fiscales, como es el caso de las graves distorsiones de la economía petrolera venezolana.
En la realpolitic regional, el enfrentamiento tiende a polarizarse entre aquellos modelos políticos que redistribuyen por medio de la intervención del Estado y aquellos que apuntan a liberalizar las fuerzas del mercado. Ambas líneas parecerían servirse a su manera del extractivismo; las unas, para incrementar los márgenes de utilidad de sus empresas; las otras, para reproducir formas clientelares y corporativas de distribución económica. Ambas utilizan al Estado de distinta forma y reducen sus capacidades de regulación y control o amplían los marcos de su intervención.
Las medidas económicas ejecutadas por el gobierno de Lenín Moreno intentaron, de alguna forma, alterar esta lógica política. Además, estaba obligado por el agobiante déficit público, producto de la gestión rentista de la última década. Las medidas llevaron a una movilización social de enormes proporciones hasta el punto de poner en riesgo la estabilidad democrática del país. La política de eliminación de los subsidios a los combustibles compartía tanto la certeza de ser técnicamente correcta como políticamente costosa, de allí que el fracaso en aplicarla pueda ser atribuida, entre otros factores, a una percepción equivocada del mismo Gobierno sobre la magnitud y complejidad de esta operación. De hecho, esta acción devolvió el protagonismo al movimiento indígena del Consejo Nacional de Organizaciones Indígenas (Conaie) que había sido neutralizada y atacada fuertemente durante el periodo correísta.
Habiendo empezado como paro de transportistas, el país se enfrentó a una movilización indígena en el país, pero con fuerza principalmente en la región sierra. Pero a diferencia de otras ocasiones, la violencia, el vandalismo y la acción delincuencial se presentaron con fuerza. ¿Estas acciones son adjudicables a los indígenas? Una somera revisión de sus anteriores movilizaciones registran su firmeza y contundencia, pero no la utilización de formas de violencia extrema y de vandalismo. Para el Gobierno y para muchas voces de la sociedad civil, junto a la protesta indígena se ubicaba una clara intención de desestabilización por parte del expresidente Rafael Correa y su movimiento, ahora denominado Revolución Ciudadana.
La medida adoptada tenía, sin duda, impactos diferenciales: la reacción inicial fue de los sindicatos del transporte; el impacto mayor era, sin embargo, en las economías rurales que proveen de alimentos a bajos costos a la economía urbana. Una lógica en la cual se vuelve patente la inequidad campo-ciudad y que, paradójicamente, es reforzada por el subsidio. El impacto también es significativo en los sectores medios y altos que hubieran debido pagar los combustibles a precios internacionales, a las economías del contrabando, a las empresas navieras vinculadas a la pesca industrial, a las economías vinculadas a la minería ilegal, al narcotráfico y, en particular, a la producción de cocaína. La medida, además, se ubicaba a la altura de las exigencias contemporáneas de combate al cambio climático: el Estado no tiene por qué subsidiar la emisión de CO₂ a la atmósfera.
Para el Gobierno, además, la eliminación del subsidio significaba dejar de depender del crédito oneroso y poner bajo control la ecuación perversa de déficit público y endeudamiento, que venía caracterizando al manejo de la política económica. La situación de la economía del país no es de fácil solución: niveles de endeudamiento a tope de lo permitido, petróleo comprometido en preventas petroleras hasta el año 2024, pérdida de la capacidad de inversión pública. En definitiva, la tormenta perfecta.
La virtual imposición del movimiento indígena en la mesa de negociaciones obligó al Gobierno a retroceder»
El desenlace, tras 12 días de un conflicto desgastante y que amenazaba con desestabilizar al régimen, parecería devolverle al país al momento previo y dejó la sensación de que el intento por racionalizar la economía fue infructuoso; la virtual imposición del movimiento indígena en la mesa de negociaciones obligó al Gobierno a retroceder. Si bien la pacificación que resultaba del acuerdo fue saludada por todos, la sensación de que «no todos ganaron» comenzó a aparecer de inmediato; el conflicto dejó pérdidas humanas y materiales incalculables y su salida despertó viejos fantasmas que permanecían dormidos, los del racismo y el regionalismo, en particular entre las clases medias de las principales urbes, las cuales observaron el conflicto desde la comodidad de sus dispositivos tecnológicos.
Distintas preguntas se desprenden del análisis: existen varias disyuntivas que pueden ser comunes a distintos Gobiernos y países de América Latina: cómo crear e implementar políticas que arreglen las cuentas fiscales y resuelvan, a la vez, ancestrales problemas de inequidad; cómo impulsar el crecimiento sostenible que no se apoye sobre la sobreexplotación de riquezas naturales. Las salidas al conflicto nos revelan que la movilización en Ecuador y su desenlace están fuertemente implicadas en la definición de modelos políticos de gestión que se apoyan en antagónicas fuerzas políticas, que los conflictos ya no son locales, sino que pertenecen a complejas lógicas de la geopolítica mundial y regional. El escenario es muy complejo, pero no por ello la necesidad de nuevos arreglos y soluciones deja de ser impostergable.
Foto de André Gustavo Stumpf en Foter.com / CC BY
Autor
Sociólogo. Ha ejercido la docencia en diferentes universidades de Ecuador y es autor de varios libros. Doctor en Sociología por la Università degli Studi di Trento (Italia). Especializado en análisis político e institucional, sociología de la cultura y urbanismo.
