Tan pronto la pandemia del coronavirus de la COVID-19 fue llegando a América Latina, se difundió una oleada de sentimientos muy diversos entre la población. Agobio frente a la saturación de acontecimientos, ansiedad frente al encierro, frustración ante la impotencia y perplejidad ante lo desconocido. En algunos casos, como en Argentina, la repuesta gubernamental fue rápida y relativamente bien coordinada. En otros casos, como en México, hubo mucha negligencia inicial. Y, aunque Sebastián Piñera, en Chile; Lenín Moreno, en Ecuador, o Iván Duque, en Colombia, se esforzaron bastante para llevarse la palma del presidente más necio ante la emergencia sanitaria, obviamente nadie ha logrado superar a Jair Bolsonaro. Sus irresponsables posiciones y desastrosas apariciones públicas dejaron a los brasileños con una fuerte sensación de desprotección e, incluso, de rabia frente a uno de los pocos mandatarios del mundo que se ha atrevido a contrariar abiertamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y deslegitimar también a los científicos.
El miedo al coronavirus (y, en muchos casos, principalmente a sus consecuencias) es una postura muy explayada, pero todavía peor es el negacionismo de aquellos que siguen minimizando la importancia de la pandemia. Con argumentos como “la letalidad no es tan alta”, “mata más la gripe” o “ya hemos tenido epidemias y pandemias peores en la Historia”, Bolsonaro y su séquito buscan, una vez más (tal como ya lo hicieron antes con el Holocausto o el cambio climático), generar controversias ante hechos empírica e históricamente verificables sobre los cuales existe un amplio consenso. Sea por egoísmo, por convicciones religiosas, por estrategia política o por perturbaciones psíquicas de algún tipo, ponen en riesgo la vida de contingentes enormes de la población, especialmente los más vulnerables.
A pesar de esta dramática situación causada por una posición inhumana frente a la pandemia del coronavirus de la COVID-19, las medidas de aislamiento físico y las duras políticas de restricción a la movilidad, aunque necesarias para intentar contener la expansión del contagio, traen consecuencias que necesitan mayor discusión. Ello debe hacerse no por los motivos expuestos por la extrema derecha, sino por el hecho de que puede poner en jaque nuestras libertades y la democracia, fortaleciendo el autoritarismo social y político ya tan diseminado.
El Estado interventor es reivindicado ahora hasta por los neoliberales, pero con él también vienen los militares en las calles, los estados de emergencia en los que todo se suspende y la instalación de una lógica bélica no solo contra el virus, sino también contra algunos sectores de la sociedad. Medidas de concentración de poder adoptadas para combatir la COVID-19 pueden incluso ser necesarias para posibilitar el atendimiento público de la salud y la “protección” de la población. Sin embargo, hay una frontera muy tenue entre eso y las derivas autoritarias. Asimismo, es importante recordar que si el confinamiento masivo aparece hoy como prácticamente la única alternativa, esto se debe, en gran medida, a la política de privatización de las últimas décadas. El neoliberalismo destrozó tanto la salud pública que, en situaciones como esta, no tenemos la capacidad de poder contar (ni siquiera en los países europeos que antes estaban orgullosos de ello) con una respuesta pública a la altura.
La cuarentena es necesaria, pero algunas políticas de excepción que empezamos a ver en varios países son insostenibles»
La cuarentena es necesaria, pero algunas políticas de excepción que empezamos a ver en varios países son insostenibles. Sabemos, además, que no empezaron con el coronavirus y, en algunos casos, podrán no desaparecer cuando la pandemia haya pasado. Ya estaban ahí, militarizando los territorios y las vidas, o bien contribuyendo a crear nuevos enemigos, internos y externos. Vivimos la biopolítica en estado puro, con una aceptación histórica de la población. Antes, vigilaban y punían. Ahora, vigilan, punen y todos aplaudimos, encerrados en nuestras casas. Pero no nos engañemos: la vigilancia permanente (de las formas más clásicas a los rastreos digitales y drones), el control y el manejo de big data, los nuevos dispositivos de reconocimiento facial y otras formas sofisticadas de control social no se están profundizando solo para combatir a un virus.
Es necesario neutralizar a los negacionistas y a los oportunistas, pero también debemos reconocer que hay una dimensión trágica en el confinamiento: es socialmente necesario, pero políticamente peligroso. Eso ocurre porque no podemos aislar la excepcionalidad de las medidas típicas de este momento con la conturbada coyuntura política que vivimos en nuestra región y en el mundo. Pensemos, por ejemplo, en las consecuencias de un posible cierre total de fronteras y en los usos y abusos del estado de sitio para otros fines. Eso no es un tema menor en el actual escenario de confrontación política, desde el Chile insurgente y rebelde hasta una Bolivia golpeada o una Venezuela ya tan apremiada de agitaciones e inestabilidades. Además, estamos solo en el inicio de una emergencia sanitaria, que, en sociedades tan desiguales como las nuestras, también debe ser vista como una emergencia política y social.
Aprendizajes políticos y resistencias sociales en tiempos de coronavirus
Otro aprendizaje societario de la política en tiempos de coronavirus es la centralidad de los cuidados para mantener la vida y su reparto absolutamente desigual. Las feministas llevan tiempo insistiendo en ello y ahora el confinamiento de medio mundo en sus casas, con niños sin cole y la familia al completo bajo el mismo techo, lo vuelve todavía más explícito. Casi escandaloso. Para que las tareas del cuidado no sigan recayendo casi exclusivamente en los cuerpos de las mujeres, la cuarentena debería ser vista como una oportunidad de inflexión para que los hombres puedan involucrarse activamente en un cambio radical de escenario y transformar la organización del trabajo en casa y fuera de ella. A los hombres, el mensaje es claro: no basta con empezar ahora y luego, tras el fin de la cuarentena, decir “no tengo tiempo”. Debemos emprender un camino sin vuelta atrás. Solo así se podrán construir, en términos prácticos, sociedades más igualitarias y alternativas antipatriarcales.
Un tercer eje de aprendizaje tiene que ver con la defensa y reconstrucción de lo público. Tras décadas de desmantelamiento de los servicios públicos por el neoliberalismo, la lucha contra el coronavirus ha visibilizado la importancia de la salud pública, gratuita y universal, así como la centralidad de la financiación pública para investigaciones socialmente relevantes. El momento también es crítico: defendemos y reconstruimos la salud pública (y los servicios públicos en general), en un momento en el que queda muy clara para toda la sociedad su importancia, o no habrá tampoco vuelta atrás. Se trata de anteponer el bienestar general de las personas a las reacciones del mercado y los operadores políticos de la mercantilización. Y, en última instancia, de poner la vida ante la economía y el capitalismo, algo que excepcionalmente encuentra eco en este momento, aunque no sabemos hasta cuándo.
Más allá de la defensa de lo público, la crisis contemporánea también está poniendo en cuestión la importancia de la colectividad y la vida comunitaria. Paradójicamente, en un momento en el que el aislamiento tiene un carácter eminentemente individual, varias iniciativas sociales pasan a valorizar más la vida en común. Nos sentimos más solos y estamos más vulnerables, pero también se ha potenciado la empatía, la solidaridad y una serie de redes de apoyo mutuo. Jóvenes que se disponen a hacer la compra de alimentos o medicamentos para la población de riesgo que no puede salir de casa; familias que se disponen a cuidar de niños de otras familias que tienen que seguir trabajando; iniciativas que promueven intercambios y trueques en momentos de cierre de los comercios y de necesidades económicas apremiantes; colectivos que ofrecen ayuda psicológica o laboral para los que ya están sufriendo de manera más directa las consecuencias de la crisis. El fortalecimiento de los lazos sociales y de los vínculos comunitarios, por lo tanto, es otra de las potencialidades de resistencia en tiempos de coronavirus.
Asimismo, otro aprendizaje que sale a flote con la pandemia del coronavirus de la COVID-19 está relacionado con la alimentación. Ir a hacer la compra es uno de los pocos motivos por los cuales podemos salir de casa y muchos estamos asustados por la posibilidad (real o imaginaria) de desabastecimiento de productos básicos en muchos lugares. Los medios de comunicación reproducen imágenes de colas en los supermercados ante la alarma social y las compras compulsivas. Pero lo que realmente está en juego es el derecho a la alimentación. Hace décadas que los movimientos campesinos y redes alimentarias llaman la atención para un modelo insostenible de alimentación concentrado en grandes superficies de distribución y reivindicando como alternativa la seguridad y la soberanía alimentaria. En momentos como los actuales, más que nunca, nos ponemos a pensar sobre qué y cómo se produce, se consume y se distribuye. La disyuntiva es clara: apostamos todas las fichas en un cambio de nuestros hábitos, pero también del sistema alimentario como un todo (con cadenas relocalizadas y productos sostenibles y ecológicos, por encima de las exigencias de las grandes empresas y del mercado) o estaremos abocados a una profundización de la catástrofe alimentaria.
Ante la emergencia por la crisis sanitaria, debido al coronavirus, la resistencia social no se restringe a cacerolazos en los balcones y ventanas. También se está arraigando en diferentes iniciativas sociales que vislumbran las emergencias sociales de una transición necesaria. Sin ellas y el fortalecimiento de redes ciudadanas, vecinales y los movimientos que las sostienen (principalmente ecologista, feminista, juvenil, comunitario y campesino-indígena), nuestro horizonte de futuro se verá todavía más restringido.
Foto de daviditzi en Foter.com / CC BY-NC-SA
Autor
Profesor del IESP de la Univ. del Estado de Río de Janeiro (UERJ) e investigador senior de la Univ. Complutense de Madrid (Programa Talento Investigador). Miembro de la directoría de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y del Pacto Ecosocial del Sur.
