La sujeción a la norma en sentido estricto ha sido una tarea pendiente en Bolivia desde su independencia. Bolivia ocupa la tristísima posición número 130 del índice global de Estado de Derecho. The Economist cataloga sistemáticamente a Bolivia como un régimen híbrido en el índice de la democracia, es decir, no es una democracia. Al parecer, el desenvolvimiento del país en cuestión de respeto a los derechos humanos, independencia judicial, lucha contra la corrupción, respeto a la oposición y libertad de prensa, entre otros, es igual de sobresaliente que su desempeño futbolístico.
Pocas cosas se han mantenido constantes en el país de los movimientos sociales y las rupturas políticas, una de ellas es su sistema de justicia en el que abundan los interinatos, la incertidumbre en el nombramiento de las altas magistraturas, las designaciones cuestionadas de jueces y fiscales y las deficiencias del sistema penal boliviano. Cambiando dos o tres líneas, el informe de la CIDH de 2009 bien podría perfectamente estar describiendo la situación actual del país en 2023. A saber, el proceso de selección de magistrados para los más altos tribunales de justicia está, como siempre, sumido en una preocupante incertidumbre a la que la población ya es indiferente.
Después de haber sido convocado el 27 de marzo de 2023, el proceso de selección de magistrados fue anulado en dos ocasiones, con acusaciones de parcialización, por acciones constitucionales que, casualmente, fueron a parar a manos de magistrados que buscan postularse a tribunales distintos (una estrategia para burlar la prohibición de repostulación), dejando patente una suerte de cambalache judicial. El pasado día 18 de mayo la cámara de diputados declaró en cuarto intermedio el debate para reencauzar el proceso de selección de magistrados, después de semanas de paralización porque su primer vicepresidente había ordenado preparar la cena… volvieron a sesionar el 24 de mayo aprobando una ley para reducir plazos, pero la continuidad del procedimiento todavía depende del Tribunal Constitucional.
Algo parecido sucedió el 2022 con la selección del Defensor del Pueblo. No hubo acuerdo para una convocatoria transparente y la mayoría oficialista se impuso el 18 de marzo de 2022. El oficialismo y la oposición dilataron hasta el cansancio la designación del nuevo defensor. Parecía que el oficialismo no tendría la capacidad de imponer un candidato al no contar con dos tercios de los votos camarales y se forzaría un consenso. No obstante, el 23 de septiembre de 2022 el oficialismo finalmente logró designar a su candidato aprovechando la ausencia masiva de la oposición que se encontraba celebrando las fiestas de Santa Cruz.
Sin embargo, lo más preocupante del proceso de selección del Defensor del Pueblo, no fue el resultado, sino el camino. Entre medio, una Sala Constitucional le otorgó la potestad al Presidente del Estado de pasar por sobre la Asamblea Legislativa en caso de no existir consenso y designar al defensor por Decreto Presidencial. Aunque esto no aconteció, los fundamentos expuestos en la sentencia podrían ser usados para la designación de otras autoridades, como el contralor o, inclusive, los altos magistrados.
Estoo es parte de una jurisprudencia constitucional al servicio del poder de turno. No basta si no recordar la Sentencia 0084/2017 que posibilitó la reelección indefinida para todas las autoridades de elección popular, incluido la del presidente Evo Morales, contraviniendo lo expresado por la constitución. Aunque la Corte IDH desahució la reelección indefinida en su Opinión Consultiva OC-28/21, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado al respecto, manteniendo vigente a la reelección indefinida dentro de la jurisprudencia.
El Estado de Derecho está profundamente lesionado por la falta de independencia, instrumentalización, ausencia de debido proceso, uso abusivo de prisión preventiva y obstáculos al acceso a la justicia. Bolivia marca todas esas casillas desde la conformación de sus débiles tribunales en democracia, si bien es cierto, con algunos momentos célebres en los que la presión popular jugó la carta ganadora (el Juicio a García Meza y la devolución de curul de diputado a Evo Morales).
La evaluación general, sin embargo, es negativa. El Informe 2021-GIEI advierte que se necesitan implementar reformas profundas en el sistema de justicia. Bolivia cuenta con una población carcelaria que triplica con creces la capacidad de su infraestructura con más de 70% de presos sin sentencia. Ello es consecuencia de la falta de independencia de jueces y fiscales, así como de la utilización política del sistema judicial.
El problema de fondo parece ser la importación de un sistema de pesos y contrapesos que no se adecuó jamás a las características propias de América Latina. Reflexiones como “la pesadilla” de Linz o “el desastre” de Ackerman, además de la suma de un Poder Electoral que no ha terminado de cuajar, predijeron el caos de un sistema que carece de capacidad para controlar al poder, en el que casi todo tiende a un autoritarismo descafeinado. Ministros y otras altas autoridades son investigados y detenidos por corrupción, abogados y otras autoridades “se caen” de edificios de más de diez pisos y el narcotráfico descuella.
Las amenazas desde el ejecutivo son también preocupantes. El ministro de justicia amenaza a jueces, fiscales y políticos con procesos y condenas a diestra y siniestra. En lo que va del año 2023 ya amenazó al líder de la oposición Carlos Mesa con que deberá rendir cuentas a la justicia y también sugirió al Tribunal Constitucional la destitución de dos de sus magistradas. El ministro de gobierno no pierde la oportunidad de exhibir públicamente a todo quien haya sido aprehendido a pesar de haber recibido por ello reprimenda de HRW por violar la presunción de inocencia. ¿Quizá deba reconocérseles la honestidad de hacer público el juego de extorsiones y amenazas que siempre se había hecho en secreto?
El desánimo generalizado de la población no muestra un futuro esperanzador en Bolivia. Las elecciones judiciales no parecen llegar a buen puerto. No sólo la dilación del Legislativo sino también el bombardeo desde el Tribunal Constitucional hacen temer unas designaciones de magistrados por Decreto Presidencial. Lo más triste del caso es que es tan grave el posible desenlace de un Ejecutivo todopoderoso que inclusive el cuoteo de magistrados por el Legislativo y la continuidad de las graves violaciones a los derechos humanos parece no ser el peor destino.
Autor
Doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Univ. de Salamanca, y en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Univ. Javeriana (Colombia). Investigadora Invitada del Instituto Nórdico de Estudios Latinoamericanos, Univ. de Estocolmo.
