A principios de enero, el gremio de los transportistas inició un paro indefinido con bloqueo de caminos en demanda del aplazamiento de créditos bancarios por seis meses. Al mes, el sector público de salud del departamento de Santa Cruz declaró un paro de 24 horas reclamando más personal, mejores medidas de bioseguridad y una cuarentena rígida. El conflicto se expandió a las clínicas privadas de todo el país en protesta contra la supuesta inconstitucionalidad de la Ley de Emergencia Sanitaria aprobada por el gobierno. Y los productores de soya en el departamento de Santa Cruz bloquearon carreteras en rechazo a la banda de precios, cupos de abastecimiento interno y solicitud de libre exportación de su producto.
Los primeros cien días de Luis Arce y su vice David Choquehuanca han estado marcados por movilizaciones de diversos gremios y sindicatos. El descontento social con determinadas medidas del gobierno, en medio de la pandemia y un proceso preelectoral subnacional, sigue generando graves secuelas de orden económico y sanitario. Arce, sin embargo, se afana en marcar fronteras ideológicas en lugar de incentivar escenarios de entendimiento y deliberación política con diversos sectores del país.
Elecciones subnacionales
El próximo 7 de marzo habrá elecciones municipales y departamentales para elegir alcaldes y gobernadores. Este proceso dará luz verde a una nueva configuración política a nivel territorial en Bolivia. En este contexto ha reaparecido el expresidente Evo Morales como jefe nacional de campaña del MAS y con una estrategia discursiva incisiva en el departamento del Beni, donde la expresidenta interina Jeanine Áñez es candidata a gobernadora.
En su gira nacional, Morales ha vuelto a apoyar la construcción de la carretera sobre el territorio indígena y parque nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), atacando electoralmente a Áñez, representante política, según él, de la “derecha que perjudica” la construcción de obras para el desarrollo. En el 2011, durante su segundo mandato, una marcha indígena en rechazo a dicha propuesta fue la primera ruptura con el discurso indigenista y protector del medio ambiente del MAS.
De acuerdo con las encuestas de intención de votos, los candidatos oficialistas a las alcaldías de las ciudades capitales del eje -La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y el Alto- no tienen posibilidades de ganar. Por tanto, es probable que las nuevas configuraciones políticas a nivel de las entidades territoriales autónomas se constituyan en un contrapoder incómodo al predominio político de Arce y Choquehuanca a nivel parlamentario.
Fronteras ideológicas
La llegada de Luis Arce y David Choquehuanca al gobierno, luego de ganar las elecciones con el 55% votos en noviembre, implicó un nuevo momento político para Bolivia. La legitimidad alcanzada en las urnas y la esperanza recargada ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia, devolvieron cierta estabilidad institucional al país, luego de casi un año de gobierno interino e inestabilidad política.
Sin embargo, el estilo político del presidente ha establecido fronteras ideológicas, a la usanza del expresidente Evo Morales, al insistir en la tesis que lo sucedido en el 2019, a partir de las supuestas irregularidades del Tribunal Supremo Electoral para alterar los resultados, fue un golpe de Estado. Este comportamiento político del presidente es reprochable ya que alimenta la confrontación en tiempos de incertidumbre, estrés y carencias.
Estos primeros cien días de gobierno han estado marcados por la distribución de bonos contra el hambre, la compra de vacunas y medicamentos contra la Covid-19, la aprobación de impuestos a los millonarios o el aplazamiento de créditos a sectores populares. Pero también por las acusaciones permanentes al anterior gobierno, los discursos políticos de Evo Morales, la amnistía a seguidores del MAS procesadas penalmente por presuntos delitos cometidos durante los conflictos del 2019 y 2020 y las movilizaciones sociopolíticas por parte de diferentes sindicatos afectados severamente por los duros oleajes del coronavirus.
La disconformidad de los movilizados con las decisiones políticas del gobierno son un síntoma que la gestión pública está fallando en diferentes flancos. Si bien el nuevo gobierno tiene legitimidad social por los resultados en las urnas, su comportamiento político juega con la misma lógica política que establecía Morales: satanizar a los enemigos políticos. Una prueba de ello ha sido la devolución al Fondo Monetario Internacional (FMI) de un millonario crédito contraído en 2020 por el gobierno interino de Áñez para el combate de la pandemia.
Cuando el gobierno nacional, confiado por el apoyo mayoritario, desconoce a la minoría desde un altar moral y divide a la ciudadanía entre buenos contra malos, está minando cualquier posibilidad de prosperidad nacional. Si sigue así, es probable que en los próximos años, cuando pase la tormenta causada por la pandemia, el sol brille sólo para una parte de los bolivianos. En otras palabras, los primeros cien días de gobierno del MAS han sembrado más dudas que certezas.
Foto do Centro de Desenvolvimento da OCDE em Foter.com / CC BY-NC-ND
Autor
Cientista político. Integrante del Centro de Investigación Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (Santa Cruz de la Sierra). Publicó el ensayo Rebelión y Pandemia. Proceso político-electoral en Bolivia 2019-2020" Editado por Plural.
