Coautora Rafaela Rodrigues
Mucho se ha hablado, dentro y fuera del Brasil, de la hecatombe que ha sufrido el país desde el inicio de la pandemia. Recientemente, Brasil fue considerado el país con la peor respuesta a la crisis sanitaria del SARS-CoV-2 en el mundo, según el Instituto Lowy, de Australia. Y en las últimas semanas, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llegó a afirmar que la situación de la pandemia en Brasil es una amenaza para América Latina y el mundo.
Brasil en las antípodas de su política exterior
Brasil es hoy uno de los países con más restricciones en el extranjero para los viajeros. No podría ser diferente, teniendo en cuenta la constante e inédita violación del derecho a la vida y a la salud de los brasileños, promovida directamente por el Gobierno Federal y sus representantes.
La cortina de humo levantada a través de las fake news y la guerra de odio que se ha instalado en el país desde las últimas elecciones de 2018, potencia una maraña de información de diferentes hechos y versiones. En este escenario, la actuación del presidente Jair Bolsonaro, actualmente sin partido, pretende a menudo enmascarar la situación real, alejando el foco de la mala gestión del Ejecutivo Federal —especialmente del Ministerio de Salud— en la lucha contra la pandemia.
En retrospectiva, la suma de actos contra la salud pública durante la pandemia refleja un movimiento sistemáticamente contrario a la historia propositiva del país, tanto en el contexto de las políticas de salud como en los acuerdos de cooperación internacional en el área. Es lamentable que, aún teniendo uno de los mayores sistemas de salud pública y universal (SUS) del mundo, el ex ministro de Salud, Eduardo Pazuello, haya dicho que, antes de asumir el cargo, “ni siquiera sabía lo que era el SUS”.
Ideologías políticas aparte, nada de lo que ocurre hoy en Brasil representa la historia de la acción del país en el ámbito de la salud, ni en política exterior.
Apogeo y crisis de la diplomacia brasileña en la salud
Durante la mayor parte de su historia republicana, la diplomacia brasileña se guió por la autonomía y el pragmatismo, paradigmas abandonados por el actual gobierno. Los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), por ejemplo, ampliaron las asociaciones internacionales y la participación en diversos foros mundiales. Algunas iniciativas, muchas de ellas lideradas por el entonces ministro de sanidad, José Serra, reforzaron una política innovadora de acceso a medicamentos para el VIH/SIDA, al asociar la salud al concepto de derecho humano fundamental.
En el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Declaración de Doha sobre los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual) y la Salud Pública, de 2001, es un ejemplo del protagonismo de Brasil al proponer la reunión interministerial que permitió interpretar los acuerdos internacionales de propiedad intelectual a la luz del interés público. De esta manera se defendía la primacía de la salud sobre las normas del comercio internacional.
A raíz de la reducción de costes de los medicamentos antirretrovirales, Brasil decretó por primera vez, en 2007, la ruptura de la patente de un medicamento extranjero. El entonces presidente Lula da Silva y el ministro de Salud, José Gomes Temporão, iniciaron el proceso con la publicación de una ordenanza, que declaraba de interés público el medicamento Efavirenz, del laboratorio estadounidense Merck. Los gobiernos del PT de Lula y Dilma Rousseff impulsaron la acción internacional de Brasil en la agenda de salud, que se basó en gran medida en el fortalecimiento de la cooperación entre los países del llamado Sur Global.
En 2011, los BRICS promovieron una reunión de sus ministros de Sanidad en China, cuyo objetivo era permitir el acceso universal a los medicamentos. En esa ocasión se aprobó la transferencia de tecnología entre los miembros del bloque y otros países en desarrollo para aumentar la capacidad de producción de medicamentos asequibles.
Para Brasil, uno de los mayores importadores de suministros hospitalarios y de laboratorio de China e India, continuar con las políticas de cooperación y las alianzas comerciales de antaño maximizaría los beneficios políticos, económicos y sociales a corto plazo, especialmente durante la pandemia.
Sin embargo, el actual canciller brasileño, Ernesto Araújo, insiste en la teoría del “virus chino” como forma de dominación de otros países, además de atacar públicamente a la OMS, organismo en el que Brasil ya ocupó uno de los 34 puestos del Consejo Ejecutivo entre 2004 y 2007, habiendo sido reelegido por otros tres años, entre 2008 y 2011. Estas acciones no tuvieron otro efecto que el de retrasar aún más el envío de nuevas vacunas a Brasil.
La defensa de la salud como derecho humano fundamental
Una mirada hacia atrás nos trae una sensación de distopía. Al presentarse al mundo con un mensaje negacionista, que descalifica a la ciencia, difunde informaciones falsas y promueve institucionalmente el aumento del número de muertes al no combatir la pandemia, Brasil pierde, además de vidas, estatus internacional en el área de la salud.
Con esta postura, se pierde además la oportunidad de articularse en bloque para que los países del Sur Global reciban más dosis, ya que China, India y Rusia ya han desarrollado sus propias vacunas, además de Estados Unidos y Reino Unido. Según las cifras publicadas en enero por la OMS, por cada 39 millones de dosis de vacunas contra el covid-19 repartidas entre 49 países desarrollados, un país pobre sólo recibe 25 dosis.
La igualdad en la inmunización es un supuesto básico para acabar con la pandemia. Sin embargo, tras décadas de reconocidos programas de vacunación en Brasil, el presidente Bolsonaro afirma públicamente que no se vacunará contra el Covid-19 y anima a la población a hacer lo mismo, aludiendo a los posibles efectos secundarios.
Las consecuencias no terminan ahí. Si bien el país fue premiado internacionalmente por sus programas sociales de referencia en la lucha contra el hambre, Brasil ha dado un paso atrás. En 2021, tras el fin de las ayudas de emergencia, Brasil contará con más de 60 millones de personas bajo el umbral de la pobreza.
Es necesario combatir la propaganda institucionalizada del Gobierno Federal contraria a las prácticas sanitarias actuales, la difusión de noticias falsas o científicamente no comprobadas, y los reiterados actos contrarios a la salud pública, incluyendo los que restringen o retrasan las respuestas de los gobiernos estatales y municipales a la pandemia.
La movilización política y, sobre todo, de la sociedad en torno a la salud como derecho humano fundamental sigue siendo crucial para consolidar los logros alcanzados en el pasado. Hay que evitar nuevos retrocesos y promover avances inmediatos en el contexto de la mayor crisis sanitaria del siglo.
Rafaela Rodrigues es doctoranda en Política y Relaciones Internacionales en el “Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil” (CPDOC) de la Fundación Getúlio Vargas (FGV).
Foto de Eduardo.Coutinho
Autor
Profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Univ. Federal del Estado de Rio de Janeiro (UNIRIO). Doctor en Ciencia Política por IESP/UERJ. Tiene experiencia en el área de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, con énfasis en Brasil y América Latina
