El reciente interés de Nayib Bukele por revertir la prohibición de la minería metálica en El Salvador ha reactivado la discusión a nivel nacional e internacional en torno al tema, vetado desde 2017. Desde sus redes, argumenta que fue Dios el que puso un tesoro bajo los pies de la población, y que sería “absurdo” no explotar ese recurso que traería un desarrollo económico y social “sin precedentes”.
Esta vez la tensión es mayor dada la concentración de poder en la figura presidencial y la vigencia de un régimen de excepción que erosiona la organización y la oposición política en el país. Pero, ¿cuál es el origen de la prohibición? ¿Qué implicancias tiene levantar la prohibición de la minería en este contexto político y social?
Origen
La discusión es de larga data, previa a la popularidad de Bukele y sus polémicas medidas de seguridad. La prohibición tiene raíces en una disputa jurídica que involucró a El Salvador con la minera canadiense Pacific Rim. La empresa se encontraba en proceso de renovación de los permisos de explotación de oro en el Proyecto El Dorado cuando, en 2009, el presidente Antonio Saca, atendiendo presiones internas, declaró que no autorizaría permisos mineros hasta que no se promulgara una nueva ley sobre minería. La minería quedó suspendida de facto y, como consecuencia, Pacific Rim demandó al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, sosteniendo que su inversión había perdido valor por el accionar del Estado.
El arbitraje abordó dos cuestiones clave: la soberanía regulatoria del Estado en temas ambientales vis-à-vis la protección de inversiones extranjeras, y la necesidad de incluir las voces, usualmente marginadas, de las comunidades locales y la sociedad civil. Sobre este último punto, no se trata de un caso más. El arbitraje se dio en un contexto de intensa resistencia local hacia la empresa que estuvo caracterizado por amenazas y agresiones a defensores y defensoras ambientales, lo que costó la vida a tres de ellos. Aunque no se identificó a los responsables, la Procuraduría señaló que la presencia de la empresa y los delitos podrían tener una misma raíz.
Las organizaciones de la sociedad civil, mediante las movilizaciones sociales así como la presentación de escritos conocidos como amicus curiae, pueden obrar como una suerte de contrapeso a las empresas transnacionales, como señala el jurista M. Sornarajah. No obstante, en los arbitrajes de inversiones ni las comunidades locales ni la sociedad civil tienen un espacio para ser escuchadas obligatoriamente por los tribunales.
¿Qué decidió el tribunal? En el laudo emitido el 14 de octubre de 2016, rechazó las reclamaciones de PacRim, al concluir que la empresa no contaba con derechos de explotación vigentes cuando el gobierno suspendió virtualmente la minería metálica en El Salvador. Sin embargo, lo más significativo ocurrió después. Con el apoyo de la Iglesia católica, siguiendo la encíclica Laudato Sí, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, organizaciones sociales y más de 33.000 firmas, se presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley.
El 29 de marzo de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de orden público que convierte a El Salvador en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica en su territorio, reafirmando el derecho a la salud, el medioambiente y el desarrollo sostenible. “Sí a la vida, no a la minería” es un lema que continúa presente en la sociedad. A pesar de la afinidad de los seguidores de Bukele con su forma de hacer política, es evidente el actual descontento.
La noticia fue el culmen de las acciones iniciadas en 2021, con la incorporación al Panel Intergubernamental sobre Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible, la aprobación de la Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas y la designación de una partida presupuestaria para “revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería”. Sin estudios oficiales publicados, solo se conocen las afectaciones de los proyectos mineros del pasado, el incremento de la demanda hídrica en un 16,5 % y la disminución de la disponibilidad hídrica en un 2,5 %, conforme a datos de la UCA El Salvador.
Futuro
El autoritarismo facilita este tipo de anuncios impopulares, e incrementa la probabilidad de ejecutarlos y reprimir a quienes se opongan. El Salvador se encuentra bajo estado de excepción desde hace más de tres años, y después de denunciar la posible reactivación minera, cinco defensores ambientales de Santa Marta estuvieron confinados durante 21 meses por supuestos crímenes ocurridos durante el conflicto armado, acto calificado por la organización como manipulación a la justicia restaurativa para perseguir al activismo ambiental. Aunque fueron liberados, recientemente la Cámar a Penal de Cojutepeque ordenó la repetición del juicio en otro tribunal.
¿Es suficiente la popularidad política en este tipo de decisiones sin tomar en cuenta a la población? Quizás no, lo que sí es suficiente es el control de los demás órganos del Estado, así como del poder militar. Ahí es donde resulta evidente —en mayor medida— la falta de pesos y contrapesos, y sus consecuencias sobre la vida de las personas.
El levantamiento de la prohibición minera está siguiendo la misma línea en la cual Bukele ha gobernado, girando una instrucción sin diálogo, cumplida por sus colaboradores afines en los órganos del Estado involucrados. Sin embargo, la diferencia es la articulación social que ya existe frente a este tema, distinta de la articulación frente a temas como la democracia, el estado de derecho, la corrupción, entre otras cuestiones que se debaten en la palestra salvadoreña. Lo que permanece, aun así, es la ausencia de una oposición política que pueda aglutinar estas demandas sociales y representarlas en los escenarios dominados por el ejecutivo. Ahí, pensamos, está otra clave para lo que ocurra ante la amenaza del retorno de la minería metálica en El Salvador.
Aún quedan preguntas sin respuesta: ¿qué ocurriría en el caso de aprobarse el cambio normativo y la eventual contaminación? ¿Cuál será el comportamiento del Estado Salvadoreño en defensa de los derechos humanos, si no incorpora a la población en las mesas de diálogo? ¿Se repetirá la flexibilidad con la que se han otorgado permisos de construcción en zonas protegidas?
Autor
Profesora Agregada de Derecho Internacional Público en la Universidad de la República e Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores (Uruguay). Profesora en la Universidad de Monterrey (México). Doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina).
Candidata a Doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestra en Ciencia Política por la Universidad de Chile y consultora en investigación y procesos de comunicación social.
