En junio de 2022, Gustavo Petro ganó la presidencia con un discurso de cambio, prometiendo combatir la corrupción y superar los clanes políticos, logrando incluso unir al centro político con un mensaje esperanzador. Sin embargo, casi tres años después, su gobierno ha derivado en prácticas asociadas al clientelismo, la polarización y la corrupción, apoyándose en alianzas con clanes tradicionales con lo cual ha logrando avances como la reforma laboral y el nombramiento de aliados en la Corte Constitucional.
Pero a estos discursos cada vez más altisonantes, se une ahora el intento de saltarse la institucionalidad. Primero, con el intento de convocatoria a una Consulta Popular (que buscaba preguntar a los colombianos por algunos de los contenidos de la reforma laboral) pasando por encima del Senado; y segundo, con la amenaza de una Asamblea Nacional Constituyente (con objetivos confusos para los que el presidente solo ha dicho que buscaría profundizar el Estado de derecho) sin contar con el Congreso.
En este marco, se podría decir que Gustavo Petro ha gobernado a través de prácticas autoritarias. Por ello, cabe preguntarse si la democracia colombiana está preparada para un presidente que, convencido de ser la voz del pueblo, está cruzando los límites de la institucionalidad.
Indicadores de comportamiento autoritario
En su libro Cómo mueren las democracias (2018) Steven Levitsky y Daniel Ziblatt señalan cuatro indicadores de comportamiento autoritario: el rechazo de las reglas democráticas del juego; la negación de la legitimidad de los adversarios políticos; la tolerancia o fomento de la violencia; y la predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición y de los medios de comunicación.
La firma del Decreto 0639 -o Decretazo- marca un hito en el comportamiento autoritario de Gustavo Petro en la medida que apela a una excepción de inconstitucionalidad para pasar por encima de una decisión del Senado de la República con la que no estaba de acuerdo. En este caso, el Presidente utilizó un recurso argumentativo falaz para violar la Constitución y al mismo tiempo pasar por encima de la Ley 134 de 1994 al convocar una Consulta Popular.
El presidente ha consolidado su capital político mediante constantes ataques a quienes se oponen a sus ideas, descalificando a empresarios, medios, periodistas y opositores con lenguaje ofensivo. Esta retórica ha sido amplificada tanto en sus redes sociales y discursos como en el uso indebido de medios públicos, dirigidos por figuras afines como Hollman Morris, y reforzada por influenciadores contratados en entidades estatales para defender al gobierno y atacar a la oposición.
Con respecto a la restricción de las libertades civiles, desde su gobierno se hostiga a medios y opositores a través de la persecución judicial, que ahora también comienza a usarse como amenaza para presionar a funcionarios públicos como el Registrador Nacional Hernán Penagos, que en el caso del “Decretazo” se abstuvo de convocar elecciones de manera inmediata para la Consulta Popular.
La “voz del pueblo” pierde las calles y las encuestas
El 14 de febrero de 2023, a seis meses de su posesión, el presidente Gustavo Petro afirmó desde el “Balcón del Pueblo” que la elección de 2022 significó el regreso del poder al pueblo. Esta visión, que ha reiterado en varias ocasiones, refleja su creencia de que él no es solo un presidente más, sino la encarnación del pueblo, lo cual resulta problemático al ignorar el rol institucional de la presidencia, el Congreso y la oposición.
La favorabilidad que lo acompañó al principio del gobierno ha quedado atrás y su gobierno es cada vez más impopular. De acuerdo con la última encuesta de Invamer -para las seis principales ciudades del país-, el 64% de los colombianos desaprueba la gestión del presidente. Un resultado muy alejado del 20% de desaprobación de agosto de 2022 cuando llego al poder con un gabinete mucho más plural y un discurso más moderado.
Pero no se trata únicamente de las encuestas, las calles también han evidenciado una pérdida de credibilidad. Marchas como la del 18 de marzo para apoyar las reformas sociales del gobierno solo fueron posibles gracias al gasto ejercido por el gobierno para convocar a los asistentes, mientras que los últimos mítines públicos se han hecho en plazas pequeñas como la Quinta de Bolívar en Bogotá y la Alpujarra en Medellín, evitando desaires como el del 16 de junio de 2025 para respaldar la reforma laboral en la Plaza de Bolívar.
Respuesta de las instituciones a los abusos del poder presidencial
El 5 de febrero de 2025 el presidente Petro decidió transmitir por primera vez en televisión abierta un Consejo de ministros que, hasta la fecha, había sido un espacio confidencial reservado para el gabinete. Para poder hacer la transmisión a través del sistema de medios públicos y a través de los canales privados argumentó que se trataba de una alocución presidencial. Sin embargo, el Consejo de Estado falló el 15 de abril una acción de tutela en contra de la Presidencia ordenando no transmitirlos por considerar que violaban el derecho a la información, el pluralismo informativo y la libertad de elección informativa.
En línea con este hecho, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el llamado “Decretazo” de convocatoria a la Consulta Popular, antes de que Ppetro lo retirara. Aunque este hecho puede interpretarse como un abuso de poder por parte del Presidente por intentar pasar por encima de la institucionalidad y buscar suplantar el rol de los jueces; también podría interpretarse como una manera bastante peculiar de respetar la institucionalidad, teniendo en cuenta que el presidente acató la decisión del Consejo de Estado pese a que la cuestionó.
Pero el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente por fuera de lo establecido en la Constitución de 1991 y en la ley 134 de 1994 si puede ser el punto de quiebre de la deriva autoritaria de un presidente que enterró su favorabilidad por apostarle a un proyecto populista. Pasar por encima de la Constitución no sólo abre las puertas a destruir los avances logrados en Colombia desde 1991, sino que puede ser utilizado para acomodar las instituciones a su medida y perpetuarse en el poder. Aunque ha afirmado reiteradamente que no está interesado en reelegirse, varios de sus colaboradores cercanos siguen moviendo esta idea en mítines y redes sociales. No sería la primera vez que el presidente mentiría para conseguir su cometido.
