Cuando se produjeron las transiciones a la democracia a fines de los años ochenta y noventa del siglo XX, varios regímenes autocráticos lo hicieron pacíficamente. Algunos de ellos se legitimaron como respuestas temporales frente a determinadas amenazas; por ejemplo: el combate al comunismo durante la Guerra Fría. La represión y la suspensión de libertades se presentaron como medios excepcionales para restaurar un orden amenazado. Esa diferencia de origen no atenúa ni justifica las violaciones de derechos humanos cometidas, pero sí permite explicar por qué esos regímenes aceptaron, llegado el momento, una salida pactada del poder.
Las dictaduras militares latinoamericanas se legitimaron como respuestas a una presión de cambio previa, asociada al impacto regional de la Revolución cubana y a la expansión de las guerrillas. Cuando frenar el comunismo perdió centralidad, aceptaron transiciones a la democracia. Sus líderes reconocieron derrotas en plebiscitos convocados por el poder —como sucedió en Chile y Uruguay— y asumieron el fin de su presencia en el poder.
Las autocracias revolucionarias, en cambio, tienden a exhibir una durabilidad excepcional, porque incorporan una misión histórica que las hace irremplazables. No se conciben como la solución de una crisis, sino como la cristalización definitiva de un proyecto político. Esto último se verificó constitucionalmente en Cuba. En la carta magna de 1976 no se reconoció ningún horizonte de caducidad del poder, porque el régimen nunca se pensó como un paréntesis histórico, lo que se confirmó con la incorporación de la cláusula de intangibilidad de 2002, en la que se declaró irrevocable el socialismo. La Constitución de 2019 mantiene esa cláusula.
Esa diferencia en la autopercepción de la élite gobernante no es un detalle histórico o teórico, sino una variable que explica cuánto está dispuesta a arriesgar para permanecer en el poder, qué costos aceptar y cuándo —si es que ocurre— negociar una transición pacífica hacia la democracia.
Desde 1959, Fidel Castro y sus seguidores se autopercibieron como un proyecto histórico sin fecha de caducidad. No gobernaron para preparar una transición a la democracia, sino para encarnar, de forma exclusiva, el único orden político legítimo posible. Esa autopercepción explica por qué el régimen cubano ha aceptado niveles de deterioro económico, social e institucional que resultarían impensables para otras autocracias.
Las élites autocráticas que se conciben como atemporales e ilimitadas no calculan los riesgos políticos del mismo modo que las sabedoras de que su existencia se basa en las circunstancias que provocaron su origen. Esas élites pueden prescindir de fuentes de legitimidad, como el rendimiento económico, la inclusión social o la participación político-electoral acotada, sin que se altere su sobrevivencia. Es posible que colapse la economía y los servicios públicos; la participación política puede volverse irrelevante; el reconocimiento internacional desaparecer y el aislamiento y las sanciones prolongarse durante décadas. Todo es asumible. Lo único inaceptable es perder el control del poder.
En Cuba, el fracaso económico y social dejó de ser un problema político para la élite. La crisis no es una anomalía, sino una condición estructural con la que aceptaron convivir mientras se mantenga el régimen actual sobre la base de la represión. La pobreza no es un costo transitorio, sino un estado permanente y un mecanismo represivo. La emigración masiva no es una alarma, sino una válvula de escape para la presión interna sobre el régimen. En lo que respecta a la élite, nada de lo anterior la obliga a cambiar de rumbo mientras los costos de la represión sean inferiores a los de transitar hacia la democracia.
La actualidad cubana
La coyuntura actual de Cuba confirma estos argumentos. Luego de la salida de Maduro del poder y la pérdida de la alianza estratégica con Venezuela, el régimen cubano no solo enfrenta una crisis estructural. También perdió el sostén externo que durante más de dos décadas le permitió amortiguar sus costos de supervivencia. La economía cubana, que ya enfrentaba su peor crisis en décadas, incluso antes de la llegada de la actual administración estadounidense a la Casa Blanca, enfrenta ahora un colapso energético que afecta servicios básicos y agrava la contracción económica. Ello demuestra la extrema dependencia del régimen de sus aliados internacionales.
Sin embargo, este contexto, lejos de inducir una transición inmediata, confirma que la élite gobernante no interpreta la crisis como un límite a su permanencia, sino como un costo asumible dentro de su misión histórica. La desaparición del aliado venezolano no altera automáticamente su disposición a resistir, pero sí elimina uno de los factores que sostenían la viabilidad material de esa autopercepción de permanencia, lo cual incrementa la incertidumbre interna.
La capacidad de resistir riesgos ilimitados tiene una explicación adicional: los mecanismos internos de estabilidad que le permiten al régimen procesar conflictos sin fragmentarse. En ese entramado, la figura de Raúl Castro es fundamental, porque cumple una función arbitral dentro del régimen. Ha sido la instancia final de resolución de conflictos interélites, el actor capaz de contener disputas entre facciones civiles, militares y partidarias, y el garante último de que las discrepancias no escalen hasta poner en riesgo la cohesión del poder.
Ningún actor relevante dentro del régimen puede desconocer la palabra de Raúl Castro sin asumir un costo político elevado. Mientras exista ese árbitro, la élite tolerará presiones externas, fracasos internos y crisis recurrentes sin alterar su autopercepción de permanencia. La certeza de que siempre hay una instancia capaz de cerrar filas reduce la incertidumbre y hace creíble la noción de continuidad indefinida. Por esa razón, la eventual muerte de Raúl Castro no es un acontecimiento simbólico, sino un hecho político. Su desaparición no implicará el colapso automático del régimen ni garantiza una transición a la democracia, pero eliminará uno de los principales mecanismos informales de estabilidad interna.
El principio del fin
En este contexto, es posible que la autopercepción de eternidad comience a resquebrajarse y no porque cambie la ideología ni porque mejore o empeore la economía o la situación social, sino porque la continuidad deja de sentirse asegurada. El régimen podrá preservar el control del aparato coercitivo, pero la duda se instalará: ¿quién decidirá en última instancia? ¿quién garantizará que los conflictos no deriven en rupturas?
Pero esa grieta interna no bastará. La muerte de Raúl Castro es solo una ventana de oportunidad. Las autocracias atemporales pueden recomponerse con cierta facilidad tras la pérdida del líder máximo. Para que la pérdida del árbitro influya decisivamente en la autopercepción de la élite es indispensable que se mantenga, e incluso aumente, la presión externa sobre el régimen; la cual eleva el costo de permanecer en el poder en un momento de incertidumbre. Esta, además, reduce los márgenes de maniobra, limita las salidas individuales y hace más costosa la estrategia de resistir indefinidamente.
Cuando esa presión se relaja, el régimen gana tiempo para reorganizarse, cerrar filas, reconstruir una narrativa de continuidad y realizar ajustes institucionales que exponen una imagen de cambios que no ocurren en realidad. Cuando se sostiene la presión, se amplifican las tensiones internas y se vuelve más difícil fingir que nada ha cambiado. En el caso cubano ello es crucial, debido a la debilidad de la oposición política y de la sociedad civil —cuyos líderes se encuentran en su mayoría exiliados o encarcelados— para ejercer presión efectiva sobre el régimen.
Las élites autocráticas que se ven a sí mismas y al régimen como eternas no pactan transiciones porque se vuelvan democráticas. Tampoco porque reconozcan el sufrimiento social generado por su gestión. Negocian cuando permanecer se torna más riesgoso que abandonarlo a tiempo. La transición empieza en la psiquis de quienes gobiernan antes que en la mesa de negociación. En Cuba, ese momento puede llegar cuando coincidan dos procesos: la desaparición del principal factor de cohesión interna y la presión internacional.
Autor
Coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana y Magíser en Derecho Constitucional por la misma universidad.
