En un mundo marcado por desplazamientos masivos, fronteras cada vez más militarizadas y un multilateralismo en crisis, la forma en que los Estados gestionan la migración se ha convertido en una de las pruebas más visibles del tipo de orden internacional que está emergiendo. La movilidad humana ya no es solo un desafío humanitario o administrativo: es también un espacio donde se definen nuevas normas, prácticas y formas de liderazgo global. En este contexto, Brasil ocupa una posición relevante. Su experiencia reciente gestionando desplazamientos regionales y su tradición diplomática y marcos normativos relativamente progresistas en materia migratoria, lo colocan en una posición influyente para promover una gobernanza de la migración más humana, basada en derechos y sensible a las desigualdades de género. Sin embargo, Brasil enfrenta brechas importantes entre su marco normativo y la experiencia real de las personas migrantes, especialmente mujeres.
La movilidad humana en el siglo XXI está marcada por desigualdades estructurales. Para millones de migrantes, desplazarse implica cruzar fronteras militarizadas, territorios controlados por el crimen organizado o sistemas administrativos arbitrarios en el acceso a la protección. La migración también significa enfrentarse a sistemas de acogida fragmentarios, racializados y atravesados por interpretaciones restrictivas sobre quién merece protección y qué tipo de cuidado deben ofrecer los Estados.
Las mujeres afrontan riesgos, tanto durante el tránsito como en los países de destino, como violencia sexual y de género, barreras para acceder a servicios de salud, precarización laboral y obstáculos institucionales para acceder a la protección internacional. Estas vulnerabilidades son el resultado de decisiones políticas, vacíos de gobernanza y marcos migratorios que aún no incorporan plenamente las dimensiones de género de la movilidad humana.
La migración: laboratorio del nuevo orden global
El sistema internacional relativamente liberal y multilateral que dominó las últimas décadas atraviesa una fase de transformación profunda y la migración se ha convertido en uno de los ámbitos más visibles. En muchos sentidos, la gobernanza de la movilidad humana funciona hoy como un laboratorio del nuevo orden global por tres razones principales.
La primera es la fragmentación del multilateralismo. Aunque las instituciones internacionales siguen existiendo, su capacidad de coordinación se ha debilitado. En materia migratoria, esto se traduce en respuestas cada vez más unilaterales por parte de los Estados, con políticas restrictivas que priorizan interpretaciones estrechas del interés nacional. Controles fronterizos más estrictos, limitaciones al acceso al asilo y deportaciones más frecuentes han dificultado el movimiento. Iniciativas como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular o el Pacto Mundial sobre los Refugiados representan intentos de cooperación internacional, pero su implementación depende en gran medida de la voluntad política de los Estados.
La segunda razón es el auge de políticas migratorias securitizadas. En muchas regiones del mundo la migración se gestiona cada vez más como un problema de seguridad. Las políticas contemporáneas se desarrollan en un contexto en el que la movilidad humana es tratada simultáneamente como crisis humanitaria y como amenaza. Incluso las respuestas humanitarias pueden coexistir con mecanismos de control que restringen la autonomía cotidiana de los migrantes. Programas de acogida, sistemas de asistencia o centros de alojamiento, diseñados para ofrecer protección, también pueden funcionar como herramientas de gestión y supervisión de la movilidad. Esta tensión refleja que los Estados intentan responder a crisis humanitarias mientras refuerzan el control sobre quién puede moverse, cómo y bajo qué condiciones.
La tercera razón es que los principales desplazamientos están siendo gestionados cada vez más por países del Sur Global, lo que está reconfigurando el mapa de la gobernanza migratoria. Las grandes crisis de desplazamiento ya no se concentran exclusivamente en Europa o Medio Oriente. El caso venezolano es un ejemplo claro. Más de siete millones de personas han abandonado Venezuela en la última década, uno de los mayores desplazamientos contemporáneos. La gran mayoría permanece dentro de América Latina, lo que ha obligado a los países de la región a desarrollar respuestas en tiempo real y, en muchos casos, sin precedentes. En este contexto, Brasil, Colombia y Perú han asumido un papel central en la gestión regional de la movilidad humana.
Brasil y el liderazgo regional
Brasil ocupa una posición especialmente interesante por varias razones. Es una potencia regional con peso diplomático en el Sur Global y una larga tradición de participación en foros multilaterales, donde ha actuado como mediador entre distintas regiones y bloques políticos. Además, posee experiencia gestionando desplazamientos regionales a gran escala, particularmente la migración venezolana.
En el plano normativo, Brasil cuenta con marcos relativamente avanzados en materia de derechos humanos y protección de refugiados, inspirados en principios regionales como la Declaración de Cartagena. En la reciente Declaración de Brasilia, adoptada durante la XXIII Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, Brasil articulo una retórica regional que combina responsabilidad compartida con liderazgo diplomático activo, situándose como referente en la gobernanza de la migración en América Latina. También ha desarrollado respuestas institucionales frente a la migración venezolana, especialmente a través de la Operação Acolhida, un programa que combina asistencia humanitaria, regularización migratoria y mecanismos de reubicación interna. Estas iniciativas han sido presentadas con frecuencia como ejemplos de liderazgo humanitario regional.
Sin embargo, persiste una brecha entre la ambición normativa y la realidad cotidiana de las personas desplazadas. En muchos contextos, las respuestas humanitarias coexisten con mecanismos de control que terminan restringiendo derechos y autonomía. Medidas destinadas a ofrecer protección pueden limitar la capacidad de las personas migrantes para reconstruir autónomamente redes sociales y económicas.
Además, las brechas de protección de género siguen siendo significativas. Muchas políticas migratorias se diseñan bajo supuestos aparentemente neutrales que no reconocen los riesgos específicos que enfrentan las mujeres durante el desplazamiento. Estas limitaciones se hacen visibles en ámbitos como la salud sexual y reproductiva, el acceso a cuidados y la exposición a violencia de género.
Si Brasil aspira a desempeñar un papel relevante en la configuración del nuevo orden global, su liderazgo no se definirá únicamente por su peso económico o su influencia geopolítica. También se medirá por su capacidad para promover modelos de gobernanza migratoria que combinen protección, dignidad y autonomía para las personas en movimiento. En este contexto, la protección de las mujeres migrantes no es un asunto marginal: constituye una prueba concreta de cómo los principios de derechos humanos y justicia se traducen —o no— en las prácticas reales de la gobernanza global de la movilidad humana.
Autor
Profesora de Política Internacional de la Universidad de Southampton. Doctora en Política y Relaciones Internacionales por la Univ. de Warwick. Máster en Relaciones Internacionales por la Univ. de Miami y FLACSO-Argentina.
Investigadora del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Southampton. Doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil.
