El gobierno de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, muestra signos cada vez más consistentes de una deriva autoritaria. De forma progresiva, el Ejecutivo concentra cada vez más poder, los contrapesos se debilitan y las reglas de la competencia política comienzan a reconfigurarse desde el propio oficialismo.
Concentración progresiva del poder institucional
En la Asamblea Nacional, el oficialismo ha logrado construir una mayoría funcional mediante la incorporación de legisladores de fuerzas minoritarias. Esta dinámica no solo ha facilitado la aprobación de las iniciativas gubernamentales, sino que debilita el rol del Legislativo como poder independiente y contrapeso efectivo.
A ello se suma la incidencia sobre otras instancias clave. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), encargado de la designación de autoridades, ha mostrado un comportamiento funcional a la lógica del poder político, mientras que la Fiscalía y la Contraloría proyectan, en determinados casos, una actuación selectiva que alimenta percepciones de alineamiento.
En paralelo, las tensiones con la Corte Constitucional —incluidos varios episodios de confrontación pública promovidos desde el propio Ejecutivo— reflejan una disputa por los límites del control institucional.
Finalmente, algunas decisiones del Consejo Nacional Electoral, como el adelantamiento de las elecciones seccionales, terminan de configurar un escenario en el que las reglas del juego político dejan de ser un marco estable y pasan a formar parte de la disputa.
Reconfiguración del ecosistema mediático y presión sobre la prensa
La relación con la prensa tampoco ha estado al margen de este proceso. Se observa una progresiva reconfiguración del ecosistema informativo, en el que conviven medios tradicionales bajo presión, nuevos actores digitales afines al oficialismo y estrategias de comunicación orientadas a posicionar la narrativa gubernamental. El resultado es una reducción del pluralismo informativo.
Las denuncias de presiones e intervenciones a medios críticos —como el caso de diario Expreso de Guayaquil— ilustran esta tendencia. Más que un mecanismo directo de censura, lo que emerge es un esquema más sofisticado en el que la combinación de acoso institucional e incentivos económicos configura un entorno menos propicio para el periodismo independiente. La crítica, en este contexto, comienza a ser tratada como un elemento a gestionar.
Excepcionalidad como herramienta de gobierno
Otro rasgo relevante es el uso reiterado de los estados de excepción. Lo que en principio debería ser un instrumento extraordinario tiende a convertirse en un mecanismo habitual de gestión, lo que amplía las facultades del Ejecutivo y reduce el control político efectivo sobre sus decisiones.
Esta tendencia no es neutra. La aplicación sostenida de medidas restrictivas en contextos de conflictividad ha derivado en episodios que han generado alarma pública, como el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, en el que la justicia determinó la responsabilidad de militares en una desaparición forzada. Más que un hecho aislado, este caso evidencia los riesgos de prolongar lógicas diseñadas para situaciones límite. Cuando lo excepcional deja de ser transitorio, el equilibrio entre seguridad y derechos comienza a desplazarse de forma sostenida.
Tensiones y redefinición de las reglas democráticas
En un plano más amplio, desde el inicio del gobierno se han observado decisiones que tensionan normas básicas del orden democrático. La incursión policial en la embajada de México, por ejemplo, transgredió principios de inviolabilidad diplomática y marcó un precedente de alto impacto en la política exterior y en la percepción internacional del país.
Asimismo, la decisión de no encargar el poder a la vicepresidenta durante la última campaña electoral introduce interrogantes sobre el respeto a las reglas de competencia y a la institucionalidad prevista para estos escenarios.
Estas acciones no implican necesariamente la anulación formal de las normas, pero sí modifican su aplicación. La interpretación de la legalidad se vuelve cada vez más flexible en función de objetivos políticos.
Polarización como herramienta de estructuración política
El gobierno busca ordenar el sistema político entorno a antagonismos definidos. El eje de confrontación se plantea, de forma recurrente, en términos de oficialismo frente al correísmo, corriente asociada al expresidente Rafael Correa.
Este clivaje simplifica el debate y encuadra la competencia en una lógica binaria que, en determinados casos, facilita la legitimación de decisiones controvertidas. Al mismo tiempo, reduce el espacio electoral a dos polos, limita la emergencia de alternativas intermedias y dificulta la construcción de consensos.
Nuevos actores, antiguos métodos
Las democracias contemporáneas rara vez colapsan de forma abrupta; más bien tienden a transformarse gradualmente a partir de decisiones acumulativas. Ecuador ya atravesó un proceso similar durante la década de gobierno de Rafael Correa, en la que la concentración de poder y la presión sobre la oposición se consolidaron de manera progresiva.
El contexto actual no es idéntico, pero presenta paralelismos en los métodos: centralización, reconfiguración de reglas y reducción de espacios de control. Cuando estos procesos se normalizan —independientemente de quién gobierne—, el riesgo no es solo el desgaste institucional, sino la redefinición de los límites de lo democrático.
Ecuador no enfrenta una ruptura visible del orden democrático, sino una transformación gradual que, de no ser advertida, puede terminar por redefinir de forma duradera las reglas del sistema político.
Autor
Profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad del Azuay y exgobernador del Azuay durante el gobierno de Guillermo Lasso. Master universitario en estudios latinoamericanos, Universidad de Salamanca, España.
