Una embajadora de carrera brasileña expresó en su perfil personal en las redes sociales su apoyo a la reelección de Lula. La respuesta llegó desde Estados Unidos, en forma de burla: que la manden a Zimbabue si Flávio Bolsonaro gana las elecciones. El autor del ataque, publicado en X, fue Eduardo Bolsonaro, quien también ironizó sobre el trabajo de la diplomática en cuestiones de género. La embajadora en cuestión es Vanessa Dulce de Faria, Alta Representante de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).
Brasil llega a la segunda vuelta presidencial en medio de una disputa que va más allá de los candidatos. Lula busca un cuarto mandato, mientras que Flávio Bolsonaro intenta recuperar la fuerza del movimiento político de su familia tras la derrota de 2022. El resultado de la primera vuelta, con Flávio cerca de dos millones de votos por delante de Lula, sorprendió a buena parte del país y contradijo a casi todas las encuestas. Ahora, con los dos candidatos en empate técnico, la disputa se ha vuelto voto a voto.
La política exterior es uno de los terrenos en los que las diferencias entre ambos proyectos resultan más claras. Lula defiende una diplomacia autónoma, basada en el multilateralismo y la integración latinoamericana. El bolsonarismo, por su parte, apuesta por recuperar el alineamiento con Washington, incluso cuando esa cercanía puede entrar en conflicto con los intereses brasileños.
Eduardo Bolsonaro, exdiputado federal que perdió su mandato por ausencias y fue condenado por la Corte Suprema por sus maniobras para involucrar a autoridades estadounidenses en favor de su padre, vive en Estados Unidos desde el año pasado. Desde allí, defiende una “limpieza” en Itamaraty y ataca públicamente a diplomáticos de carrera, mencionándolos por su nombre.
En septiembre, el blanco fue Orlando Leite Ribeiro, exembajador de Brasil en Madrid. Eduardo lo acusó de utilizar la embajada para facilitar el traslado a España de Fábio Luís Lula da Silva, hijo del presidente, investigado en tres causas en los últimos meses por presuntos delitos relacionados con el tráfico de influencias. Itamaraty tuvo que responder mediante un comunicado: la asistencia prestada se había limitado a ofrecer información básica sobre escuelas locales, una orientación habitual para los brasileños que viven en el exterior.
Lo que está ocurriendo no puede reducirse a una serie de provocaciones en las redes sociales. Según informaciones procedentes del entorno de Flávio Bolsonaro, su equipo estudia una reforma inspirada en la impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio, en Estados Unidos. La propuesta buscaría reducir el peso de la carrera diplomática, ampliar los nombramientos políticos y acercar todavía más la política exterior brasileña a Washington.
Itamaraty no es una institución que deba reorganizarse ideológicamente cada vez que cambia el gobierno. Es una institución de Estado, con más de un siglo de historia, ingreso por concurso público y formación especializada en el Instituto Rio Branco. Parte de esa tradición se remonta al Barón de Rio Branco, canciller entre 1902 y 1912, cuya actuación fue decisiva para definir las fronteras brasileñas mediante negociaciones y arbitrajes.
Brasil ya conoce las consecuencias de convertir a los diplomáticos en sospechosos por sus ideas o por aspectos de su vida personal. Después del golpe militar de 1964, el propio Itamaraty creó una Comisión de Investigación Sumaria (CIS) para identificar y apartar a funcionarios considerados contrarios al régimen. Decenas de diplomáticos fueron destituidos o separados del servicio. En 1969, otra comisión recomendó la jubilación forzosa de diplomáticos acusados de homosexualidad.
Raul José de Sá Barbosa, destinado en la Embajada de Brasil en Yakarta, recibió por telegrama la noticia de su jubilación forzosa. Años después, recordó lo que aquella decisión significó para su vida: “truncaron mi carrera, destruyeron mi vida. Mi promoción del Instituto Rio Branco estaba compuesta por 15 personas. Todos llegaron a ser embajadores, menos yo”.
El caso de José Pinheiro Jobim fue todavía más grave. El diplomático preparaba un libro sobre irregularidades en la construcción de la central hidroeléctrica binacional de Itaipú cuando fue encontrado muerto, en 1979. En aquel momento, el caso quedó registrado como suicidio. En 2014, la Comisión Nacional de la Verdad, creada durante el gobierno de Dilma Rousseff, también perseguida por la dictadura, reconoció la responsabilidad del régimen en su detención, tortura y asesinato.
La persecución tampoco se limitó a los funcionarios del Ministerio. Itamaraty albergó el Centro de Informaciones del Exterior (CIEX), el servicio de inteligencia de la dictadura que vigiló a más de 17.000 brasileños en el extranjero. La misma institución encargada de representar al país ante el mundo también fue utilizada para vigilar y perseguir a sus propios ciudadanos. La historia demuestra lo que sucede cuando la lealtad política pesa más que la preparación profesional y el compromiso con el Estado.
Quien gane las elecciones tendrá legitimidad para definir las prioridades de la política exterior brasileña. Eso forma parte de la democracia. Otra cosa es utilizar el cambio de gobierno para apartar a diplomáticos por sus posiciones políticas o por no compartir las ideas de quienes llegan al poder. Brasil ya vivió las consecuencias de esa práctica, y sus víctimas no fueron solo los funcionarios perseguidos: también perdió el país.
Hoy el castigo se anuncia en X. Antes llegaba por telegrama. La historia de Itamaraty demuestra que las amenazas de persecución política no deben tomarse a la ligera.
Autor
Licenciado en Ciencias y Humanidades y licenciado en Relaciones Internacionales y Economía por la Universidad Federal del ABC (UFABC) e investigador del Observatorio de Política Exterior e Inserción Internacional de Brasil (OPEB).
