Cada día unos 500 refugiados y migrantes, incluyendo niñas y niños, cruzan a pie el riesgoso altiplano de la Cordillera de los Andes para ingresar a Chile, según la ONU. Muchos son víctimas de redes de tráfico de personas y abusos de transportistas irregulares lo que ha dejado, hasta ahora, un saldo de 21 muertos, incluyendo a un bebé de nueve meses.
La nueva Ley de Migración chilena diferencia el refugio de la migración, separando a personas extranjeras cuya residencia en Chile se justifique por razones humanitarias. Desde 2018, a raíz de la crisis humanitaria de Venezuela, la ONU insta a los países latinoamericanos a brindar protección internacional a las personas oriundas de este país, resaltando que se trata de un acto humanitario y no político. Sin embargo, la mayor crisis de refugio del continente es tratada como una crisis de migración irregular.
En el caso de Chile, la frontera con Perú y Bolivia está cerrada desde el inicio de la pandemia. Por si fuera poco, la mayoría de las solicitudes de visa es rechazada y el derecho al refugio se encuentra suspendido en la práctica. Tras la suspensión del derecho al refugio por oficio del Ministerio del Interior, la Contraloría General de la República emitió un dictamen reconociendo la improcedencia del oficio y la necesidad de garantizar el derecho a solicitar refugio, de acuerdo con la ley nacional y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. No obstante, Chile ha otorgado 20 estatus de refugio a venezolanos, sólo tres a niñas y niños.
La migración también impacta a las comunidades de acogida, desde las comunas fronterizas como Colchane, hasta la Región Metropolitana de Santiago, que recibe miles de personas todos los días. Los desafíos que implica este proceso requieren respuestas adecuadas a nivel económico, político y social, pero la escasez de estas acciones ha generado crecientes formas de discriminación y manifestaciones xenófobas como las registradas en Iquique en septiembre de 2021. Al respecto, la Cruz Roja ha hecho un llamado reiterado a la adopción del principio de No Hacer Daño a las personas, incluyendo a la población chilena.
La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) fue constituida por la ONU, junto a gobiernos y organizaciones de asistencia con el objetivo de ofrecer una respuesta a la migración venezolana. Según esta Plataforma, hay más de medio millón de personas que necesitan ayuda humanitaria en Chile y 73% de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela se encuentran en situación irregular.
Sin la posibilidad de acceder al refugio o a alternativas de regularización migratoria, esta población es víctima de todo tipo explotación y violencia: muchos no logran ni siquiera alquilar una vivienda y enfrentan diversos problemas a la hora de acceder a servicios como salud o educación.
Los desafíos del futuro gobierno de Boric
En relación a la migración venezolana, es importante entender que la situación no va a mejorar mientras no cambien las condiciones que llevaron a más de seis millones de personas a abandonar su país. Al ritmo actual, hasta el cambio de mando del 11 de marzo, más de 30 mil personas refugiadas y migrantes arriesgarán sus vidas entrando por pasos no habilitados. La crisis humanitaria es uno de los principales desafíos del futuro gobierno del presidente electo Gabriel Boric, todavía sin una solución a la vista.
No obstante, la crisis humanitaria es un problema más burocrático que práctico. Las personas se ven en situación de calle y sin medios, principalmente por su estatus migratorio irregular y una insuficiente ayuda humanitaria. Por otro lado, según el Banco Central, la migración genera efectos positivos y está asociada al aumento del PIB per cápita, con una población en promedio más calificada, joven y trabajadora respecto a la población nacional.
La nueva administración debe comprender que los ingresos irregulares no cesarán hasta que se restablezca la recepción de solicitudes refugio y el otorgamiento de visas. Además, los conflictos se resuelven coordinando la ayuda humanitaria con los municipios y organizaciones. En ámbito internacional, los países reunidos en el Proceso de Quito tienen la oportunidad de negociar cuotas de refugio y el reasentamiento de personas refugiadas. Todos los actores deben asumir que la ayuda humanitaria no puede ser politizada. A un problema regional, es necesario ofrecer una respuesta regional.
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Autor
Especialista en derechos humanos y derechos de los refugiados. Magister en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III (Madrid). Ha trabajado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en diversas agencias de la ONU.
