La revocación de mandato se ha introducido en los sistemas presidenciales como un mecanismo de democracia directa, a la par del referéndum, el plebiscito, el presupuesto participativo y la consulta ciudadana. Pero en la práctica, opera más como un mecanismo de medición de fuerzas entre el gobierno y la oposición y un termómetro de popularidad de los gobernantes de turno.
Su incorporación, contemplada en pocos países latinoamericanos, apareció bajo gobiernos de izquierda con un fuerte componente populista: en Venezuela en 1999, en Ecuador en 2008, en Bolivia en 2009 y en México en 2021. Si bien existe también la revocación para cargos ejecutivos y legislativos a nivel subnacional, la revocación del mandato presidencial es la que acapara la atención pública.
El objetivo de la revocación es someter a votación de la ciudadanía la permanencia de un ejecutivo en el poder. Se presenta como un mecanismo de control para revertir una decisión mayoritaria previamente establecida. ¿Pero cuáles son las razones que justifican votar para decidir mantener o separar a una persona de un cargo?
Teóricamente, se parte de una evaluación de las acciones del gobierno desde que asume hasta que se somete a dicho control. Una evaluación positiva implica continuidad, y una negativa, dejar el cargo. Empíricamente difícilmente la ciudadanía puede contar con todos los elementos para hacer una evaluación, la información sobre lo que hacen los gobiernos es asimétrica y prácticamente está monopolizada por las élites políticas.
Por lo tanto, la ciudadanía se guiará más por sus afinidades político ideológicas y menos por una evaluación sobre el desempeño. En contraste, en los sistemas parlamentarios o semipresidenciales, la continuidad o no de un gobierno depende de la confianza de los miembros del parlamento, que pueden revocar o confirmar la permanencia de gobierno durante su periodo.
Los procesos de revocación en América Latina
Hasta febrero de 2022, sólo se habían llevado a cabo dos procesos de revocación de mandato presidencial. El primero en Venezuela el 15 de agosto de 2004, fue iniciado por varios sectores de la oposición de manera coordinada, pero también promovido por Hugo Chávez y sus aliados. Guiado por órganos electorales poco independientes, terminó siendo un proceso desaseado que puso en duda su viabilidad y terminó por generar una crisis política.
Chávez se mantuvo en el poder al ganar con 59.1% de los votos y a partir de entonces y hasta su muerte en 2013, la polarización fue en aument. Hoy Venezuela, bajo el mando de Nicolás Maduro, es considerado un régimen autoritario, sumido en una crisis política y económica graves, y el mecanismo de revocación, que precisamente debería coadyuvar a promover la salida del gobernante no ha funcionado. En 2016 y 2002 el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó la aplicación de este mecanismo al imponer reglas inalcanzables.
El segundo proceso se llevó a cabo en Bolivia el 10 de agosto de 2008, para el presidente, el vicepresidente y ocho de los nueve prefectos. Evo Morales fue ratificado con el 67.43% de los votos, así como seis prefectos, todos de su mismo partido. Dos de los prefectos removidos, de La Paz y Cochabamba, eran miembros de la oposición.
Bolivia también entró después en una crisis política ya que el referéndum revocatorio profundizó los conflictos existentes entre líderes regionales y el gobierno central. Nueve días después de celebrado se iniciaron paros laborales y bloqueos de carreteras, el conflicto escaló al grado de que en septiembre explotó un oleoducto que había sido cerrado por los opositores, y días después fueron asesinados campesinos simpatizantes del oficialismo. En ese contexto, Morales expulsó al embajador de Estados Unidos acusándolo de apoya a la oposición y se impuso un estado de sitio en Pando, donde se concentraron los choques.
El conflicto fue disminuyendo cuando intervino UNASUR y se crearon comisiones para investigar los hechos. Posteriormente, y en menos de un año, se llevaron a cabo nuevos procesos para llamar a las urnas a la ciudadanía boliviana. En enero de 2009 se llevó a cabo el referéndum constitucional para la nueva Constitución y en diciembre elecciones generales para elegir nuevamente a presidente y otros cargos. En los dos procesos, así como sucedió con la revocación, el movimiento de Evo Morales ganó ampliamente.
Estas experiencias demuestran que la revocación de mandato es un mecanismo ciudadano de control del poder pero que se basa en información asimétrica, por lo tanto, es un mecanismo que las élites pueden manipular. Además, estos procesos tienden a favorecer al presidente de turno y a su partido, y finalmente pueden desembocar en crisis políticas.
¿Cuál es el objetivo del proceso de revocación de López Obrador?
En México, la revocación de mandato presidencial se incorporó a la constitución en 20 de diciembre de 2019, en septiembre de 2021 se expidió la ley reglamentaria y el próximo 10 de abril se votará. La revocación procede si el resultado es por mayoría absoluta y si la participación supera el 40% de los inscritos en la lista nominal. Bajo este supuesto asumiría el Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso y dentro de los 30 días siguientes se debería nombrar a un presidente sustituto para completar el periodo constitucional.
No resulta extraño que López Obrador y su partido Morena hayan promovido la aplicación de la revocación ya que en la práctica la presentan como una “ratificación”. Al mismo tiempo, han utilizado su activación para atacar a las autoridades electorales, de manera particular al Instituto Nacional Electoral (INE), negándole recursos para llevarlo a cabo.
A diferencia de lo que sucedió en Venezuela y en Bolivia, en el caso de México la oposición, partidistas y no partidistas, no se han movilizado para promover la revocación. Ello puede suponer un “fracaso” para López Obrador que ha tratado de generar amplias movilizaciones a través de otras consultas, pero sin lograrlo.
En la consulta popular de 2021 para “enjuiciar a los expresidentes”, apenas participó el 7.11% de la lista nominal, ganando de manera previsible el Si, con un 97.72%. En octubre de 2018, a tres meses de haber ganado las elecciones, López Obrador impulsó una Consulta (fuera de la ley) para cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco y construir uno nuevo en Santa Lucía, en esta ocasión ganó la opción del presidente con una participación de apenas el 1.22% de votantes.
En este marco, todo indica que es altamente previsible que la participación ciudadana para la revocación sea baja y que el resultado favorezca ampliamente a López Obrador. Quizá después de esta tercera experiencia en la región convenga evaluar si la revocación del mandato presidencial es realmente un mecanismo de democracia directa o simplemente un instrumento de manipulación de las élites políticas.
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Autor
Cientista político. Profesor Titular de la Universidad de Guanajuato (México). Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia (Italia). Sus áreas de interés son política y elecciones de América Latina y teoría política moderna.
