La refinanciación de la deuda argentina está en la agenda del Ejecutivo desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández. En realidad, es tema de máxima atención desde agosto del año pasado, luego del contundente triunfo del Frente de Todos en las PASO. Estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que tienen la función de elegir a los candidatos de los partidos con respecto a las generales —aunque actúan, generalmente, como termómetro político—, habían prácticamente sepultado las chances del partido Juntos por el Cambio, del expresidente Mauricio Macri, de retener el Gobierno nacional.
El resultado de las primarias había generado una fenomenal caída de las variables financieras del país, con un desplome en acciones de empresas argentinas de más del 70% en algunos casos, y más del 50% en bonos soberanos, además de la devaluación inmediata de casi un 30% de la moneda nacional.
El objetivo del préstamo era enfrentar las fuertes presiones sobre el tipo de cambio y la desconfianza en las posibilidades reales del país»
El país atravesaba una situación endeble en sus finanzas desde abril del 2018. Esto había llevado a que el entonces presidente Macri recurriera a un salvataje del Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo del préstamo era enfrentar las fuertes presiones sobre el tipo de cambio y la desconfianza en las posibilidades reales del país para afrontar la vieja y nueva deuda contraídas.
Con la elección de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía de la nación, las señales que se enviaban, tanto internas como externas, eran fundamentalmente dos: que era prioridad del Gobierno atender y resolver el asunto de la deuda, pero también que la negociación apuntaba a ser ardua. Esto, debido a que se elegía para el cargo a un discípulo de Joseph Stiglitz, el heterodoxo premio nobel de economía, crítico de organismos internacionales de crédito, tales como el FMI. Este había definido al ministro argentino como “uno de los mayores expertos mundiales en deuda soberana”, y ya en el 2018 consideraba que era necesaria una reestructuración de la deuda argentina con quita de capital incluido.
En términos globales, el acuerdo al que se llegó implica que Argentina pagará en promedio 54,80 dólares por cada 100 dólares de deuda que entrará en canje (alrededor de 66.000 millones de dólares). El nuevo perfil de vencimientos conlleva una curva ascendente de pagos con pico en el año 2031, pero con bajos niveles de desembolsos para los próximos 4 años. Con este acuerdo, el Gobierno sabe que estará por encima del 80% de adhesión, lo cual le permite superar el piso establecido para cumplir con las CAC (cláusulas de acción colectiva) y evitar, así, un nuevo default.
¿Cuáles son las exigencias del acuerdo para evitar una nueva renegociación cuando los desembolsos sean más sustantivos? En esencia, crecimiento económico y equilibrio fiscal, ambos objetivos sumamente alejados de la situación actual. Con una caída del PBI argentino, el cual está previsto que será de no menos del 9% para el año, y un déficit primario que, según varias consultoras, será de alrededor de 10 puntos del PBI, además de un nivel bajísimo de inversión privada (un número históricamente pequeño en el país y que hoy se encuentra en el subsuelo) y el estricto cepo cambiario, el panorama para lograr esos objetivos se vislumbra complicado.
Si bien el presidente Fernández ha declarado recientemente que no cree en “planes económicos”, sí ha dado algunos tips de lo que él y su gobierno consideran de atención para salir de la crisis: el aumento de exportaciones para que ingresen divisas, el equilibrio fiscal, el desarrollo del mercado interno y la reducción de la dependencia de las importaciones. El cómo es verdaderamente una incógnita en las condiciones mencionadas y cuando el sector exportador argentino por excelencia (el agro) recibe por cada dólar exportado 1/3 de los pesos que recibiría vendiendo esos dólares en el mercado informal. Esa situación es similar a la que el propio Fernández se refería hace unos años cuando decía que el cepo funcionaba como una piedra que impide la salida, pero también la entrada de capitales.
Los incentivos no están puestos en la misma dirección que los objetivos declamados»
El sector exportador de servicios, sobre la base de tecnología y conocimientos, también tiene inconvenientes para recibir cualquier tipo de pago. Por lo tanto, queda demostrado que los incentivos no están puestos en la misma dirección que los objetivos declamados.
Está claro que el 2021 mostrará un crecimiento económico respecto a este paupérrimo 2020. El punto será si esa magnitud permite llevar alivio a las familias argentinas que, con la caída de ingresos reales que ya se está vislumbrando, la desocupación creciente, el quiebre de empresas producto de la larguísima cuarentena por la COVID-19 y una pobreza que está alcanzando sus peores indicadores en 20 años, se encuentran en situación límite.
De eso dependerá la suerte de Gobierno y oposición para las elecciones de medio término. Con grandes chances de ganar la contienda, Juntos por el Cambio tiene suficientes incentivos para discutir internamente sus diferencias sin que ellas impliquen un quiebre del espacio, y en esa dirección parece moverse. En el oficialista Frente de Todos, el presidente, aún sabiendo el alto porcentaje de rechazo que despiertan figuras del kirchnerismo duro (tales como la propia Cristina y su hijo Máximo), no termina de adoptar y hacerse fuerte en un camino propio. Sabe quizás que el contexto encierra una volatilidad tan elevada que cualquier paso en falso puede llevar a un proceso difícil de moldear.
Foto de Santiago Sito en Foter.com / CC BY-NC-ND
Autor
Cientista político. Columnista de varios medios de comunicación argentinos, como Clarín, La Nación, Perfil, Infobae y El Cronista. Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Belgrano (Buenos Aires). Es miembro del Club Político Argentino.
