La elección se regirá por la Ley Electoral de 1992 que permite emular elecciones en un régimen en el que toda decisión política trascendental es tomada por la élite del Partido Comunista.
La supresión de la observación electoral calificada es una consecuencia del declive democrático de Nicaragua. Y es que las misiones de observación estaban entre los actores que alertaron sobre la progresiva evolución de la ofensiva de Ortega.
El gobierno ha cancelado más de 950 oenegés, asociaciones médicas y educativas, obras sociales de la Iglesia católica, y sobre todo los proyectos de desarrollo social y comunitario que apuntalan una ciudadanía activa, con el objetivo de instalar un régimen totalitario.
