El presidente Petro ha alineado su narrativa con la del gobierno bolivariano al atribuir la migración a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos en 2019.

Los centros implementación de de procesamiento de migrantes fuera de Estados Unidos, no solo están desbordados, sino que tampoco han logrado frenar el flujo de migrantes por las rutas riesgosas.

El 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, nos obliga a poner sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre los retos que aún se nos presentan a escala global y, por supuesto, regional.

Los intereses que podría tener un Gobierno democrático por combatir la corrupción no existen en las dictaduras. De hecho, su permanencia en el poder se debe en gran medida a esta.

Venezuela es el país con mayor pérdida de población en los últimos años, incluso más que Siria. Se calcula que el año pasado el país contaba con casi 28 millones y medio de habitantes, unos cuatro millones menos de lo que se esperaba.

En la madrugada del domingo 21 de marzo los residentes de La Victoria, municipio venezolano del estado Apure en la frontera con el departamento colombiano de Arauca, reportaban explosiones, disparos y la presencia de helicópteros. El Ministro de Defensa comunicó que actuaba en defensa de la nación.

La migración venezolana comenzó a ocupar un lugar en la agenda regional a partir del año 2015 cuando el éxodo empezó a tener un matiz diferente al de años anteriores. Fue entonces cuando se empezó a fijar la mirada en este fenómeno, ya que en nada se parecía a aquella migración de los primeros años de la revolución bolivariana.

Revisar el futuro de Venezuela, las posibles salidas a la inestabilidad política y a la dramática situación social y humanitaria no es una tarea sencilla ante la avalancha de decisiones del régimen de Maduro. Sin embargo, no hay que perder de vista que cada una de sus decisiones están encaminadas a mantener el proceso.