Sectores de la clase política apuntan al reconocimiento de la plurinacionalidad y una supuesta excesiva ambición de los representantes de los pueblos indígenas como uno de los factores importantes de la derrota.

El conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche se ha convertido en una problemática irresoluble para todos los Gobiernos que desde 1990 han intentado recetas similares con resultados fallidos.

Esta semana el pleno de la Convención aprobó por el 75% de los votos que “Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado”.

A partir del 4 de julio, más allá de las discusiones técnicas en cuanto a la conformación del reglamento que regirá la Convención, se iniciarán diversos debates y muy probablemente comiencen a visualizarse los bloques y la correlación de fuerzas.

Las comunidades indígenas han sido y son actores secundarios con presencia marginal en las instituciones del estado. Tanto en el caso de los cargos electos como en los de designación su presencia es mínima, accediendo en contadas ocasiones al poder local.

A pesar de este tránsito democratizador que busca cambiar la Constitución, parece no sólo necesario, sino que imperativo, aprender de nuestro pasado reciente. Pero no deja de ser llamativo, que en pleno siglo XXI las características distintivas de la respuesta estatal sea la utilización de la violencia y las violaciones a los derechos humanos.

En el plebiscito se aprobó cambiar la Constitución mediante una Convención Constitucional. Sin embargo, no se han previsto escaños reservados para pueblos indígenas y la discusión sobre el tema se ha vuelto a posponer. Esto representa las últimas expresiones de la relación colonial del Estado con los pueblos originarios.