Bolivia vive los últimos días de un proceso electoral largo, desordenado y turbulento. Si nos preguntamos en qué momento los partidos empezaron sus campañas electorales, seguramente nadie tendría una respuesta. Como nunca antes, el Tribunal Constitucional Plurinacional y el propio Tribunal Supremo Electoral (TSE) han (in)definido los tiempos políticos. Desde inicios de 2024 se plantearon varias controversias judiciales que anularon la candidatura de Evo Morales y dejaron en el limbo la del Movimiento Tercer Sistema; se anuló la personería jurídica de Pan Bol y se bloqueó la postulación de un outsider como Jaime Dunn por tener deudas pendientes con el Estado pese a que la documentación emitida por la Contraloría General del Estado decía lo contrario.
Evo Morales, cuya infinitud en el cargo de presidente tuvo que ser parada en seco por una movilización ciudadana, hoy se halla refugiado en una zona del Chapare a raíz de una orden de detención por un caso de trata de personas que lo implica directamente. Empero, esto no ha impedido al líder cocalero gestar y dirigir varios bloqueos de caminos para presionar y habilitarse como candidato. Estas movilizaciones han logrado, hasta ahora, detener por más de 50 días el flujo de transporte y un daño económico incalculable. Lo peor, es que nada indica que esta lógica de lucha se vaya a detener. En definitiva, es el estilo de Morales de hacer política.
Por su parte, el TSE pasa por una profunda crisis institucional. Según los datos brindados por la encuestas de opinión pública de LAPOP, este organismo tiene apenas un 26,8% de confianza, es decir que tiene dañada el mayor de sus capitales, su credibilidad. Sus vocales protagonizan peleas internas que no parecen motivadas por la mejora del órgano electoral sino por decisiones que tienen que ver con la habilitación o no de candidatos. Muchas veces no se ha cuidado las formas de civilidad y respeto: en junio de 2025 el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi Quispe calificó de “burros y tan asnos”, a los que le iniciaron un juicio penal por su negativa a habilitar a los partidos Pan Bol y Frente Para la Victoria para que participen en elecciones. En días pasados, el máximo representante de este órgano, Oscar Hassenteufel, aparentemente renunció a su cargo asediado y cansado de las presiones políticas; luego de varias horas, se desmintió la noticia y se dijo que solo había pedido su licencia por enfermedad (de la cual todavía no se repone).
Si lo que dicen las encuestas tienen algún grado de certeza, la fragmentación hará saltar por los aires la estabilidad política siempre tan precaria en el país. Bolivia tiene una inflación acumulada del 39,4%, la empresa petrolera estatal YPFB no puede abastecer el mercado interno de diesel y gasolina, y existe una diferencia del 100% entre el precio del dólar oficial y el del mercado paralelo.
Por su parte, el gobierno ha renunciado a cualquier iniciativa política y da la impresión que solo espera terminar su gestión. El 8 de noviembre de este año Luis Arce entregará el mando a un nuevo gobierno que, con poco músculo político (las encuestas dan al mejor posicionado un margen de votación del 21%) tratará de asumir políticas de shock que, si bien necesarias, generarán una ola de descontento popular que pondrán en jaque su gobernabilidad.
Hoy el país vive una suerte de fin de época, pero sin un horizonte de futuro claro. La oposición, si bien se ha hecho con la mayor parte de la preferencia electoral, no tiene una propuesta política capaz de cautivar a los sectores populares o a quienes en el pasado votaron por el MAS. Por su parte, los candidatos provenientes del tronco del MAS, Eduardo del Castillo y Andrónico Rodríguez, no pueden separarse del lastre del mal gobierno de Arce y de las influencias del evismo. Rodríguez ha bajado en su preferencia electoral al 6% y del Castillo no logra superar la barrera del 3%.
¿Qué configura este panorama? Por una parte, unas elecciones administradas por un TSE cuya baja credibilidad da lugar a todas las versiones de un posible fraude. Un gobierno nacional que ha dejado de timonear su gestión estatal. Una fragmentación política que hará que cada uno de los partidos tome una parte de la torta del poder político, sin que ninguno de ellos pueda liderar una política anticrisis por su bajo nivel de legitimidad política.
Todo este panorama hace prever el estallido de un conjunto de tensiones que el proceso electoral no podrá resolver.
