El principal empleado de los salvadoreños ha decidido erguirse como el máximo intérprete de la Constitución, pese a la misma Constitución. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, decidió confiar en sus visiones (y en un Dios que aparentemente le habla) para dar un golpe a la Asamblea Legislativa. Y, así, a la democracia.
El 9 de febrero de 2020 será recordado por las infames imágenes que nos llegaron desde la Asamblea Legislativa: militares con rifles y antimotines policiales entrando y rodeando las curules del Salón Azul. Fue la introducción que necesitaba Bukele para confirmar que se había tomado la Asamblea: «Está muy claro quién tiene el control de la situación», dijo, sentado en la silla que le corresponde al presidente del Congreso.
En la noche de los Óscares, el señor Bukele montó un espectáculo patético e irresponsable, pero coherente con dos de sus objetivos: demostrar que puede manosear la Constitución para someter a otro poder del Estado y, no menos importante, lanzar oficialmente la campaña para las elecciones legislativas de febrero de 2021.
Los últimos días han sido caóticos en un país que juega a ser democrático, pero que se siente más cómodo con los capataces de finca. Los ingredientes de este cóctel bananero tuvieron necesariamente que ser dos: militares y amenazas. Y todo por la voluntad divina, esa que desde el Antiguo Testamento hace que los ejércitos del bando correcto ganen las guerras.
Militarizar la Asamblea tendrá consecuencias»
El mensaje es terrible y es poco probable que Bukele no se dé cuenta de ello. Militarizar la Asamblea tendrá consecuencias. El uso arbitrario de la Constitución para chantajear tendrá consecuencias. Decir abiertamente y sin pudor que no quiso tomarse por la fuerza la Asamblea (pese a tener el botón) tendrá consecuencias. Rezar al lado de Guillermo Gallegos no deja de ser un mal chiste, un absurdo dentro de un día absurdo, pero es una secuencia lógica en un esquema que busca desesperadamente no perder el apoyo popular.
Fuera de El Salvador, la foto que quedará será la de los militares inundando los pasillos legislativos. Afuera seguramente es conocida la facilidad de corrupción de nuestros políticos, pero también es cierto que en países menos fanáticos es fácil comprender que se puede condenar la corrupción y ser respetuoso del Estado de derecho.
Puede que Bukele se esté dando cuenta de la metida de pata. Antes del mitin de este domingo, fue él, en su cuenta de Twitter, quien se encargó de incitar al derecho a la insurrección si los diputados no asistían a la convocatoria del consejo de ministros. Horas después del fin del mitin, la Secretaría de Prensa de la Presidencia divulgó un comunicado que decía que Bukele pedía calma ante la demanda de insurrección. Es difícil creer que los fanáticos más duros no se percaten de que su líder miente descaradamente, pero también es sabido que las lunas de miel suelen ser muy permisivas.
Antes del 6 de febrero, El Salvador ya se había posicionado como el país más seguro del mundo. Con una reducción comprobada en los homicidios, el país mostraba una cara similar a Noruega gracias al Plan Control Territorial. La estrategia, dijo entonces Bukele, dependía ahora de la aprobación de un crédito de 109 millones de dólares para la tercera fase de su plan, un préstamo que por ley debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa. Una rareza, pues, urgir por esos millones, cuando ya tus ciudadanos viven en el Edén.
Tras las amenazas, el presidente de la Asamblea de El Salvador dio su brazo a torcer y se arrodilló ante el líder supremo. El diputado Mario Ponce convocó a plenaria este 7 de febrero y, tras el fracaso de la asistencia, nuevamente para el 10 de febrero. También le juró obediencia (y eso que no es ministro de la Defensa) con la promesa de aprobar el préstamo que el Ejecutivo necesita.
Es lo de menos. Este domingo 9 de febrero la intención (al igual que lo demostraron las tarimas, los acarreados y la estupidez) no fue otra que montar un enorme mitin de cara a 2021. Sí, las estrategias comunicativas han demostrado ser más eficaces; lo burdo de las intenciones electorales no desaparece con el tiempo ni el gel.
Lo cierto es que la idea de invocar el 167 de la Constitución del consejo de ministros ha sido cuestionada por organizaciones con, digamos, algo más de experiencia constitucional. ¿Qué han dicho exmagistrados de la Sala de lo Constitucional, organizaciones de derecho constitucional u organismos internacionales que defienden el Estado de derecho? Que los artículos 167 y 87 son para situaciones excepcionales, de gravedad; que la Asamblea Legislativa puede ser convocada de forma extraordinaria únicamente si no está sesionando; que el derecho a la insurrección es del pueblo y no de los gobernantes. Menos de quien fuera presidente frente a otro poder del Estado.
Lo último es particularmente decisivo en esta coyuntura. Bukele ha logrado arrogarse la categoría de pueblo ante el pasmo, la ingenuidad y la apatía de una parte de la ciudadanía dispuesta a cederle sus derechos y su voz a un político mentiroso, ególatra y con mucha necesidad de atención.
El mitin frente al centro de gobierno es la consolidación de la carrera a los objetivos de 2021, y la concentración absoluta del poder. No hay que menospreciar, en cualquier caso, la latente posibilidad de disolución de la Asamblea y la ruptura del orden constitucional.
La ceguera es peligrosa, tanto o más que la apatía de los que, sentados, contemplan el nacimiento de un rey.
El lunes pasado, tras la toma de la asamblea del domingo 9 de febrero, el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador suspendió por tiempo indefinido la sesión extraordinaria en la que se debía debatir la autorización del crédito y se condenó la militarización del Parlamento por parte de Bukele, y se le instó a «desistir de sus amenazas y uso de la fuerza». El mismo lunes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó al presidente que se abstuviera de usar al Ejército en actividades que pusiesen en riesgo el sistema constitucional.
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Foto de US Embassy Guatemala en Foter.com / CC BY-NC-ND
Autor
Periodista, escritor y editor. Editor Jefe de la Revista Factum, medio digital de El Salvador especializado en el Triángulo Norte de Centroamérica. Fue el primer editor jefe de El Faro, primer periódico digital en América Latina. Es analista en seguridad y crimen organizado.
