Cuando Daniel Ortega declaró que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, no pronunció una frase aislada ni un exceso retórico propio de un acto partidario. Hizo algo políticamente más revelador: le quitó la máscara a una dictadura consolidada del FSLN que durante años sostuvo una ficción electoral mientras desmontaba, pieza por pieza, los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses.
El anuncio no debe leerse como una demostración de fuerza. Es, más bien, una confesión de miedo. Miedo al voto libre, miedo a la organización ciudadana, miedo al retorno de los exiliados, miedo a la posibilidad de que la sociedad nicaragüense vuelva a decidir su destino sin vigilancia, sin proscripción y sin chantaje estatal. Todo poder que necesita prohibir la competencia reconoce, aunque no lo diga, que no puede sobrevivir bajo reglas democráticas.
Durante años, el FSLN administró una arquitectura de simulación. Primero destruyó la competencia real; luego llenó el escenario político de partidos colaboracionistas conocidos en Nicaragua como partidos zancudos para fabricar una apariencia de pluralismo; más tarde encarceló, desterró, silenció o inhabilitó a quienes podían desafiarlo. Ahora da el paso definitivo de su plan: pasar de la farsa electoral al régimen de partido único. Ya no busca manipular la voluntad popular. Busca cancelar la posibilidad misma de que esa voluntad exista políticamente.
Ese tránsito del colaboracionismo electoral al partido único es central para entender la naturaleza del momento. Los partidos colaboracionistas fueron el teatro de la dictadura: una forma de decirle al mundo que todavía existía competencia, aunque todos supieran que el resultado estaba controlado. El partido único es la admisión de que ya no necesitan ni siquiera representar la obra. La dictadura del FSLN deja de actuar como democracia defectuosa y se asume como poder absoluto.
La narrativa utilizada por Ortega confirma esa deriva. Cuando llama “vendepatria”, “somocista”, “golpista” o “agente extranjero” a todo aquel que piensa distinto, no está describiendo una realidad política: está fabricando una categoría de persecución. Ese lenguaje cumple una función precisa. Primero deslegitima al adversario; después lo convierte en amenaza; finalmente justifica su exclusión. En otras palabras, la dictadura criminaliza la libertad para presentar la represión como defensa de la patria.
Pero la patria no es la dictadura. La patria no es el FSLN. La patria no es una familia aferrada al poder ni una estructura partidaria subordinada a un aparato de vigilancia. La patria son los ciudadanos que tienen derecho a vivir en su tierra, regresar del exilio, organizarse, expresarse, elegir y ser electos. Cuando un poder decide quién puede competir, quién puede hablar, quién puede volver y quién puede existir legalmente, ya no estamos ante un autoritarismo convencional: estamos ante un sistema que pretende administrar la ciudadanía como privilegio revocable.
El cierre electoral también debe entenderse como parte de una cultura política autoritaria instalada en el FSLN desde su concepción del poder. La revolución que prometió liberar terminó construyendo una maquinaria de obediencia. La lógica fue siempre la misma: el partido por encima de la sociedad, la causa por encima de la ley, el liderazgo por encima de las instituciones y el adversario convertido en enemigo. Lo que hoy vemos no es una desviación reciente, sino la forma más desnuda de una vocación de permanencia que nunca aceptó realmente la alternancia democrática.
Por eso la crisis nicaragüense ya no puede tratarse como un problema interno. Nicaragua se ha convertido en una amenaza hemisférica. No solo por la represión interna, sino por sus efectos regionales: exilio masivo, persecución transnacional, despojo de nacionalidades, control migratorio punitivo, silencio forzado de la sociedad civil y exportación de inestabilidad hacia países vecinos. Lo que ocurre en Nicaragua no queda encerrado entre sus fronteras. Una dictadura que expulsa a su gente, persigue a sus críticos fuera del país y consolida un modelo de partido único genera consecuencias para toda América Latina.
La dictadura militar-partidaria del FSLN se parece cada vez más a una versión centroamericana de los sistemas cerrados de control total. Se ha hablado de Nicaragua como la “Corea del Norte de las Américas”, y la comparación no es solo una metáfora. Hay elementos estructurales que la explican: concentración familiar del poder, subordinación institucional, vigilancia social, anulación del pluralismo, castigo al disenso, uso político de la nacionalidad y eliminación de mecanismos reales de alternancia. Nicaragua no está simplemente retrocediendo en democracia; está siendo convertida en un laboratorio de clausura política.
Sin embargo, los gestos más duros de una dictadura también pueden revelar debilidad. Ortega está cada vez más obligado a demostrar control ante sus bases, ante sus enemigos y ante sus aliados. Su deterioro físico, la ausencia de una figura sucesoria con legitimidad propia y la dependencia creciente de una estructura corrupta, militarizada y partidaria reducen sus márgenes de maniobra. En ese contexto, elevar el tono puede servirle para tres propósitos: disciplinar internamente, intimidar a la oposición y llamar la atención de actores externos, en particular Estados Unidos, ante una eventual negociación futura.
No sería la primera vez que una dictadura convierte la agresividad en instrumento de supervivencia. Cuando un poder se sabe aislado, endurece el lenguaje. Cuando teme fracturas internas, sobreactúa unidad. Cuando necesita negociar, aumenta la amenaza para intentar llegar a la mesa con mayor capacidad de chantajear. Por eso la comunidad internacional no debe confundir ruido con fortaleza. El anuncio de Ortega revela una dictadura más cerrada, pero también más temerosa de cualquier grieta democrática.
La respuesta internacional debe abandonar la comodidad de la preocupación retórica. No basta con lamentar el cierre del espacio cívico ni con emitir comunicados de condena. Es necesario elevar el costo del partido único. Eso implica sanciones selectivas contra operadores de represión, presión diplomática coordinada, revisión de mecanismos de cooperación que puedan beneficiar al aparato estatal, protección efectiva para exiliados y una estrategia clara de documentación judicial de violaciones a derechos humanos.
También implica una exigencia política simple y firme: restitución de derechos civiles y políticos, liberación de presos políticos, fin de la persecución transnacional, retorno seguro de los exiliados, recuperación de la nacionalidad de quienes fueron despojados arbitrariamente y garantías verificables para elecciones libres, competitivas y transparentes. La democracia no puede reducirse a la fecha de una votación; comienza con el derecho de la ciudadanía a existir políticamente sin miedo.
La defensa del derecho a elegir y ser electo no es intervención extranjera. Es defensa de un principio universal. Ningún poder puede invocar soberanía para justificar la cancelación de su propio pueblo. La soberanía no reside en el caudillo ni en el partido; reside en los ciudadanos. Y cuando esos ciudadanos son reprimidos, expulsados, desnacionalizados o impedidos de participar, la comunidad democrática tiene no solo el derecho, sino la obligación moral y política de actuar.
La impunidad en Nicaragua enviaría un mensaje devastador al continente: que una dictadura puede cerrar medios, expulsar ciudadanos, encarcelar opositores, perseguir iglesias, domesticar partidos colaboracionistas, eliminar elecciones y aun así conservar espacio diplomático suficiente para sobrevivir sin consecuencias. América Latina no puede aceptar que el partido único se normalice como una opción más dentro del repertorio autoritario regional.
Ortega cree que cerrar las urnas equivale a cerrar la historia. Se equivoca. Las dictaduras pueden aplazar la libertad, pero no pueden abolir indefinidamente la dignidad de una nación. Pueden fabricar miedo, pero no legitimidad. Pueden imponer silencio, pero no consentimiento. Pueden cerrar partidos, medios y fronteras, pero no pueden cerrar para siempre la conciencia de un pueblo que ya sabe lo que significa vivir sin libertad.
Nicaragua está ante una confesión histórica de la dictadura del FSLN. Ya no hay teatro electoral, ya no hay partidos colaboracionistas suficientes, ya no hay máscara democrática que alcance. Lo que queda es el proyecto desnudo de partido único. Y frente a ese proyecto, la respuesta debe ser igualmente clara: Nicaragua no pertenece a una familia, ni a un partido, ni a una revolución convertida en aparato de dominación. Nicaragua pertenece a sus ciudadanos.
Autor
Presidente de Ipades, formado en Administración y Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Investigador y estratega en gobernanza democrática y derechos humanos, con experiencia internacional y liderazgo juvenil en incidencia pública y fortalecimiento institucional regional.
