La oposición democrática no enfrenta únicamente el reto de canalizar demandas sociales fragmentadas: enfrenta un marco legal punitivo diseñado para impedir su consolidación.
Cuando el voto no tiene consecuencias no hay incentivos para la participación. Los venezolanos decidieron abstenerse en las elecciones regionales y municipales.
Si a través de las elecciones se pudiera erradicar la corrupción y solucionar los problemas políticos y sociales más urgentes, casi todos los países de América Latina serían desarrollados.
Si en las elecciones de octubre, cuando muchas provincias renovarán diputados y senadores, el gobierno visibiliza la figura del presidente en la campaña, el voto económico, en un año de crecimiento, podría jugarle a favor.
Evidentemente las elecciones legitiman a los gobiernos, pero detrás están los procedimientos técnicos sin los cuáles ninguna elección puede considerarse democrática.
