La brecha de género en el sector del agua no solo perjudica a las mujeres: también limita la capacidad de las instituciones para afrontar la creciente crisis hídrica.
El descenso de la fecundidad en América Latina no exige más nacimientos, sino políticas que garanticen a las personas la libertad y las condiciones para decidir sobre sus vidas reproductivas.
Una transición justa no consiste únicamente en reemplazar una actividad económica por otra, sino en corregir las desigualdades sociales que el modelo anterior ayudó a consolidar.