La presión de Estados Unidos desplaza la agenda bilateral del combate al narco hacia las estructuras políticas mexicanas y reduce el margen de maniobra de Sheinbaum.
Aunque el Gobierno presume una fuerte caída en homicidios, el aumento de desapariciones, la expansión del control criminal y la violencia territorial dibujan un panorama mucho más alarmante.
La violencia que siguió a los hechos recientes en Jalisco no habla solo de una organización criminal, sino de la capacidad —y los límites— del Estado para administrar los vacíos de poder.
La extorsión criminal se infiltra en escuelas, templos y espacios deportivos ante la incapacidad del Estado para garantizar seguridad y frenar su expansión.
