El 1 de julio de 2026, el gobierno de EE.UU. anunció su decisión de no renovar automáticamente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sustituyéndolo por revisiones anuales hasta 2036. Ante la posible finalización del acuerdo y resurgimiento de las políticas industriales a nivel global, México se ve obligado a redefinir la arquitectura institucional del país y a responder preguntas fundamentales: ¿Qué rol desea ocupar México en la economía mundial? ¿Con qué industrias competirá? ¿Quiénes serán sus aliados y qué papel jugarán el Estado y las empresas privadas?
Para responder a estos interrogantes, el gobierno federal ha promovido el «Plan México» como un plan de desarrollo que integra algunos elementos de industrialización, enfocada en la sustitución de importaciones y el incremento de valor y proveeduría local en la exportación en sectores estratégicos como semiconductores, farmacéutica, automotriz y aeroespacial. Un análisis detallado del plan revela que sus objetivos en el área de semiconductores refuerzan la actual inserción dependiente de la economía mexicana a EE.UU., reforzando el rol de un Estado manufacturero y ensamblador con actividades de baja productividad. A su vez, nos permite vislumbrar una estrategia -en formación- que busca transferir la cadena de suministro de chips de Asia al continente americano, posicionando a América Latina como eje fundamental.
La reconfiguración de la cadena de suministro de semiconductores no puede entenderse sin considerar la disputa por el liderazgo tecnológico entre EE. UU. y China. Siguiendo la política del presidente Donald Trump de contención del avance en tecnologías de China, en 2022 el ex-presidente Joe Biden firmó el CHIPS and SCIENCE Act, que tuvo como función incentivar la producción de semiconductores en EE.UU., al mismo tiempo que limitó la transferencia de tecnología y know-how a China.
Fruto del CHIPS Act fue la iniciativa desarrollada por el Departamento de Estado de EE.UU. junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de apoyar actividades de Ensamblaje, Pruebas y Empaquetado (ATP, por sus siglas en inglés) de semiconductores en México, Panamá y Costa Rica a través del International Technology Security and Innovation Fund.
Con del Plan México, el Gobierno mexicano reafirmo su objetivo de promover la relocalización de 10 mil millones de dólares en operaciones ATP y aterrizar la inversión del productor de más de 30% de ATP. No obstante, contrario a su deseo de incrementar el valor de sus exportaciones, las actividades ATP son la parte de la cadena de suministro de semiconductores más baja en valor añadido. Según la Semiconductor Industry Association, concentran solamente el 6% de valor añadido de la cadena de suministro. En comparación, diversas fuentes estiman que la I&D y la fabricación de obleas que concentran entre 50-58% y 24-36% de valor añadido respectivamente.
Según la OCDE, las actividades de ATP tienen márgenes de beneficio generalmente más bajos y son más intensivos en mano de obra, en comparación con la producción y el diseño de semiconductores debido a que el diseño requiere más investigación (I&D), mientras que la fabricación requiere una gran inversión de capital.
La cadena de suministro de semiconductores presenta una doble concentración: tanto a nivel nacional como corporativo. Esta estructura resulta intrínsecamente sensible a las tensiones geopolíticas. Mientras que la mayor parte de las actividades de I+D se concentran en EE. UU. (con empresas como Apple, Intel y Nvidia), las actividades de ensamblaje, pruebas y empaquetado (ATP) se distribuyen entre China, Taiwán, Malasia, Vietnam y Filipinas. Finalmente, la producción de semiconductores de última generación se ubica en Taiwán (a través de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., TSMC). Gracias a su importancia estratégica en la industria, Taiwán ha logrado disuadir las amenazas territoriales de China y asegurar el apoyo de Estados Unidos y sus aliados.
La relocalización de la cadena de suministro alcanzó un hito emblemático en 2025, cuando EE.UU. acordó con TSMC una inversión superior a los 165.000 millones de dólares para establecer fábricas de semiconductores de última generación e instalaciones de ATP en suelo estadounidense. Con este acuerdo, la cadena se reorganiza para ubicar el diseño y la producción de semiconductores en EE.UU., mientras que parte de las actividades de ATP se concentran en México, Panamá y Costa Rica. Paralelamente, el gobierno estadounidense pareciera proyectar la venta de recursos naturales, como las tierras raras, en países como Colombia, con el fin de garantizar el abastecimiento necesario para la fabricación de chips.
Este marco regional proporciona los elementos necesarios para intuir el cambio en la cadena de suministro de semiconductores, donde América Latina juega un papel esencial. Por esta razón, para EE.UU., la relación con los gobiernos latinoamericanos y el control de sus recursos se revela como una cuestión de seguridad nacional. No obstante, para las naciones de la región, trascender el rol de mero ensamblador y evitar una nueva dependencia disfrazada de reindustrialización resulta esencial para prevenir el estancamiento productivo, la exclusión social y la fragilidad institucional, tal como señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) al identificarlos como las trampas del desarrollo.
Autor
Máster en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra. Profesional en cooperación internacional para el desarrollo, investigadora en el Núcleo GIS de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
