El 27 de mayo se suscitó en Cancún un intento de linchamiento contra un ciudadano extranjero. El hecho ocurrió después de que este agrediera a una persona que le reclamó haber sido mordida por su perro. La persona afectada grabó un video de la agresión y posteriormente lo subió a redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. Esto generó comentarios xenófobos y propició una convocatoria masiva para acudir a la vivienda del extranjero. Decenas de personas se congregaron en el lugar, arrojaron objetos contra el inmueble y ocasionaron diversos destrozos. Finalmente la policía municipal y las fuerzas armadas acudieron para resguardar la zona y el extranjero y su esposa fueron trasladados a una dependencia gubernamental. Este episodio refleja una problemática que persiste en México: los linchamientos.
El linchamiento es una acción colectiva violenta mediante la cual una multitud busca hacer justicia por propia mano contra personas sospechosas de haber cometido un delito, atentando contra su integridad física e incluso contra su vida. En México, este fenómeno se presenta tanto en zonas rurales como urbanas y tiende a concentrarse en algunas entidades del centro del país. Sin embargo, no existe un registro oficial único que permita dimensionar con mayor precisión esta problemática.
Uno de los registros disponibles es el elaborado por los investigadores Enzo Nussio y Govinda Clayton, creadores de la base de datos Lynching in Latin America (LYLA) del Centro de Estudios de Seguridad de ETH Zúrich. De acuerdo con esta fuente, se documentaron 1.134 casos de linchamiento en México entre 2010 y 2019, lo que ubica al país como el que registra el mayor número absoluto de linchamientos en América Latina y el tercero en términos per cápita, detrás de Guatemala y Bolivia. Los casos se ubican principalmente en el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos.
Otros datos son los proporcionados por el Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional (2019), elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM. El documento señala que, entre 2015 y 2018, se registraron 336 linchamientos a nivel nacional, con un total de 561 víctimas, de las cuales 121 fallecieron. El informe detalla que el 69% de los casos estuvieron relacionados con robos, el 11% con secuestros y el 7% con abusos sexuales. Además, señala que el robo concentra el mayor porcentaje de los casos debido a que en este delito existe una mayor probabilidad de sorprender al presunto responsable en flagrante.
Por su parte, cifras de la organización de la sociedad civil Causa en Común, difundidas por diversos medios de comunicación, indican que entre 2020 y 2024 se registraron 968 linchamientos e intentos de linchamiento en México. El 40% de estos se registraron en los estados de Puebla, Tlaxcala, Estado de México e Hidalgo.
Las tres fuentes citadas evidencian la persistencia del linchamiento a través de los años y su concentración en determinadas entidades. Los perpetradores suelen argumentar que actúan en búsqueda de justicia. En un escenario en el que la violencia del crimen organizado afecta a amplias regiones del país y en el que el Estado mexicano es percibido como incapaz de garantizar seguridad y justicia, la justicia por mano propia se presenta para algunos sectores como una alternativa que promete una respuesta expedita frente a los delitos que los afectan.
El hartazgo social, la percepción de inseguridad e injusticia y la desconfianza en las instituciones constituyen algunos de los principales factores empleados para explicar el fenómeno. Estas percepciones se ven reforzadas por niveles de impunidad que, según el INEGI (2025), superaban el 90% de los delitos. No obstante, el linchamiento representa una negación del Estado de derecho, pues la persona acusada queda privada de las garantías que ofrece el debido proceso y es juzgada y condenada por una muchedumbre.
Este acto constituye una grave violación a los derechos humanos y deteriora el tejido social de las comunidades al normalizar la violencia como medio para la resolución de conflictos, generando secuelas psicológicas y contribuyendo a la estigmatización de las localidades donde ocurren estos hechos.
A las problemáticas de índole interna, en regiones turísticas como el Caribe mexicano se suma el proceso de gentrificación asociado a un modelo de turismo de masas, en el que personas con mayor poder adquisitivo, principalmente provenientes de Norteamérica y Europa, se establecen a vivir en estas regiones, lo que hace aumentar el costo de la vivienda y desplaza a la población local. Esta situación podría estar contribuyendo a incrementar las tensiones entre nacionales y extranjeros, particularmente en un contexto en el que diversos sectores han expresado críticas hacia la gentrificación.
Si bien existen encuestas nacionales que muestran que la mayoría de los mexicanos no manifiesta una actitud hostil hacia los migrantes, la percepción sobre los extranjeros parece haberse deteriorado en determinados centros urbanos afectados por este fenómeno. Una encuesta de El Financiero de 2025 entre habitantes de la Ciudad de México mostró que el 45 % considera negativo que extranjeros se muden a vivir a la ciudad.
Aunque la encuesta no permite establecer conclusiones sobre Cancún, sus resultados ofrecen indicios que podrían ayudar a interpretar lo ocurrido. El intento de linchamiento contra el ciudadano extranjero se produjo en un ambiente de creciente crispación de una parte de la población local, donde el desempleo, la inseguridad y otros males que la aquejan suelen ser atribuidos al extraño, al que no es de allí, una explicación alejada de la realidad.
La complejidad de los linchamientos en México revela un fenómeno persistente en el que confluyen diversos factores internos y que, en algunos contextos, podría estar relacionado con procesos más amplios, como la gentrificación y el deterioro de la percepción hacia los extranjeros en determinados sectores de la población.
La normalización de los linchamientos refleja debilidad institucional y un deterioro del tejido social. Ante ello, el reto es mayúsculo: es preciso fortalecer las instituciones sociales y mejorar la impartición de justicia por parte de las autoridades para que estos hechos sean reconocidos como actos de extrema violencia y no como formas legítimas de justicia. Es necesario establecer estrategias que permitan prevenir su reproducción y expansión.
Autor
Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de México. Doctorando en ciencia política de la Universidad de Guadalajara y máster en Asuntos Políticos y Políticas Públicas de el Colegio de San Luis.
