El Congreso peruano ha convertido el caos político en una estrategia para concentrar el poder y avanzar hacia un autoritarismo construido desde el propio Parlamento.
En el marco del 8 de marzo, decisiones políticas recientes y fallos judiciales han reavivado el debate sobre la protección efectiva de la autonomía y la dignidad de niñas y mujeres en el país.
Perú no es un país polarizado en sentido estructural, sino una democracia fragmentada y volátil donde abundan los vetos y faltan proyectos capaces de ordenar la competencia política.
La minería ilegal irrumpe en las elecciones peruanas de 2026 como un actor político capaz de influir candidaturas, leyes y partidos en un país donde el oro pesa tanto como los votos.
La minería ilegal, convertida en un poder económico y político paralelo, avanza en el Perú con dinero, violencia e influencia, amenazando con decidir desde las sombras las elecciones presidenciales de 2026.