Entre la promesa de democratizar la justicia y el riesgo de someterla al poder político, las elecciones judiciales en Bolivia y México reabren una pregunta clave.
El intento del bolsonarismo por impulsar una ley de amnistía para los condenados por el asalto a la democracia en 2022 reaviva en Brasil el debate sobre los límites del perdón político y el riesgo de convertir la justicia en instrumento de impunidad.
Desde 1970 a 2025 25 expresidentes latinoamericanos fueron sometidos a procesos judiciales. ¿Qué demuestra esta tóxica relación entre el ejercicio del poder y el cumplimiento de las normas? ¿Hay soluciones posibles?
Las autocracias electorales perfeccionan el control judicial mediante organismos disciplinarios que, lejos de garantizar justicia, sofocan la independencia de los jueces.
Javier Milei ha gobernado mediante decretos controvertidos y, en medio del “Criptogate”, ha buscado consolidar su poder en el poder judicial, erosionando así la democracia argentina.
Comienza una etapa, no solo del Poder Judicial sino de la relación entre los poderes del Estado, ya que las nuevas leyes establecidas por el Poder Ejecutivo y Legislativo establecen un sistema Judicial sin poder propio.
