Chile: de la revuelta a la Convención

La movilización popular sin precedentes, iniciada en la revuelta de octubre de 2019, es la principal responsable de que el domingo 4 de julio se inicie en Chile una Convención Constitucional que confeccionará una nueva carta magna para el país. Ese día, comenzará un derrotero que en poco más de un año puede dejar la constitución redactada durante la dictadura cívico militar como un recuerdo del terrorismo de estado de Pinochet.

La tradicional pulsión institucionalista de la elite política logró canalizar —parcialmente— el fervor popular en el acuerdo por la paz del 15 de noviembre de 2019 que planteaba una hoja de ruta donde, mediante sucesivas elecciones, se otorgaba la posibilidad de cambiar la constitución. De esta manera, se intentaba otorgar legitimar a un sistema que se vio interpelado desde las calles.

¿Cómo estará integrada la Convención?

Que exista una institución participativa de estas características y con este objetivo, ya de por sí es novedoso e histórico en Chile. Esta Convención será, por primera vez en la historia, paritaria, con prácticamente igual representación de hombres y mujeres, y ofrecerá, también por primera ocasión, representación propia a los pueblos indígenas mediante escaños reservados. Además, tendrá el nada despreciable atributo de ser la primera constitución construida de forma colectiva y aprobada o rechazada de manera democrática en las urnas.

El próximo 4 de julio, más allá de las discusiones técnicas en cuanto a la conformación del reglamento que regirá la Convención, comisiones, presidencia u otros, se iniciarán diversos debates y muy probablemente comiencen a visualizarse los bloques y la correlación de fuerzas dentro de la Convención. En este marco, surgen diversas temáticas que sin duda serán relevantes y concitarán gran parte del debate y dinámica política en la constituyente.  

La paridad de género es un hito sin duda. Desde la discusión en el congreso para decidir la conformación de la Constituyente, la distribución paritaria de los curules se convirtió en un anhelo que se vio coronado finalmente con su aprobación. La Convención está conformada en la actualidad por 77 mujeres de los 155 convencionales posibles. Esto no es casual, ni representa la buena voluntad de los legisladores o una particular habilidad de cabildeo en el parlamento, sino que es la resultante de una movilización feminista constante, con presencia en múltiples escenarios y con repertorios de actuación diversos durante décadas.

El desafío, es que esta representación se vuelque en la conformación de propuestas concretas que garanticen o plasmen en la constitución demandas del movimiento feminista como la igualdad y la no violencia contra las mujeres, entre otras.  Esto no será fácil mientras las voces conservadoras insistan en los perjuicios de la “ideología de género”.

Por su parte, los pueblos indígenas contarán con 17 representantes propios, no mediados por partidos políticos, en la Convención. De estos, siete corresponden al pueblo mapuche, dos al aimara y el resto a los demás pueblos originarios presentes en el país que cuentan con un representante cada uno.

Con el reconocimiento constitucional como base mínima sobre la cual empezar cualquier discusión, queda por verse que otras demandas históricas del movimiento indígena logren ser contempladas en la nueva constitución. Algunas de ellas son los derechos colectivos que tienen en cuenta los estándares internacionales vigentes en torno al territorio, la autonomía, la autodeterminación o incluso la demanda que se ha instalado con fuerza de reconocer a Chile como un estado plurinacional.

Esta disputa tampoco será fácil. Por lo tanto, habrá que ver si los representantes indígenas logran trabajar de forma mancomunada, más allá de diferencias específicas. En este sentido, los Constituyentes mapuches plantearon una propuesta de criterios mínimos para la conformación de la Mesa Directiva de la Convención para que esté presidida por una mujer y para que sea paritaria, plurinacional y rotativa.  

Las temáticas de la constituyente

La defensa del medio ambiente, las luchas territoriales contra las industrias extractivistas y el acceso al agua como derecho fundamental serán otras de las temáticas centrales llevadas a la convención por parte de los constitucionales. En este sentido, una declaración firmada por poco más de treinta convencionales electos plantea el compromiso de elaborar una constitución ecológica que consagre los derechos a la naturaleza, el “buen vivir” y la soberanía alimentaria entre otros puntos.

Por último, queda ver el rol que asumirán las decenas de independientes electos. Más allá de la estéril discusión de los partidos políticos en cuanto su imperativo existencial para una democracia de calidad, la realidad es que en la elección Constituyente abrió el tablero de posibilidades, obliterando de paso todas las predicciones previas a la elección.

Gran parte de estos, no todos, reunidos en lo que se conoce como la Vocería de los Pueblos, firmaron recientemente una declaración esbozando algunos lineamientos políticos generales que consideraban relevantes, como la soberanía de la Convención, la demanda de poner en libertad a los presos políticos existentes en el país, o la reparación a las víctimas de la represión, entre otras temáticas.

El escenario está abierto y las interrogantes son muchas aún. La inauguración de la Convención será en unos días y falta aún decidir acerca de la transparencia de las sesiones plenarias y de las comisiones. Tampoco se ha decidido si la Convención sesionará en alguna otra región aparte de la capital, si se deberían excluir de las votaciones en las que haya conflicto de intereses a los Constituyentes implicados, o la obligatoriedad de rendir cuentas ante los territorios que los eligieron entre otras muchas facetas pendientes que se irán dirimiendo a partir del 4 de julio.

Si hay algo que sí podemos afirmar con certeza es que el seísmo que implicó para el sistema político el salto de un torniquete por parte de los estudiantes, provocó un proceso constitucional que realineará las placas tectónicas de la política chilena.

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