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Chile en su laberinto constitucional

Pasadas algunas semanas del histórico plebiscito chileno, ¿qué explica la categórica diferencia entre los resultados de los plebiscitos 2020 y 2022? Mientras en el plebiscito de entrada de 2020 el 78% de los votantes estuvo a favor de comenzar el proceso para reemplazar la Constitución actual, en el plebiscito de salida alrededor de un 62% de los votantes rechazó la propuesta de nueva Constitución elaborada durante el último año por la Convención Constitucional. Con voto obligatorio, el “rechazo” ganó en todas las regiones del país y a escala local, la opción “apruebo” ganó —por poco— solo en ocho de las 345 comunas del territorio nacional. A su vez, en lo relativo a lo demográfico, el rechazo ganó entre hombres y mujeres y en todos los grupos etarios.

¿Cómo se explican semejantes diferencias? Las causas tienen que ver en buena medida con la configuración de la Convención Constitucional y el texto que emanó. La Convención perdió rápidamente su legitimidad original y el texto emanado se volvió controversial. De hecho, las razones para ganar escaños en la Convención son similares (o incluso idénticas) a las razones por las que el apruebo perdió el plebiscito de salida.

En primer lugar, la Convención fue elegida con un sistema electoral proporcional (basado en el de la Cámara Baja, pero con modificaciones) y voto voluntario. Eso hizo que los representantes fueran elegidos con niveles relativamente bajos de participación (votó el 43% del padrón). Por eso, muchas personalidades ganaron escaños con base en demandas muy sentidas por algunos sectores pero a la vez de nicho. Varias de estas numerosas demandas reflejadas en la propuesta no resonaron con el amplio electorado que participó el domingo 4 de septiembre con voto obligatorio.

En segundo lugar, los independientes tuvieron mucho protagonismo en la Convención gracias a las facilidades que se les dieron para competir en un ambiente de crítica a los partidos tradicionales. Aunque grupos de independientes desempeñaron un papel importante en la búsqueda de acuerdos, varios representantes fuera de los partidos protagonizaron algunos de los episodios más polémicos y resonados durante las sesiones. La independencia política, vista como virtud inicialmente, terminó perjudicando a la Convención en la opinión pública.

Otro factor importante fue la crítica a los Gobiernos de turno. Cuando los convencionales fueron elegidos en mayo de 2021, la derecha fue duramente castigada en las urnas; eso fue al menos en parte por la criticada gestión del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Este año, el voto por el apruebo estuvo muy alineado con la baja aprobación del presidente Gabriel Boric, quien tuvo una brevísima luna de miel en un contexto de inflación, estancamiento económico e inseguridad ciudadana.

La convención también incorporó 17 escaños reservados para los pueblos indígenas del país, cuyos representantes se ubicaron generalmente en el ala izquierda de la Convención. La propuesta constitucional contenía muchos cambios respecto a estos pueblos, algunos de los cuales (por ejemplo, la plurinacionalidad) fueron cuestionados no solo por la derecha, sino también por sectores de la centroizquierda. Estas innovaciones no resonaron con los votantes indígenas: en lugares como Puerta Saavedra, en el sur, donde casi el 80% de la población es de la etnia mapuche, el 68% de la población prefirió rechazar.

Chile queda, por lo tanto, en una encrucijada, con una Constitución vigente desahuciada desde 2020, pero sin reemplazo a la vista. Mirando hacia adelante, sin embargo, una lección importante: la intención de involucrar a la ciudadanía a través de plebiscitos, elecciones de representantes e iniciativas populares puede ayudar a legitimar, mas no asegura que el proceso constituyente sea exitoso. De hecho, la participación ciudadana no reemplaza la capacidad del proceso de alinearse mejor con los intereses de los distintos sectores políticos.

La incertidumbre respecto a la continuidad y forma del proceso constituyente es, a semanas del plebiscito de salida, bastante alta. Es responsabilidad de todos los partidos políticos con aspiraciones democráticas proseguir un proceso que lleve a la adopción de un nuevo texto constitucional que sí concite mayorías ciudadanas.

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