En los últimos años, la pesca ilegal en el Atlántico Sur se ha convertido en un problema de dimensiones alarmantes. La flota pesquera de China, considerada como la más grande del mundo, ha intensificado su presencia en aguas cercanas a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina, extrayendo recursos de manera descontrolada y poniendo en riesgo la sostenibilidad de los ecosistemas marinos regionales. A pesar de los esfuerzos del gobierno argentino por regular y proteger sus recursos pesqueros, la realidad geopolítica y la falta de un marco regulador internacional más estricto han convertido a este problema en un desafío persistente.
El papel de China en la pesca ilegal en el Atlántico Sur
China ha adoptado una estrategia agresiva de expansión pesquera global, que incluye subsidios estatales a su flota de aguas distantes y el uso de «banderas de conveniencia» para operar en regiones estratégicas sin ser detectada. Según una entrega reciente de Expediente Público, en la última década, las horas de pesca de la flota china en el Atlántico Sur aumentaron en un 800%, pasando de 59,204 horas en 2013 a casi 470,000 en 2022. Esta actividad ha convertido a la región en un epicentro de sobrepesca y competencia desleal con la industria pesquera argentina.
El Estado chino financia directamente la expansión de su flota a través de subsidios que rondan los 2.400 millones de dólares anuales. Gracias a este respaldo económico, los barcos chinos pueden operar en altamar durante meses sin necesidad de regresar a puerto. Esta estrategia, combinada con el uso de buques de reabastecimiento y frigoríficos en altamar, permite que las embarcaciones permanezcan en la zona de pesca de forma ininterrumpida, evadiendo controles y regulaciones, según comenta Sergio Almada, coordinador del Equipo Interdisciplinario para el Control de los Espacios Marítimos y Recursos (EICEMAR).
Además, muchas de estas embarcaciones navegan con banderas de terceros países, como la de Panamá, para evitar ser identificadas como parte de la flota china. Investigaciones de InSight Crime han revelado que al menos 250 buques chinos utilizan esta estrategia, lo que dificulta aún más la tarea de las autoridades argentinas para regular y sancionar estas actividades.
El impacto ambiental y económico.
El daño ambiental generado por la pesca china en el Atlántico Sur es inmenso. La sobreexplotación del calamar Illex argentinus, una de las especies más importantes para la industria pesquera argentina, ha puesto en riesgo su sostenibilidad. Este cefalópodo no solo es un recurso clave para la economía local, sino que también forma parte fundamental de la cadena alimenticia de otras especies marinas, como delfines, pingüinos y diversas aves. La depredación sin regulación podría provocar un colapso ecológico con consecuencias irreversibles.
Desde el punto de vista económico, la pesca ilegal representa pérdidas anuales millonarias para Argentina. Se estima que la captura irregular en aguas cercanas a la ZEE argentina genera una pérdida de entre 2.000 y 20.000 millones de dólares anuales. Mientras la flota pesquera argentina opera bajo regulaciones estrictas, los buques chinos extraen recursos sin pagar impuestos ni generar empleo local, debilitando así la competitividad de la industria pesquera nacional.
A su vez, la presencia masiva de estos barcos en la región ha provocado un aumento en los costos de vigilancia y patrullaje. La Prefectura Naval Argentina y la Armada han debido intensificar sus operativos para monitorear la actividad de las flotas extranjeras, lo que implica un gasto considerable de recursos estatales. A pesar de estos esfuerzos, la detección y sanción de embarcaciones infractoras sigue siendo un desafío complejo debido a la falta de acuerdos internacionales sólidos para abordar la pesca ilegal en altamar.
La respuesta de Argentina y sus limitaciones
El gobierno argentino ha intentado contrarrestar la pesca ilegal con diversas medidas. Entre ellas, el uso de tecnología satelital y patrullajes aéreos para detectar incursiones en la ZEE. Además, se ha propuesto la prohibición del reabastecimiento en altamar, una táctica utilizada por las flotas chinas para evitar el ingreso a puertos donde podrían ser inspeccionadas. Sin embargo, estas acciones han demostrado ser insuficientes para frenar la magnitud del problema.
El marco legal internacional impide que Argentina tome acciones coercitivas fuera de su ZEE. Más allá de las 200 millas náuticas, las embarcaciones extranjeras pueden operar sin restricciones siempre que no ingresen a territorio soberano. Esto ha generado un vacío legal que permite a la flota china explotar los recursos marinos de forma incontrolada.
A pesar de los esfuerzos diplomáticos para lograr acuerdos bilaterales con China, la realidad es que la pesca ilegal sigue siendo un tema de difícil resolución. La dependencia económica de Argentina con respecto a China, su segundo socio comercial más importante, limita la capacidad de Buenos Aires para tomar medidas más drásticas sin afectar otras áreas de la relación bilateral.
El Atlántico Sur como punto de interés geopolítico
El interés de China en el Atlántico Sur no es solo pesquero, sino también estratégico. La cercanía con el Estrecho de Magallanes y la Antártida convierte a esta región en un punto clave para la expansión geopolítica china. Informes han sugerido que algunas embarcaciones chinas podrían estar involucradas en actividades de inteligencia o logística militar, lo que ha generado preocupaciones en la comunidad internacional sobre la presencia china en esta zona.
Estados Unidos y otras potencias han comenzado a observar con mayor atención el rol de China en el Atlántico Sur, lo que podría derivar en una mayor presión diplomática para regular la actividad pesquera y evitar que la región se convierta en un foco de tensión geopolítica.
Propuestas para una solución efectiva
Para abordar el problema de la pesca ilegal china en el Atlántico Sur, Argentina necesita una estrategia integral que combine vigilancia, cooperación internacional y presión diplomática, de acuerdo con varios expertos consultados por Expediente Público. Entre las medidas que podrían implementarse destaca el aumento de patrullaje naval, mejoras en la tecnología de monitoreo satelital para detectar y disuadir incursiones ilegales, así como la puesta en marcha de un régimen de multas más elevado a las embarcaciones que violen la normativa pesquera.
De igual modo, es necesario establecer alianzas con otros países afectados por la pesca ilegal, buscando fortalecer los marcos reguladores en aguas internacionales e impulsar acuerdos para dificultar la logística de las flotas extranjeras que operan irregularmente. En este sentido, deben entablarse, de manera urgente, negociaciones diplomáticas con China, y exigir al gigante asiático mayor responsabilidad en la explotación de recursos pesqueros en el Atlántico Sur.
Autor
Licenciado en filosofía y maestrante en Ciencias Sociales por la Universidad Veracruzana (México). Investigador en Gobierno y Análisis Político A.C.
