La corrupción es una constante en la mayoría de los países de América Latina. Independientemente de ideologías y la alternancia de partidos, la corrupción se ha mantenido persistente en gran parte de la región y en muchos casos incluso se ha incrementado. Entre 2014 y 2024 solamente cinco países de la región -Uruguay, Costa Rica, Colombia, Argentina y Rep. Dominicana- registraron una mejora en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. En Paraguay el índice no registra variación, mientras que en el resto de los 14 países la percepción de corrupción aumentó. El abuso de poder a gran escala por parte de altos cargos de gobiernos, de la burocracia pública y grandes empresas privadas contribuye a minar la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en el conjunto de las instituciones democráticas.
Cómo se expresa la corrupción
La corrupción en América Latina adopta múltiples formas y se manifiesta en distintos niveles de la vida política, económica y social. En su expresión más visible y de mayor impacto se encuentran los grandes esquemas de corrupción que involucran a altas autoridades del Estado y a grandes empresas privadas. Casos como el de la constructora Odebrecht, cuyas prácticas ilícitas se extendieron a varios países de la región y salieron a la luz entre 2014 y 2016, revelaron la existencia de redes transnacionales de sobornos y financiamiento ilegal de la política. De manera similar, escándalos como el “Mensalão” y la Operación “Lava Jato” en Brasil expusieron la profundidad de estas tramas y su capacidad para atravesar gobiernos y partidos políticos, comprometiendo seriamente la credibilidad de las instituciones democráticas.
Una de las áreas más sensibles en las que se expresa esta dinámica es el financiamiento de las campañas electorales. La falta de regulaciones claras, transparencia y controles efectivos ha convertido al financiamiento político en una puerta de entrada privilegiada para la corrupción. Como resultado, los procesos electorales tienden a producir gobiernos condicionados por intereses privados que, una vez en el poder, buscan recuperar su inversión mediante favores legislativos, asignaciones presupuestarias o decisiones regulatorias, debilitando así la representación democrática.
Sin embargo, la corrupción no se limita a estos grandes escándalos. También se manifiesta en prácticas cotidianas que afectan directamente la relación entre los ciudadanos y el Estado. El pago de sobornos para acceder a servicios públicos, acelerar trámites o ejercer derechos que deberían estar garantizados de manera universal contribuye a normalizar la ilegalidad y erosiona de forma sostenida la confianza en las instituciones públicas.
A su vez, la corrupción en América Latina trasciende el ámbito estatal y se extiende al sector privado. La evasión fiscal, las estafas a consumidores y otras prácticas fraudulentas son frecuentes y generan graves costos sociales. Además, el avance del narcotráfico ha profundizado estas dinámicas, promoviendo la corrupción en distintos niveles del Estado y de la sociedad, reforzando un círculo vicioso que socava la legalidad y la legitimidad institucional.
Deslegitimación de la democracia
Si bien la corrupción no es exclusiva del ámbito político, cuando envuelve políticos, miembros de gobiernos o funcionarios públicos, el impacto sobre la perdida de legitimidad de las instituciones democráticas entre la población es mayor. La persistencia de altos niveles de corrupción en el Estado es un indicador de fallas importantes de los mecanismos de control entre las instituciones estatales, o sea, de la llamada accountability interinstitucional, una dimensión fundamental para el buen funcionamiento de la democracia liberal y representativa. Sin organismos e instituciones de control con capacidad efectiva para investigar y penalizar la corrupción, la calidad de la democracia se ve seriamente afectada.
La fragilidad o ineficiencia de las instituciones y organismos de control se manifiesta también en sanciones insuficientes, demora de los tiempos institucionales para la aplicación de las penalidades correspondientes y, en no pocos casos, la ausencia de las mismas. Esto, sin dudas, contribuye a generar sensación de impunidad y funciona como estímulo para la reiteración de las prácticas corruptas.
La persistencia de la corrupción, y las dificultades para penalizar de forma ejemplar y efectiva a los responsables ha influenciado en la pérdida de confianza de los ciudadanos en los partidos y liderazgos políticos tradicionales, e incluso en el propio sistema democrático, impulsando el apoyo electoral a partidos y dirigentes populistas. A comienzos de siglo estos tenían un perfil de izquierda (el llamado socialismo del siglo XXI), pero actualmente asumen un nítido perfil de extrema derecha. Se trata de movimientos y dirigentes críticos, no solo de los elencos políticos tradicionales, sino también, en mayor o menor grado, de las instituciones democráticas tradicionales, especialmente de las instituciones de control político y prestación de cuentas, como el Poder Judicial, fiscalías o contralorías, entre otros.
Estos partidos y dirigentes populistas llegan al poder, en la mayoría de los casos, con promesa de acabar con la corrupción heredada de “la política tradicional”. No obstante, una vez en el gobierno tienden a desmantelar o cooptar los organismos e instituciones de control. Ejemplo de ello fueron los gobiernos de Morales en Bolivia, o el gobierno del ex-presidente Bolsonaro en Brasil. Este último desmanteló la red de organismos anti-corrupción existente porque, según él, no había corrupción en su gobierno.
Con la cooptación o limitación de las instituciones y organismos de control, los gobiernos populistas tienen menos travas para desarrollar prácticas corruptas. Y en el contexto de un régimen democrático erosionado es mayor la dificultad por parte de las instituciones para penalizar a los responsables.
La correlación entre la corrupción y la desigualdad
Las sociedades marcadas por la desigualdad social y económica son más vulnerables a la corrupción, y al mismo tiempo esta incrementa esas mismas desigualdades. No es casual que América Latina sea considerada la región más desigual del mundo: según el informe de Oxfam para América Latina y el Caribe Riqueza sin control, democracia en riesgo. Por qué América Latina y el Caribe necesitan un nuevo pacto fiscal, el 1 % de la población concentra alrededor del 45 % de la riqueza regional, en un contexto de persistentes altos niveles de corrupción.
La corrupción profundiza la desigualdad porque otorga una mayor capacidad de influencia a los corruptos sobre decisiones gubernamentales y alteraciones en la legislación con el objetivo de beneficiarse. Esto da lugar a democracias capturadas por intereses particulares y con resultados menos eficientes para el conjunto de la población, lo que a su vez contribuye a fragilizar la confianza en la democracia como un sistema capaz de satisfacer, al menos de manera básica, las necesidades y expectativas de los ciudadanos.
La otra cara de este fenómeno es el caso de Uruguay. El país latinoamericano con menor percepción de corrupción, según Transparencia Internacional, es también el que cuenta con menor grado de desigualdad de la región y la única democracia plena de América Latina, según el índice de The Economist. Y es, junto con Argentina, uno de los dos países con mayor apoyo a la democracia en la región: 70% de los uruguayos manifiestan su apoyo a la democracia, comparado con una media regional de 52% según el Latinobarómetro.
El corolario parece claro, aunque sin dudas de difícil ejecución: la disminución de la corrupción requiere el fortalecimiento de las instituciones y organismos de control, acompañado de una disminución de la desigualdad social.
Autor
Cientista político. Profesor de la Universidad Estatal del Norte Fluminense - UENF (Brasil). Doctor en Ciencia Política por el Inst. Univ. de Investigaciones de Rio de Janeiro - IUPERJ (actual IESP / UERJ). Postdoctorado en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.
