El año 2025 representa un punto decisivo para Ecuador en su lucha contra la corrupción, que ya no puede considerarse un fenómeno aislado sino un sistema institucionalizado que ha socavado el Estado de derecho, la democracia y el desarrollo nacional. La reciente actualización de la sentencia contra Jorge Glas en el caso Reconstrucción de Manabí y la reactivación del caso Arroz Verde confirman la persistencia de redes corruptas que trascendieron gobiernos y consolidaron un sistema estructural de abuso y captura del Estado.
Estos hechos evidencian no solo el alcance del saqueo al erario público, sino también la vulnerabilidad de las instituciones frente a prácticas sistemáticas de impunidad y protección política. En este contexto, el gobierno de Daniel Noboa enfrenta el desafío de desmantelar este entramado histórico y restaurar la confianza ciudadana, trascendiendo la judicialización de casos emblemáticos para impulsar una transformación profunda y sostenida.
El contexto histórico y político: raíces profundas de un sistema corrupto
La corrupción en Ecuador no es un fenómeno reciente ni aislado; sus raíces se hunden en décadas de prácticas clientelares y captura estatal que han permeado múltiples gobiernos. Sin embargo, fue durante la década del correísmo (2007-2017) cuando estas prácticas se institucionalizaron y adquirieron un nivel sin precedentes de sistematización y complejidad.
Durante este período, la corrupción dejó de ser un conjunto de actos individuales para transformarse en un entramado estructural que combinó financiamiento ilícito de campañas, manipulación coordinada de contrataciones públicas y la cooptación de órganos de control, justicia y regulación. Este proceso consolidó un sistema que garantizaba impunidad y sostenía redes clientelares mediante el uso del aparato estatal para intereses partidarios.
El caso Arroz Verde, que abarca de 2012 a 2016, ejemplifica esta dinámica. Empresas nacionales y extranjeras pagaron sobornos sistemáticos para obtener contratos en sectores estratégicos, utilizando empresas fachada, falsificación de documentos y triangulación financiera para ocultar el origen ilícito de los fondos. La corrupción se convirtió así en un mecanismo para perpetuar el poder político y desviar recursos que debían destinarse al desarrollo social y económico.
El caso Arroz Verde: sobornos y financiamiento ilícito en el corazón del Estado
El caso Arroz Verde revela cómo la corrupción institucionalizada operó como un sistema articulado entre actores públicos y privados para lucrarse con recursos estatales mediante mecanismos complejos. Empresas que aspiraban a contratos en sectores como energía, telecomunicaciones e infraestructura entregaban sobornos a funcionarios y operadores políticos para asegurar adjudicaciones, incluso en detrimento del interés público.
Para ocultar estos flujos ilícitos, se emplearon empresas fachada que emitían facturas falsas y triangulaciones financieras que dificultaban el seguimiento del dinero, incluyendo movimientos hacia paraísos fiscales y el uso de prestanombres. La investigación, iniciada tras un reportaje periodístico en 2019, logró vincular a altos funcionarios como Rafael Correa, Alexis Mera y Jorge Glas, y determinó un perjuicio fiscal superior a 39 millones de dólares.
Este esquema reveló un círculo vicioso en el que recursos públicos desviados financiaban campañas electorales y redes clientelares, debilitando las instituciones y minando la gobernabilidad democrática.
La tercera condena de Jorge Glas: corrupción en la reconstrucción de Manabí
En junio de 2025, la Corte Nacional de Justicia impuso una condena de 13 años de prisión y 25 años de inhabilitación política a Jorge Glas y Carlos Bernal por peculado vinculado a la reconstrucción tras el terremoto de 2016. La sentencia determinó que desviaron fondos hacia proyectos innecesarios, priorizando intereses políticos y clientelares por encima de las necesidades de las víctimas.
Esta tercera condena confirma un patrón reiterado de abuso de poder, tráfico de influencias y estructuras paralelas en la contratación pública, presente también en casos como Odebrecht y Sobornos 2012-2016. El proceso estuvo marcado por controversias, incluida la negativa a apartar a jueces y un conflicto diplomático tras la captura de Glas, evidenciando la complejidad y tensiones que rodean la persecución judicial de altos funcionarios.
Corrupción institucionalizada: más allá de las personas, una estructura que desmantelar
Los casos mencionados reflejan una estructura de corrupción institucionalizada que ha funcionado como un sistema dentro del Estado ecuatoriano, caracterizado por la captura del Estado, redes clientelares, cooptación de poderes, impunidad persistente y ausencia de controles efectivos.
La evolución del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de Transparencia Internacional confirma esta realidad. Por ejemplo, en 2012 Ecuador alcanzó 42 puntos sobre 100, pero en años posteriores descendió a niveles cercanos a 35, reflejando el aumento en la percepción ciudadana de corrupción sistemática. A pesar de mejoras recientes, los niveles siguen siendo bajos y evidencian un problema estructural.
Informes de la Contraloría General y auditorías han identificado irregularidades recurrentes en obras públicas, salud y telecomunicaciones, incluyendo contratos inflados y adjudicaciones directas sin transparencia, corroborados por investigaciones judiciales y periodísticas. La impunidad y la politización judicial han sido obstáculos críticos, dificultando procesos y erosionando la confianza pública.
Desmontar este sistema requiere más que sancionar individuos; implica reformas integrales para erradicar la impunidad, fortalecer la independencia judicial y establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
El desafío de Daniel Noboa y el Plan Nacional de Integridad Pública 2024-2028
Ante este escenario, el gobierno de Daniel Noboa ha asumido la responsabilidad de enfrentar la corrupción mediante el Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, presentado en diciembre de 2024. El plan se basa en tres ejes: prevención y sanción, transparencia y rendición de cuentas, y participación ciudadana.
Destaca el fortalecimiento de la Función de Transparencia y Control Social, con sistemas digitales para monitorear procesos de contratación pública en tiempo real, facilitando el acceso ciudadano a información y la denuncia de irregularidades. Se implementó un canal seguro para denuncias, junto a campañas de formación para servidores públicos en ética e integridad.
Además, impulsa reformas legales para agilizar procesos judiciales anticorrupción y capacitar a jueces y fiscales, y se apoya en la Ley de Integridad Pública, que establece obligaciones claras en transparencia, conflictos de interés y declaratorias patrimoniales. Esta norma, junto a políticas actualizadas de contratación, busca cerrar brechas legales y reducir la captura institucional.
Sin embargo, la independencia judicial sigue siendo un desafío clave. El plan propone controles ciudadanos sobre la Función Judicial y la meritocracia en la selección de jueces para mitigar la politización. La cooperación entre Contraloría, Fiscalía y Secretaría de Integridad se ha intensificado, con operativos en sectores vulnerables.
La participación activa de la sociedad civil y medios, como Transparencia Ecuador, es fundamental para vigilar y exigir rendición de cuentas, evitando retrocesos. Asimismo, el plan aborda nuevos retos como el lavado de activos mediante plataformas digitales y la infiltración de redes delictivas, promoviendo la cooperación internacional.
El éxito del plan dependerá de la capacidad del gobierno para transformar estos compromisos en reformas estructurales efectivas que aseguren transparencia, independencia judicial y sanciones rigurosas.
Conclusiones: la necesidad imperativa de una transformación estructural
La corrupción en Ecuador no es una desviación del sistema: es el sistema mismo cuando las instituciones son capturadas, los controles neutralizados y el poder público se convierte en instrumento de lucro privado. Los casos Arroz Verde y reconstrucción de Manabí no son anomalías, sino expresiones reveladoras de un modelo de funcionamiento estatal basado en la opacidad, el clientelismo y la impunidad. Ignorar esta realidad estructural equivale a perpetuarla.
Enfrentar esta forma de corrupción requiere mucho más que la sanción de actores individuales. Mientras no se desmantele el entramado que posibilita su reproducción incluyendo la cooptación de la justicia, el uso político de los órganos de control y los mecanismos informales de asignación de poder, cualquier esfuerzo seguirá siendo reactivo y limitado. No basta con castigar a los responsables de hoy si no se previene la emergencia de nuevos operadores mañana.
El gobierno de Daniel Noboa tiene la oportunidad y la responsabilidad histórica de liderar un quiebre con ese pasado. Esto exige voluntad política firme, reformas institucionales irreversibles, transparencia radical y el empoderamiento efectivo de la ciudadanía y la prensa independiente como contrapesos reales al poder. Sin estos elementos, el Plan Nacional de Integridad Pública corre el riesgo de convertirse en un gesto simbólico más. Ecuador no necesita promesas: necesita una refundación ética del ejercicio del poder.
Autor
Licenciada en relaciones internacionales y ciencia política de la Universidad San Francisco de Quito con Máster en derechos humanos y gobernanza de la Universidad Autónoma de Madrid.
