El presidente electo en Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha sorprendido a muchos con el fuerte cambio de talante que ha mostrado inmediatamente después de su victoria electoral. De un discurso rupturista y antisistema a otro conciliador y unitario, como el pronunciado para recibir al día siguiente al candidato derrotado, José María Figueres. Sin embargo, ese cambio de actitud no le ha impedido mostrar su visión heterodoxa respecto de la formación del gobierno y el funcionamiento de la gestión de la administración pública. Reproduciendo el modo de selección de personal de las entidades privadas y los organismos internacionales, Chaves busca conformar un gobierno más allá del sistema de partidos y sin priorizar el programa de gobierno con el que acudió a las elecciones.
La cuestión de fondo es que los planteamientos del presidente electo, hechos desde una perspectiva tecnocrática, aunque estén propuestos con toda buena voluntad, entrañan serios riesgos para el desempeño de la democracia. No se trata sólo de cambios puntuales en la normativa o la institucionalidad vigentes, sino respecto de los fundamentos conceptuales en que se basa el sistema democrático. Puede que tales planteamientos tengan que ver con una cuestión de conocimiento ya que Chaves sabe mucho más de economía que de sociología política, y no hablo de la ciencia política institucionalista, sino del enfoque que también contempla la relación entre gobernantes y gobernados, así como de la cultura cívica y política de la ciudadanía.
Al llevar este asunto a la coyuntura actual, cobra particular relevancia la cuestión de la función de los partidos en la formación del gobierno. Como se sabe, los partidos han sufrido mayor deterior en el marco de la función de intermediación comunicativa, sobre todo desde el surgimiento de las redes sociales. Pero también se ha relativizado su papel como actores políticos. De hecho, ya no están solos como agentes importantes del sistema político.
Sin embargo, la desvalorización es menor respecto de una función clásica de los partidos, que es suministrar cuadros directivos y técnicos a la administración gubernamental. Sobre todo, se les ha criticado que, al perder relevancia en otros campos, se han convertido en máquinas electorales y de provisión de personal gubernamental. En todo caso, esa función de los partidos políticos se refiere a un elemento clave en el funcionamiento del sistema democrático: el mantenimiento orgánico del llamado compromiso programático que debe existir en la médula del sistema político.
En Costa Rica, como en otros países de la región de régimen presidencialista, la legislación electoral exige a los partidos que acuden a las elecciones la presentación de un programa de gobierno. Ello no sólo refiere a la definición de su perfil programático, sino que luego constituye la base sobre la que se configurará el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno entrante. Así, el programa de gobierno del candidato elegido se proyecta como matriz fundamental de la acción de gobierno tras las elecciones. En pocas palabras, se establece de este modo un proceso normativo e institucional que busca garantizar a la ciudadanía que las promesas electorales no se las lleve el viento.
El presidente está en su derecho en afirmar que para elegir sus ministros no les preguntará a qué partido han votado. Pero sí debería hacerles una pregunta sencilla: ¿conoce usted el programa de gobierno con el que me presenté a las elecciones? Porque eso constituye la base sobre la que el gobierno de Chaves debe actuar en las diversas áreas del desempeño gubernamental. En caso contrario, el presidente electo estaría engañando a las personas que lo eligieron y al conjunto del país. De igual forma, cuando el presidente electo asegura que constituirá su gobierno libre de ataduras y compromisos adquiridos, está diciendo una media verdad. Tiene un compromiso inapelable con su programa de gobierno y con la promesa de llevarlo a la práctica.
En ese contexto, la función de los partidos es múltiple. Ante todo, significa la encarnación en personas y mecanismos orgánicos del programa de gobierno presentado. Es la garantía de que la propuesta electoral no es incorpórea ni unipersonal. Por un lado, presupone que el programa de gobierno no sea producto de ocurrencias unilaterales, sino que sea el resultado de un proceso colectivo encarnado en estructuras orgánicas.
Además, el partido encarna una determinada propuesta ideológica que debe ofrecer a los electores la referencia general de cuál será la orientación del gobierno. En el caso del programa de Chaves se indica que se inscribe en “la socialdemocracia moderna”. Y no importa si es difícil precisar qué significa esa adscripción, lo importante es que muestra unas señas de identidad que la ciudadanía puede reconocer. La explicitación del perfil partidario otorga algo fundamental para el funcionamiento de la democracia: facilita la posibilidad de elegir.
El candidato Chaves insistió en su campaña que los partidos tradicionales se habían convertido en tramas políticas y familiares, faltos de democracia interna y proclives a la corrupción. Y no le faltaba razón. Pero un partido sin esas lacras, compuesto por personas que comparten un conjunto de ideas políticas y programáticas, representa el espacio ideal para suministrar de jerarquías y cuadros la administración pública.
Escoger altos cargos desde el propio partido político que ha ganado las elecciones supone aprovechar un espacio de confianza y seguridad acerca del cumplimiento del programa de gobierno. Desde luego, ello no debe ser obstáculo para elegir a otras personas que no son del partido, si se demuestra que tienen mayor competencia. Pero la fórmula de buscar la excelencia fuera de la comunidad de ideas partidaria y al margen del compromiso programático, usando métodos de selección de personal de las entidades privadas, aunque parezca una buena solución tecnocrática (que podría ser imitada en el resto de la región), puede generar inestabilidad y disrupciones innecesarias, como sucede en los países donde los partidos son efímeros.
El saneamiento de los partidos es necesario. Pero ello debe conducir a una reforma del sistema de partidos y no a su eliminación. No sólo porque los partidos son actores políticos fundamentales según la Constitución, sino porque, aunque ya no estén solos, representan la garantía de derechos fundamentales como el de asociación que en el fondo suponen la protección de la democracia pluralista.
De esta forma, lejos de tener a gala la falta de solidez partidaria, el presidente electo debería plantear al país una propuesta para sanear los partidos políticos y reconfigurar el sistema de partidos y representaciones políticas. Los partidos no son solo la encarnación orgánica y humana del compromiso programático, sino que representan la posibilidad de que una propuesta de gobierno se proyecte en el tiempo.
El presidente electo debería ser consciente de que tiene por delante un conjunto de reformas y acciones de orden sociopolítico, entre las que se encuentra robustecer un sistema de partidos que fortalezca la democracia pluralista costarricense. Mas bien, debería aprovechar la oportunidad para consolidar el Partido Progreso Social Democrático como robusta organización política, que permita el mantenimiento de sus propuestas de gobierno, más allá de los próximos cuatro años, que, como debería saber, van a pasar volando.
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Autor
Enrique Gomáriz Moraga ha sido investigador de FLACSO en Chile y otros países de la región. Fue consultor de agencias internacionales (PNUD, IDRC, BID). Estudió Sociología Política en la Univ. de Leeds (Inglaterra) con orientación de R. Miliband.
