En 2025, la riqueza de los milmillonarios en el mundo creció tres veces más rápido que en el promedio de los últimos cinco años, alcanzando un récord histórico de 18,3 billones de dólares a nivel global. Este crecimiento coincide, paradójicamente, con un mundo donde casi la mitad de la población vive con menos de 8,3 dólares al día y más de una cuarta parte enfrenta inseguridad alimentaria. La extrema concentración de riqueza es parte de la realidad inquietante que ilustra el reciente informe de Oxfam, “Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios”, publicado en ocasión del Foro Económico Mundial de Davos.
El informe plantea que la concentración de la riqueza registrada en la última década ha alcanzado niveles inimaginables, el número de milmillonarios ha superado los 3,000 por primera vez el año pasado. Esta acumulación desmedida retrata el último lustro como la «década de los milmillonarios», una situación en la que el poder económico se acumula sin límites, mientras la igualdad de derechos se convierte en una ficción. El debate ya no es sobre cuánta desigualdad es moralmente aceptable, sino si las democracias pueden sobrevivir cuando un pequeño grupo de personas con riquezas cada vez más grandes utilizan su poder económico para comprar elecciones, influir en las decisiones, o financiar campañas políticas.
Esta conexión entre poder económico y poder político, encuentra un sustento teórico en la reflexión de la filósofa y economista Ingrid Robeyns quien advierte que la igualdad política no puede sobrevivir en un mundo de poder económico ilimitado pues a partir de cierto punto, la riqueza privada se vuelve moralmente injustificable y políticamente peligrosa. En este sentido las democracias pasan a tener un carácter decorativo, el poder político se transfiere a unas élites sin que éstas rindan cuentas, pues la acumulación de la riqueza supera un umbral ético más allá del cual la riqueza deja de aportar el bienestar individual y empieza a erosionar el bienestar de la mayoría.
La realidad latinoamericana no es ajena a esta situación. Según Oxfam, la riqueza de los milmillonarios en la región creció 16 veces más rápido que la economía regional en el último año, los 109 mil millonarios acumulan cerca de 622 mil millones de dólares, una cifra comparable al PIB combinado de Chile y Perú. Desde el año 2000, esa riqueza aumentó un 443%, revelando no solo crecimiento, sino una tendencia estructural de concentración. ¿Por qué debería preocuparnos esta situación?
Una de las razones está en el extremo opuesto de esta injusta concentración: las persistentes tasas de pobreza y desigualdad en la región. Pese a los avances en este sentido, todavía la región es una de las más desiguales del mundo y registra elevados índices de pobreza que mantienen a 162 millones de personas viviendo en esta situación. Parte de las causas, están asociadas a insuficientes recursos públicos para financiar la salud, la educación, la protección social y los cuidados garantizando gratuidad, calidad y universalidad pues frente a déficit fiscales recurrentes, los Estados optan por la austeridad y el endeudamiento como si no hubiera otra salida.
La realidad es bastante distinta. En la mayoría de los casos los sistemas tributarios en los países de la América Latina y El Caribe cobran preservando privilegios de unos cuantos y ajustando el bolsillo de las mayorías: recaudan menos de quiénes más tienen y más de quienes menos tienen. Las cifras son claras, mientras el 50% más pobre aporta el 45% de sus ingresos en impuestos, el 1% más rico contribuye con menos del 20%. El resultado son Estados con limitada capacidad redistributiva.
En segundo lugar, en sentido contrario a las voces que reclaman la meritocracia como virtud del progreso, en la región más de la mitad de los superricos heredó total o parcialmente su fortuna, muy por encima del promedio mundial. La desigualdad deja así de ser una fotografía del presente para convertirse en una estructura que se reproduce generación tras generación. ¿Qué mecanismos refuerzan esta situación?
El informe señala un dato que exige una atención particular, y que vuelve a la hipótesis central de este artículo: el vínculo entre la acumulación desmedida de las elites y el deterioro de las democracias se hace cada vez más evidente. A nivel global, los milmillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político a comparación de una ciudadana o un ciudadano común. En América Latina, al menos 16 presidentes en 11 países llegaron al poder tras dirigir grandes empresas. No es una anécdota; es un síntoma. La puerta giratoria entre negocios y política transforma la competencia democrática en una carrera con punto de partida desigual. El 65% del patrimonio de los milmillonarios latinoamericanos se concentra en sectores estratégicos —finanzas, telecomunicaciones, energía y medios de comunicación— altamente dependientes de regulaciones estatales y de su cercanía al poder político. Allí donde el mercado se entrelaza con el Estado, la frontera entre interés público y privilegio privado se vuelve difusa.
Por último, la concentración extrema de riqueza y poder no es exclusiva de una región. El auge de oligarquías impacta negativamente en todas las sociedades. La experiencia reciente de Estados Unidos, con políticas favorables a los superricos y el debilitamiento de regulaciones antimonopólicas, muestra hasta qué punto las políticas pueden ser capturadas. Cuando las decisiones que afectan a las mayorías responden a intereses particulares, la democracia pierde sentido. No sorprende, entonces, que casi la mitad de las personas encuestadas en la Encuesta Mundial de Valores crea que los ricos compran las elecciones en sus países. Es evidente que la concentración extrema de riqueza es incompatible con democracias robustas.
El desenlace de esta historia puede ser distinto con acciones decididas para cambiar el rumbo: implementar medidas como gravar la riqueza del 1% y las herencias, regular la influencia política y mediática de las élites, fortalecer la participación ciudadana y proteger las libertades democráticas. La disyuntiva es clara: o las democracias recuperan capacidad para regular el poder económico, o se transforman gradualmente en sistemas donde las decisiones clave responden a una élite cada vez más reducida.
No sólo está en juego el tipo de sociedad que se construye, sino quién decide su rumbo. En ese dilema se juega buena parte del futuro de América Latina y el mundo en los próximos años.
Autor
Investigadora y economista boliviana en temas de desarrollo y desigualdades. Actualmente enfocada en tendencias y soluciones de políticas económicas, fiscales y sociales para una agenda común a favor de la igualdad en América Latina y El Caribe. Trabaja en Oxfam para LAC
