El panorama político en Ecuador al 2026 reitera el contexto del 2025. La principal prioridad para la población es eliminar la inseguridad, pues el año anterior fue el más violento de la historia: se registraron aproximadamente 50 muertes por cada 100 mil habitantes en la zona considerada de mayor peligrosidad, que involucra a las provincias de la costa, en donde se encuentran los puertos que sirven para el acopio y la distribución de la droga que sale a Europa y a EE.UU., especialmente cocaína. En segundo y tercer lugares se ubican como preocupaciones la economía y el desempleo, y le sigue la salud por la crisis del sistema sanitario.
El Gobierno de Daniel Noboa llega debilitado después de la derrota electoral sufrida en la consulta popular de noviembre que proponía un drástico viraje en la gobernabilidad, principalmente por el interés de que se instalen bases militares extranjeras para el combate al crimen organizado internacional y la posibilidad de que haya una nueva Constitución con arquitectura institucional remozada y otras reglas del juego en la economía tendientes al libre mercado. La mayoría del pueblo le dijo que no y eso le obliga a replantear su estrategia, la que por cierto no ha sido comunicada. Tampoco se evidencian cambios de envergadura en su gabinete. Sigue gobernando con su círculo inicial sin que hayan mejorado los indicadores en los aspectos más complejos.
El resultado de la última elección demostró que la buena aceptación del Presidente no significaba respaldo en las urnas para un cambio de timonel. Después de dos años de gestión, Noboa juega un segundo tiempo con dificultades. El 2026 es un año de campaña electoral, porque se acerca la elección de alcaldes y prefectos y esto reconfigura las fuerzas políticas a nivel local y regional, sobre todo en las principales ciudades, en donde gobiernan opositores como en Guayaquil, Quito y Cuenca. Hasta el momento, el primer mandatario no cuenta con autoridades locales, ya que su partido es de reciente creación y esto implica probar su músculo organizativo.
Respecto de la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea, la misma está a prueba, pues si bien el Gobierno cuenta con una mayoría absoluta, el comportamiento de sus aliados podría cambiar de cara a las elecciones, además de que no hay claridad acerca de la agenda de la legislatura. En cuanto a la relación con las otras funciones del Estado hay cuestionamientos de la oposición y de varios sectores de la opinión pública por su afinidad con autoridades cuestionadas del Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, acusados de corrupción. En este escenario, si el Presidente no se desmarca de las autoridades deslegitimadas, su Gobierno podría desgastarse más.
También hay un frente interno de alta complejidad para el Presidente y es la cartera de salud junto con la de seguridad social, debido a la corrupción, la falta de medicamentos en los hospitales, escasez de especialistas y un modelo de gestión colapsado, sin perder de vista la alta rotación de ministros y altos funcionarios en estas dependencias, por lo cual no hubo continuidad en ninguna iniciativa de los mismos coidearios del Ejecutivo. Simultáneamente, no se logra configurar un plan social que articule la atención a los sectores más vulnerables, que en la mayoría de los casos se encuentran en la ruralidad de las tres regiones: Costa, Sierra y Oriente.
Después del paro de los sectores indígenas ubicados en la sierra norte y el apoyo que recibieron por parte de varios colectivos de izquierdas, no hay señales de la ejecución de acuerdos entre el Gobierno y los dirigentes que pudieran bajar las tensiones en el mediano y largo plazos. Ecuador ha sufrido en los últimos 6 años tres paralizaciones de alta explosión política en el 2019, 2022 y 2025 que dejaron como saldo una ruptura del tejido social.
No obstante, Noboa se muestra optimista en lo económico, pues las cifras macro revelan una reducción drástica del riesgo país a 460 puntos cuando estuvo en 2.016 puntos hace dos años, además un incremento de las reservas internacionales de USD 9.975 millones de dólares. Mantiene la inflación controlada en 2.1% y un salario básico mensual de USD 482 dólares con un incremento de 11 dólares. No obstante, hay un déficit fiscal de USD 5.312 millones sin claridad de cómo se logrará su cobertura. Paralelamente, cuenta con el respaldo del Fondo Monetario Internacional debido a sus decisiones de eliminar los subsidios de los combustibles, plantear un recorte de la burocracia y una mejoría notable en la recaudación de impuestos.
Mención aparte es la política exterior del Presidente, una estela de pragmatismo: sindéresis con las acciones de Donald Trump, búsqueda y ampliación de aliados comerciales en diversos países, lo anterior también en materia de ayuda al Ecuador en temas de seguridad, reforma a la justicia e inteligencia. Las relaciones vecinales con Colombia y Perú, esenciales por su cercanía, comercio y lazos históricos, se han mantenido pese a las diferencias ideológicas con Gustavo Petro y la inestabilidad política del segundo. Muchas tareas para resolver en un año intenso y de amplias demandas ciudadanas.
Autor
César Ulloa es cientista político y comunicador. Sus últimos libros son Los desafíos de la democracia en la región (2024) y Ecuador: diálogo y acuerdos mínimos (2023).
