Coautor Virgilio Hernández
Ecuador fue sacudido por un nuevo estallido social que durante 18 días mantuvo en vilo al país en una confrontación ente el bloque popular convocado a las calles y el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Criticado internacionalmente por el uso abusivo de la violencia física y simbólica contra las manifestaciones, el gobierno de Ecuador se vio forzado a sentarse a una mesa de diálogo nacional que concluyó con la firma de un acuerdo el día 30 de junio.
Durante los 18 días de Paro Nacional (convocado por las confederaciones indígenas CONAIE, FEINE y FENOCIN) el tiempo en Ecuador transcurrió a una gran velocidad. Lo que comenzó como una protesta popular, con un claro decálogo de demandas para contener las políticas neoliberales, llegó a tomar tintes destituyentes, tanto en el ámbito social como político-institucional.
El presidente Lasso, que según encuestas recientes goza del 13% de confianza de la ciudadanía y menos del 20% de aprobación de su gestión, apostó desde el inicio por la contestación basada en el uso de la violencia que exacerbó las movilizaciones. El 14 de junio, la detención del presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, con un proceso plagado de irregularidades, destapó el descontento popular y generalizó la protesta social, frente a la que el gobierno respondió con represión y militarización.
Los múltiples Estados de Excepción, el discurso belicista, la ocupación policial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (tradicional lugar de encuentro en las movilizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas), los ataques a las universidades convertidas en centros de paz y alojamiento y el uso abusivo de la fuerza policial y militar, se han saldado con media decena de personas fallecidas y centenares de heridas y detenidas.
Como ya había ocurrido en el año 2019, la estrategia gubernamental se basó en la criminalización de diversos líderes de la oposición. Por un lado, tanto el presidente como diversos ministros centraron en Leonidas Iza una campaña de descrédito que exacerbó las expresiones racistas de una parte de la población y que ha minado la convivencia en el país. Por otro, desde diversos ministerios se ha difundido la idea, sin fundamentos, de que las movilizaciones estaban siendo financiadas por grupos políticos ligados al crimen transnacional y que buscaban la desestabilización, en clara alusión al “correísmo”.
Mientras escalaba la tensión social y el conflicto se generalizaba en todo el país, la Bancada de la Revolución Ciudadana decidió intentar una salida político-institucional a la crisis, utilizando el mecanismo que la Constitución Ecuatoriana prevé en su artículo 130.2 y que se conoce como “muerte cruzada”. Así, el 24 de junio, 72 legisladores activaron este procedimiento que prevé tanto la destitución del presidente como la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria, en 7 días, a elecciones anticipadas que deberían realizarse en máximo 90 días.
Presionado en la vertiente social y en la político-institucional, el gobierno accedió al diálogo que comenzó el 27 de junio y que duró apenas horas. Al día siguiente, tras la muerte de un militar en el escenario de una confrontación entre el Ejército y diversos colectivos en una zona amazónica, el presidente rompía el diálogo y al mismo tiempo, llamaba “golpistas y mafias políticas” a los sectores que esa tarde debían debatir y votar la propuesta de destitución presidencial. Además, la dura arremetida verbal de Lasso en una Cadena Nacional contra Leonidas Iza buscó claramente la ruptura del movimiento indígena, al que llamó a desconocer a su líder.
Se cerraban así, aparentemente y en un clima de máxima tensión, las vías institucionales y los canales de negociación mientras que en la Asamblea Nacional se procedía a la votación de la propuesta de destitución. La destitución requería 92 votos, sin embargo, las bancadas de la Revolución Ciudadana, una parte de Pachakutik e independientes llegaron a 80 votos a favor frente a los 48 votos en contra del Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática y el grupo afín al gobierno. De esta manera, Lasso aseguraba su continuidad en el cargo, al tiempo que se evidenciaba su debilidad en términos de apoyo real en la Asamblea.
Ante el complejo escenario, incluso se llegó a advertir la posible detención de Leonidas Iza y otros dirigentes del movimiento indígena-campesino. Sin embargo, la dirigencia de las organizaciones convocantes profundizó la llamada a la movilización de las bases y la exigencia del reconocimiento de Iza como presidente de la CONAIE. Esta decisión, arriesgada, fue clave para avanzar en las conversaciones para llegar a una solución, forzando al gobierno, con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, a sentarse a dialogar.
El futuro de Ecuador después del Paro Nacional
El 30 de junio se concretó el acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena tras el que se levantó el Paro Nacional y se derogó el Estado de Excepción. Entre los principales acuerdos constan el Decreto 452, que impone a los gobernadores del país intensificar los operativos de control para prevenir y erradicar los procesos especulativos; la declaratoria de emergencia del sector salud; así como el establecimiento de políticas públicas compensatorias para el área rural y urbana y la reducción del precio de los combustibles.
Adicionalmente, la CONAIE logró la derogatoria del Decreto N. 95 en materia de hidrocarburos y la reforma del decreto 151, que contiene el Plan de Acción Minero. Además, se prevé establecer una mesa de diálogo para la resolución de los temas pendientes con una duración de 90 días y en la que deberán participar los diferentes poderes del Estado.
El cierre del conflicto deja a un gobierno seriamente debilitado. La votación en la Asamblea demostró su debilidad institucional al tiempo que la demora en acceder al diálogo evidenció su incapacidad política para gestionar el país. Seis personas muertas, más de 500 heridas y un fraccionamiento social exacerbado son un saldo imposible de olvidar, más aún cuando diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, como la CIDH, el Comité de Derechos del Niño o Amnistía Internacional han criticado duramente el uso abusivo de la fuerza y las violaciones de derechos humanos.
Por su parte, el movimiento indígena y en particular su líder, Leonidas Iza, salía reforzado tras mostrar su capacidad de sostener 18 días de movilización y protestas sociales. De hecho, las movilizaciones permitieron el reconocimiento de importantes derechos y avances sociales que beneficiarán al conjunto de las mayorías sociales de Ecuador, más allá del movimiento indígena.
El escenario sigue abierto y en los próximos días, se verá el corolario de esta movilización. El gobierno puede errar, tal como sucedió en octubre de 2019, y abrir un nuevo momento en la persecución contra luchadores sociales y opositores, entre ellos Leonidas Iza, que tiene su audiencia de juicio el 4 de julio. Pero Guillermo Lasso también podría acertar y asumir un giro trascendental en su línea política para atender las necesidades del país, en lugar de seguir sacrificando a Ecuador bajo los designios de organismos como el Fondo Monetario Internacional.
Abogado y Máster en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Máster en Ciencias Políticas por la Universidad Internacional de Andalucía y Parlamentario Andino.
Autor
Cientista política y jurista. Profesora de la Universidad de Valencia (España). Coordinadora del GT de CLACSO 'Lex Mercatoria, Derechos Humanos y Democracia'. Miembro fundadora del CLAJUD (Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia).
