Entre el año 2019 y 2020, la pandemia de la COVID-19 profundizó los problemas fiscales de los Gobiernos centrales en la mayor parte de los países de la región. En Ecuador, esta situación obligó al Gobierno a ejecutar recortes presupuestarios en varias áreas que afectaron fuertemente la provisión de servicios del Estado. Uno de ellos fue el recorte en el sector educativo, específicamente en el proyecto de Educación Inicial y Básica del Ministerio de Educación, lo que ocasionó el cierre del Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia (Safpi). Este servicio atendía las necesidades educativas de niños de tres y cuatro años de familias vulnerables, que, por sus condiciones, no podían asistir a una institución educativa.

Cuando se establecen este tipo de acciones en un país, el principio fundamental que debe guiar los recortes es que deben ser realizados en aquellos gastos o inversiones que son menos fundamentales o que afectan en menor proporción las necesidades básicas y el bienestar de su gente. Es decir, se deben efectuar de manera estratégica, pensando en el presente, pero también en el futuro.

De acuerdo con datos oficiales, en el programa Safpi se invirtió alrededor de 3,4 millones de dólares entre 2018 y 2020. Se trataba de un programa educativo de visita directa al hogar, que buscaba generar ambientes de aprendizaje favorables y sensibilizar sobre el papel de los miembros de la familia en el desarrollo integral de los niños. Por lo tanto, su presupuesto se destinó, en su mayoría, a la contratación de docentes, que en dos años lectivos llegaron a 400 parroquias y a entre 16.000 y casi 20.000 niños por periodo.

El cierre de este programa significó una gran pérdida para muchas familias, pero también para toda la sociedad en su conjunto. Los programas focalizados hacia familias vulnerables o de escasos recursos pueden reducir la pobreza y la desigualdad, ya que ayudan a nivelar las condiciones disparejas en las que las personas cultivan sus aprendizajes emocionales y sociales durante los primeros años de vida, los cuales determinan los resultados en el plano individual durante la vida.

Una de las claves, como lo menciona el premio nobel de economía, James Heckman, yace en que la desigualdad en el desarrollo de habilidades en las personas se explica principalmente por las características del hogar. Estas características incluyen los ingresos, la educación de los padres y madres, la nutrición y la calidad del cuidado y crianza que reciben los seres humanos en sus primeros años de vida.

En el caso de aquellos hogares que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, varios de estos elementos son más bajos o de menor calidad, por lo que se siembran desigualdades entre personas desde la infancia.

La evidencia recabada en varios países muestra que aquellos niños de hogares en condiciones de pobreza o vulnerabilidad que participaron en este tipo de programas alcanzó un mayor nivel de desarrollo de habilidades, mejor desempeño escolar y nivel educativo, mayores ingresos, mejor salud, menor participación en criminalidad y un comportamiento menos violento en su adultez. En general, cada dólar invertido en estos programas rinde 7,3 dólares de beneficios, ya que se previene el incurrir en costos sociales y económicos futuros para remediar problemáticas generadas por personas que no alcanzan todo su potencial.

Si tomamos en cuenta esto, al analizar la eliminación del programa Safpi en Ecuador, debido a los recortes realizados por los efectos de la pandemia, no solo se afectó el acceso educativo de miles de niños, sino que también se eliminó un mecanismo que ha probado ser sumamente efectivo en cuanto a la reducción de la pobreza y la desigualdad, incluso sin tener en cuenta el hecho de que el programa contaba con un presupuesto relativamente bajo y hasta menor que los gastos en publicidad del Gobierno.

Esto nos deja, sin duda, dos grandes lecciones. La primera es que los programas de educación temprana son imprescindibles porque permiten igualar las condiciones en las que la población desarrolla sus habilidades en sus primeros años de vida. Y la segunda es que los Gobiernos y ciudadanos debemos tomar conciencia de que la decisión de recortar o eliminar una política o programa público debe fundamentarse en mantener una visión objetiva y estratégica que impacte mínimamente el bienestar social, y en una perspectiva a largo plazo.

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