El impuesto a las transnacionales en América Latina

La pandemia ha profundizado la pobreza, la desigualdad y la necesidad fiscal a nivel global. Por ello, a fines de mayo los ministros de finanzas del G-7 —Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido— lograron un acuerdo inicial para implementar un impuesto global a las empresas transnacionales, principalmente las enfocadas en tecnología. Posteriormente, el 10 de julio, el acuerdo enmarcado en el Marco Inclusivo BEPS (base erosion and profit shifting) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, (OCDE) fue adoptado en la cumbre del G-20 por 130 países, que representan el 90% del PIB mundial.

El empleo precario, el desempleo, la pobreza y la desigualdad se ha incrementado rapidamente a nivel mundial, pero sobre todo en los países en desarrollo, a medida que millones de empresas han quebrado o cerrado. Para hacer frente a la crisis sanitaria, mejorar las condiciones sociales, adquirir vacunas, dar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y reactivar la economía, los gobiernos han implementado políticas que han repercutido en un fuerte deterioro de las cuentas fiscales y mayor endeudamiento público.

Las exorbitantes ganancnias de las empresas más grandes del mundo

Pero ante el desastre económico, 32 de las empresas más grandes del mundo tuvieron ganancias en el 2020 que superaron el promedio de los cuatro años anteriores en más de 109 billones de dólares, de acuerdo a un estudio de Oxfam. Esto ha llevado a políticos, académicos e inclusive varios accionistas de estas corporaciones a exigir reformas tributarias, nacionales e internacionales, acorde a la nueva realidad para que estas multinacionales contribuyan más.

En este marco, el objetivo de esta potencial reforma, de acuerdo con varias autoridades fiscales y monetarias de los países del G-20, es mejorar un sistema fiscal mundial que data de la década de 1920s, luchar contra los paraísos fiscales y que las grandes corporaciones tributen de manera equitativa en los países donde llevan a cabo operaciones y no solamente en su país de origen. Con esto se prevé también disminuir la competencia entre países para atraer la inversión de grandes empresas estableciendo impuestos más bajos.

Los siguientes pasos

A pesar de que este impuesto mínimo de 15% a las grandes corporaciones y la economía digital luce prometedor en términos de equidad fiscal, el acuerdo adoptado por estos 130 países es el primer paso. En primer lugar, la implementación de esta tasa depende, en gran medida, de reformas fiscales en cada uno de los países que podrían requerir aprobación del legislativo y por ende consensos políticos a nivel nacional e incluso subnacional (estatal y/o municipal).

Adicionalmente, para que esta tasa cumpla parte de sus objetivos debe orientarse a conseguir un consenso más amplio. De los 139 países pertenecientes al Marco Inclusivo BEPS de la OCDE, 9 no firmaron aún el acuerdo en la cumbre del G-20, entre estos Irlanda, Hungría y Estonia. En América latina y el Caribe, por otro lado, países como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Venezuela ni si quiera son parte del Marco Inclusivo de la OCDE.

¿Qué sucede con los esquemas tributarios en América Latina y el Caribe?

América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta si se compara su distribución de la renta con el resto del mundo. Además, la calidad y cobertura de sus servicios públicos, sobre todo en salud y educación, se encuentran por debajo de los países desarrollados.

A pesar de estas brechas en los servicios sociales, un informe sobre la tributación en la región realizado por la OCDE en el 2021 mostró que los impuestos en América Latina y el Caribe, en relación con su PIB, son en promedio el 23,1%, mientras que en los países de la OCDE este llegó en el 2019 al 33,1%. Además, los impuestos en América Latina están concentrados principalmente en impuestos al valor agregado e impuestos indirectos, mientras que en los países del OCDE —entre los cuales se encuentran México y Chile— los tributos están enfocados a la renta personal y corporativa.

Otro dato que revela la compleja distribución de la renta y la evasión fiscal en la región es que el 27% de la riqueza privada de América Latina se encuentra en paraísos fiscales, cifra mayor a la registrada en cualquier otra región del mundo, según el Boston Consulting Group.

Ante las necesidades fiscales, agravadas por la pandemia, las propuestas de reformas tributarias realizadas en los últimos años en varios países de la región como Chile, Colombia o Ecuador, están enfocadas en el incremento de impuestos indirectos como el IVA. Estos impuestos lo que hacen es acentuar la desigualdad, a diferencia de los esquemas de tributación enfocados a incrementar la contribución de las grandes multinacionales o los patrimonios personales.

Desde la academia y los organismos internacionales como la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional se debate la necesidad de regular a las grandes corporaciones e incrementar los impuestos a los más ricos en la región para mejorar la redistribución del ingreso. Sin embargo, el simple hecho de pensar en aplicar políticas que regulen la utilización de paraísos fiscales o impuestos más progresivos causan incomodidad en las élites sociales y políticos latinoamericanos.

Por estos motivos, a pesar del impacto que ha tenido la pandemia a nivel social y en las cuentas fiscales de la región, en el corto y mediano plazo la implementación de sistemas tributarios que reduzcan las desigualdades parecen ser una utopía. Pero si el acuerdo de los 130, —que incluye a la mayor parte de países de la región— se logra implementar, se podría crear un precedente importante y motivar a América Latina y el Caribe a realizar reformas aún más profundas de sus sistemas tributarios para cerrar las brechas de acceso a servicios públicos. De esta manera se podría colaborar a reducir las desigualdades multidimensionales que caracterizan a la región.

Foto de Leonhard Lenz

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