La crisis climática no es solo un problema ambiental: es, ante todo, un problema político y económico. Enfrentarla exige redefinir cómo se produce, se consume y, sobre todo, cómo se financia el desarrollo a escala global. La discusión sobre el financiamiento climático no puede reducirse a instrumentos técnicos ni a promesas voluntarias de inversión “verde”; debe inscribirse en una agenda más amplia de redistribución de la riqueza, capaz de corregir desigualdades históricas y de asumir que quienes más contribuyeron al deterioro ambiental son también quienes concentran la mayor capacidad económica para revertirlo.
En los últimos años, el debate internacional ha reconocido, al menos en el plano discursivo, que la transición hacia economías bajas en carbono requiere volúmenes de financiamiento sin precedentes. Sin embargo, la brecha entre lo necesario y lo efectivamente movilizado sigue siendo abismal, especialmente para los países del Sur Global, que enfrentan los impactos más severos del cambio climático con menores recursos fiscales, elevados niveles de endeudamiento y escaso margen de maniobra política. La pregunta central ya no es si hace falta más financiamiento, sino quién paga, cómo se paga y con qué criterios de justicia.
La crisis climática como un riesgo sistémico
El pensamiento dominante entre las élites económicas globales, expresado cada año en foros como Davos, reconoce crecientemente a la crisis climática como un riesgo sistémico de largo plazo. Las encuestas de riesgos globales del Foro Económico Mundial muestran que, más allá de las preocupaciones coyunturales por conflictos geopolíticos o tensiones financieras, los eventos climáticos extremos, la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas ocupan los primeros lugares cuando se proyecta el futuro a diez años. Esta percepción, sin embargo, no se traduce en transformaciones estructurales del sistema económico que esas mismas élites defienden y reproducen.
El problema es que los riesgos no se distribuyen de manera equitativa, ni en sus causas ni en sus consecuencias. El patrón de consumo de los sectores más ricos concentra una porción desproporcionada de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que los costos del cambio climático recaen de forma abrumadora sobre poblaciones empobrecidas, comunidades rurales, pueblos indígenas y países periféricos. Una desigualdad alimenta a la otra: la concentración de riqueza profundiza la crisis ambiental, y la crisis ambiental refuerza las brechas sociales existentes.
Los datos son elocuentes. Informes recientes de OXFAM, publicados en coincidencia con las reuniones de Davos, muestran que el 1% más rico del planeta ha generado en los primeros 10 días de 2026 las emisiones de 𝐶𝑂2 que les corresponderían para todo el año y acumula el 63% de la riqueza mundial generada desde 2020, mientras que una de cada cuatro personas en el mundo sufre inseguridad alimentaria y casi la mitad de la población global vive en condiciones de pobreza. El patrimonio acumulado por los multimillonarios alcanza cifras que superan ampliamente los recursos necesarios para financiar la transición energética, la adaptación climática y la protección de la biodiversidad. No se trata de escasez, sino de una asignación profundamente desigual de los recursos disponibles.
Esta concentración extrema de riqueza no solo tiene efectos distributivos, sino también políticos. El poder económico se traduce en influencia sobre los procesos de toma de decisiones, en captura regulatoria y en bloqueo sistemático de reformas que afectarían intereses corporativos, en particular los vinculados a las industrias extractivas y a los combustibles fósiles. No es casual que el negacionismo climático y el retraso en la transición energética encuentren aliados tanto en sectores de la extrema derecha como en actores económicos que buscan preservar rentas extraordinarias.
La necesidad de la redistribución
En este contexto, hablar de financiamiento climático sin discutir redistribución resulta insuficiente. Los actuales esquemas de austeridad fiscal, promovidos como dogma por organismos financieros internacionales y adoptados por numerosos gobiernos, restringen la inversión pública justo cuando más se la necesita. Al mismo tiempo, se reemplazan impuestos progresivos por mayor endeudamiento, trasladando los costos al futuro y consolidando una visión financiera que ignora los límites ecológicos y las demandas sociales.
El modelo extractivo vigente agrava estas tensiones. La expansión de la minería, los hidrocarburos y los monocultivos, presentada como vía rápida para obtener divisas, profundiza conflictos territoriales, desplaza poblaciones, degrada ecosistemas y criminaliza la protesta social. Pocos sectores han contribuido tanto a las crisis gemelas del cambio climático y la desigualdad global como las industrias extractivas, que además suelen beneficiarse de generosos subsidios estatales y marcos regulatorios laxos.
Frente a este escenario, la justicia climática aparece inseparable de la justicia económica. Financiar la transición implica redefinir quién se apropia de los recursos naturales, quién asume los costos ambientales y quién se beneficia del crecimiento. En esta línea, resulta relevante el reciente informe de Naciones Unidas sobre el estado del financiamiento para la naturaleza, que advierte sobre el sesgo estructural del sistema financiero global hacia actividades que dañan el medio ambiente. La magnitud de los flujos destinados a subsidios fósiles y a inversiones nocivas contrasta con la escasez de recursos dirigidos a proyectos productivos en armonía con la naturaleza.
Redirigir subsidios hacia la transición energética
Transformar este esquema no es sencillo, pero tampoco imposible. Redirigir subsidios que hoy benefician a la industria petrolera hacia la transición energética permitiría liberar recursos significativos. Este proceso debe ser gradual y socialmente justo, evitando impactos regresivos en los precios de la energía que, como mostraron las experiencias de Francia o Ecuador, pueden desencadenar fuertes resistencias sociales. Pero la dificultad política no puede ser excusa para la inacción.
El cambio en el financiamiento también requiere reformas regulatorias profundas. Las autoridades monetarias y financieras deben incorporar criterios climáticos en sus decisiones, alineando el sistema financiero con objetivos de sostenibilidad. Algunos países de la región han comenzado a avanzar en esta dirección: bancos centrales como los de Brasil, Colombia, Chile o Uruguay han introducido lineamientos verdes, y el mercado de capitales brasileño ha desarrollado normativas que exigen mayor transparencia sobre riesgos climáticos. Estas iniciativas, aún incipientes, reconocen que el cambio climático no es un problema externo a la economía, sino un factor central de estabilidad financiera.
No todos los gobiernos comparten esta visión. En Argentina, por ejemplo, la actual administración niega la existencia del problema climático, minimiza la pérdida de biodiversidad y desestima la desigualdad como cuestión política. La profundización de un modelo extractivo orientado a pocos sectores, combinada con una obsesión por la estabilidad cambiaria a cualquier costo, configura una economía de enclave que erosiona el tejido productivo y social. La ausencia de una agenda ambiental y social no solo compromete el presente, sino que hipoteca el futuro.
En definitiva, financiar la lucha contra la crisis climática exige mucho más que fondos verdes o bonos sostenibles. Requiere una reconfiguración del contrato económico global, basada en la redistribución de la riqueza, la responsabilidad diferenciada y la democratización de las decisiones económicas. Sin justicia fiscal, sin impuestos progresivos, sin regulación del capital y sin una reducción drástica de las desigualdades, la transición climática seguirá siendo una promesa vacía. El desafío es político: decidir si el financiamiento se orienta a sostener privilegios o a garantizar un futuro habitable para las mayorías.
Autor
Investigador Asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad - CEDES (Buenos Aires). Autor de “Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development", Cambridge University Press, 2020.
