Coautora André Bakker da Silveira
A 75 años del nacimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, es asombroso constatar que el clima de odio, opresión y violencia que instigó la elaboración de este importante documento está muy vivo e influye en todo nuestro campo político, incluida la elaboración de nuestras políticas públicas. En particular, los jóvenes de hoy son un blanco fácil para los discursos extremistas que buscan desestabilizar las instituciones, especialmente aquellas destinadas a construir y difundir una cultura de ciudadanía, democracia y respeto a los derechos humanos: las escuelas.
Como muestran los datos de la encuesta Radiografía de 20 años de atentados contra escuelas en Brasil, realizada por el Instituto Sou da Paz, los atentados, por desgracia, se han vuelto frecuentes en Brasil y, por ello, han acaparado una gran atención. Detrás de estos sucesos hay una serie de situaciones, como la cooptación por parte del extremismo, problemas de salud emocional y la creciente difusión de discursos de odio por parte de agentes políticos influyentes.
Frente a estos factores, que en última instancia implican la implementación de políticas públicas (educación, seguridad, salud, etc.), es inevitable señalar que el Estado brasileño viene fallando en los últimos 20 años en la implementación de una política fundamental: la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos. Una política que debe tener a los jóvenes en el centro.
Según una encuesta de la Open Society Foundations, en 2023, el 26% de los jóvenes brasileños de entre 18 y 35 años no creen que la democracia sea la mejor forma de gobierno. En la media de los 30 países en los que se realizó la encuesta, esta cifra asciende al 43%.
Esta cultura del odio, que opera en espacios públicos y privados y se basa intencionalmente en valores contrarios a la pluralidad y a los derechos humanos, toma a las personas por los caminos de los afectos, pero se vende como estrictamente técnica y racional.
Son los memes y chistes sexistas, racistas y fascistas; las ideas que priorizan la economía sobre la vida; y los arrebatos autoritarios que abogan por invadir espacios como escuelas y universidades para controlar lo que se dice y se enseña. Todos estos hechos se han convertido en política pública en los últimos años, razón por la cual también han pasado a formar parte del actual crisol cultural.
Esta estrategia de pánico moral sólo es fructífera porque encuentra terreno fértil en problemas reales de nuestra sociedad. En el caso de las escuelas, es importante destacar que conviven diariamente con episodios de violencia, que a menudo pasan desapercibidos o se naturalizan indebidamente. La discriminación, el acoso escolar, los conflictos interpersonales y las agresiones físicas son sólo algunos ejemplos de lo que viven los alumnos y los profesionales de la educación. Enfrentar la violencia que afecta a las escuelas requiere de acciones a distintos niveles e involucra a diferentes actores.
Entre las políticas públicas que deben ser reforzadas para hacer frente al extremismo violento contra las escuelas, destacamos la Educación en Derechos Humanos. Como muestra una investigación del Instituto Aurora, esta área fue debilitada durante el gobierno de Jair Bolsonaro, con estructuras vitales descontinuadas – como es el caso del extinto Comité Nacional de Educación en Derechos Humanos.
No sorprende que la Educación en Derechos Humanos sea mencionada en los informes de los dos grupos de trabajo creados por el Gobierno Federal para estudiar y proponer acciones sobre el fenómeno de la violencia contra las escuelas y el discurso de odio, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, respectivamente.
Según los documentos, es necesario fortalecer y ampliar la presencia de la Educación en Derechos Humanos en los espacios de educación y formación; capacitar a los agentes públicos; revisar los documentos; y ampliar los espacios de escucha y diálogo participativo sobre el tema.
Una política pública de Educación en Derechos Humanos revisada y actualizada debe ser capaz de fortalecer iniciativas que promuevan una cultura de respeto a los derechos humanos.
Además de la educación, hay un gran énfasis en la seguridad pública, que es un deber del Estado y un derecho que debe ser ofrecido a todos y, a partir de ahí, necesita ser entendida como una política pública que necesita articular los diferentes niveles de gobierno y realizar acciones multidisciplinares, posibilitando la prevención de los crímenes y de la violencia y no sólo su represión.
En Brasil, la acción represiva es comúnmente utilizada. No es de extrañar el elevado número de jóvenes asesinados, la mayoría negros, por agentes del Estado. Esta acción institucionalizada se llama necropolítica. Está claro que la dimensión del control del crimen y la represión es importante, pero requiere planificación, inteligencia e inversión. Invertir en políticas de prevención de la violencia debe ser una prioridad, es decir, los recursos deben centrarse en las causas del problema y en promover soluciones más eficaces, no sólo en combatirlas.
Teniendo en cuenta que los ataques a escuelas cometidos con armas de fuego han provocado tres veces más víctimas mortales que con armas blancas y que en el 60% de los casos cometidos con armas de fuego, el agresor adquirió el arma en su propia casa (resultado de las políticas del gobierno de Bolsonaro para facilitar el acceso a las armas), un primer paso es implementar medidas de control e inspección para la compra y posesión de armas de fuego. Restringir el acceso a las armas para los agresores es fundamental, así como reforzar la exigencia de una caja fuerte para el arma, reduciendo las posibilidades de acceso al arma por parte de niños o adolescentes.
Otra medida importante es la formación de la policía civil estatal en el reconocimiento de ideologías extremistas y grupos que promueven delitos de odio, así como metodologías de investigación en el entorno digital (donde tradicionalmente se planifican, fomentan y celebran estos delitos). Es urgente centrarse en el mapeo y desmantelamiento de grupos que cooptan a adolescentes y jóvenes. A través de la monitorización de las redes sociales, numerosas personas han sido detenidas este año, otras siguen siendo investigadas y se han desmantelado posibles acciones motivadas por el extremismo, el racismo y la misoginia, lo que demuestra la eficacia de esta acción de investigación e inteligencia.
Al mismo tiempo, es posible hacer un seguimiento de los incidentes escolares y los informes de la policía civil que muestran signos de escalada de violencia, con el fin de tomar medidas más urgentes en estas unidades, guiados por la Educación en Derechos Humanos. Para tener una sociedad sin agresiones extremas en las escuelas, es necesario pensar en la prevención de la violencia en todos los niveles, comenzando por las prácticas escolares cotidianas e involucrando todas las políticas públicas, como salud, cultura y asistencia social.
Esa desigualdad social y la falta de inversión pública en el acceso a servicios públicos de calidad contribuyen al descreimiento en las instituciones y a la descomposición de la vida en sociedad. Las políticas públicas que garantizan el acceso a los derechos básicos son estratégicas para contener las políticas públicas basadas en la cultura del odio, y sólo así podremos promover una cultura de respeto a los derechos humanos.
*Este texto forma parte del proyecto (Re)conectar: unir a las personas para superar la violencia en las escuelas, realizado por el Instituto Aurora, con el apoyo institucional de L21. Para apoyar la iniciativa, visite: https://bit.ly/projeto-reconectar
Danielle Tsuchida es Coordinadora de Proyectos del Instituto Sou da Paz. Psicóloga graduada por la PUC/SP, con experiencia en medidas socioeducativas y prevención de la violencia.
André Bakker da Silveira es Responsable de investigación y proyectos en el Instituto Aurora de Educación en Derechos Humanos. Tiene un Máster en Filosofía por la Universidad Federal de Paraná (UFPR) y es miembro titular de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Curitiba.
