América Latina y el Caribe es una región atravesada por múltiples transiciones. Aunque el término ha sido utilizado sobre todo para hablar de las transiciones hacia la democracia, hoy la noción va mucho más allá de lo político. Se habla de transiciones energéticas, ecosociales, urbanas y digitales, entre otras, para subrayar que el cambio no supone únicamente nuevos recursos o tecnologías, sino también la transformación de modelos productivos, patrones de consumo y visiones de mundo. En la región más desigual del planeta, una expresión que ha adquirido creciente notoriedad y urgencia es la de transición justa. Y es que el 10 % más rico concentra el 77 % de la riqueza regional, según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). En este contexto, cualquier proceso de cambio enfrenta un desafío central: que la transición no profundice las brechas históricas, sino que abra el camino hacia una transformación verdaderamente equitativa.
¿Por qué hablar de transiciones justas hoy?
La crisis climática que estamos enfrentando es también una crisis de desigualdad. Las personas superricas y las grandes corporaciones contribuyen de forma desproporcionada al calentamiento global debido a sus elevados niveles de emisiones y a su poder económico y político, según un informe de Oxfam (2025). De hecho, el 86% del 0,1% de las personas más ricas del planeta residen en el Norte Global. Mientras que el cambio climático afecta sobre todo a los países del Sur y a colectivos tradicionalmente vulnerabilizados como indígenas, afrodescendientes y mujeres. Por ello, la crisis climática actúa como multiplicador de desigualdades.
Frente a este escenario, es urgente articular saberes diversos y repensar la organización de nuestras sociedades dentro de los límites planetarios. Aunque muchos sectores sostienen que la transición energética y el llamado capitalismo verde ofrecerían una solución integral, lo cierto es que, bajo estas etiquetas, gobiernos y empresas, especialmente del Norte Global, impulsan una nueva carrera por tierras raras, minerales estratégicos y energías renovables para producir baterías, vehículos eléctricos y abastecer tecnologías como la inteligencia artificial.
No obstante, la paradoja es evidente: la fabricación de estas soluciones “verdes” exige enormes cantidades de energía y minerales extraídos en el Sur Global, lo que intensifica impactos y conflictos socioambientales, mientras reproduce dependencias históricas. Lejos de superar las asimetrías, las actuales propuestas de transición energética, tal como están siendo implementadas, tienden a profundizar desigualdades y a consolidar nuevas formas de colonialismo verde.
En un contexto de tensiones geopolíticas y competencia por recursos estratégicos, América Latina, rica en litio, petróleo, cobre y tierras raras, se convierte en territorio de disputa entre grandes potencias, además de reafirmar su inserción periférica como exportadora de recursos naturales hacia China y Estados Unidos. De forma premonitoria, la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela y el control de las reservas petroleras del país, en flagrante violación de la Carta de la ONU y del derecho internacional, establece un precedente preocupante para la región.
Por otro lado, a pesar de los graves efectos de la crisis climática, persisten el negacionismo, la desinformación y diversos esfuerzos orientados a retrasar o impedir la adopción de medidas efectivas contra el calentamiento global. La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y los procesos de desregulación ambiental y climática promovidos por países como India, Argentina o Ecuador ponen en riesgo los avances ecológicos alcanzados durante las últimas décadas. Para evitar una catástrofe mayor, es imprescindible impulsar una transición hacia un modelo económico, político y social verdaderamente sostenible.
Implicaciones de una transición justa en América Latina y el Caribe
El concepto de “transición justa” es deudor de las luchas del movimiento obrero y surgió en la década de 1980, cuando sindicatos estadounidenses de industrias dependientes de los combustibles fósiles lo emplearon para defender a trabajadores que estaban siendo afectados o que estaban perdiendo sus empleos debido a nuevas regulaciones ambientales. La noción hace hincapié en la necesidad de considerar quién gana y quién pierde en un proceso de transición, así como cuáles son los beneficios e impactos negativos generados por este proceso.
En los últimos años, el concepto ha adquirido centralidad en el debate climático global, destacando que el camino hacia la descarbonización debe situar en el centro a toda la sociedad: comunidades, trabajadores y grupos históricamente vulnerabilizados. Aunque su interpretación varía según el país o la región, el principio es claro: ningún proceso de transformación será legítimo si deja a sectores enteros atrás.
En América Latina y el Caribe, abordar la crisis climática y concretar la transición hacia una economía sostenible y baja en carbono requerirá inversiones anuales de entre US$ 470.000 millones y US$ 1,3 billones (equivalentes a entre el 7 % y 19 % del PIB regional) en infraestructura y gasto social, lo cual tendrá profundas implicaciones económicas y sociales. Entre otros efectos, implicará el cierre de empresas vinculadas a los combustibles fósiles, cambios geográficos en los patrones de producción y pérdidas de empleo en algunos sectores, al tiempo que generará nuevas oportunidades en áreas como las energías renovables. Asimismo, exigirá mayores niveles de capacitación y el desarrollo de nuevas competencias por parte de los trabajadores.
El abandono de los combustibles fósiles tendrá también efectos en la infraestructura regional y en los sistemas productivos, así como en el costo de vida, debido al posible aumento de los precios de los alimentos y del transporte. Al mismo tiempo, reducirá los ingresos fiscales disponibles para financiar inversiones sociales, lo que plantea desafíos adicionales para los Estados.
En este contexto, los países de la región deben garantizar que estos procesos sean planificados de manera adecuada, participativa y justa, y que sus beneficios se distribuyan equitativamente. Paralelamente, es clave prevenir sus impactos negativos y adoptar medidas para mitigarlos y compensarlos mediante políticas de protección social, redistribución y empleo, especialmente dirigidas a los hogares de menores ingresos y a los grupos históricamente marginados.
Lejos de ser solo un ideal, existen propuestas concretas surgidas en América Latina y el Caribe. Una de ellas es el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que sostiene que una verdadera transición no debe ser únicamente energética o tecnológica, sino una transformación integral del régimen socioecológico que busque garantizar condiciones de vida digna, poniendo en el centro la justicia social y el combate a las desigualdades. Sin ello, la transición no sólo será incompleta, sino también ineficaz.
Autor
Cientista política. Prof. de Relaciones Internacionales y del Programa de Posgrado de Ciencias Sociales en Desarrollo, Agricultura y Sociedad (CPDA) de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (UFRRJ). Doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid.
