El gobierno de Gustavo Petro, que se autodefine como progresista, ha implementado medidas desde su llegada, que en lugar de beneficiar a la población migrante venezolana en Colombia, han resultado en acciones regresivas. Estas políticas han incrementado la vulnerabilidad y la incertidumbre de esta población, generando estancamiento, confusión y mayores dificultades para su regularización y bienestar.
Uno de los problemas más graves ha sido el estancamiento en los procesos de regularización y el discurso que busca invisibilizar la situación de esta población migrante; y, por supuesto, la negación de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Aunque la administración de Petro heredó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) del gobierno de Iván Duque, su implementación se ha topado con grandes barreras que parecieran ser impuestas a propósito.
El presidente Petro ha alineado su narrativa con la del gobierno bolivariano al atribuir la migración a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos en 2019. No obstante, esta afirmación ha sido refutada, ya que la crisis migratoria comenzó en 2015, antes de las sanciones, impulsada por una profunda crisis económica, escasez de productos básicos, alta inflación y problemas de seguridad en el país, todo como consecuencia del modelo político vigente.
Además, Petro ha intentado enmarcar la discusión migratoria en torno a aquellos que cruzan el Darién, minimizando así la presencia y la intención de permanencia de los migrantes venezolanos en Colombia. Este enfoque ha contribuido a desdibujar el tema de la agenda nacional, restando importancia a la situación de las personas migrantes venezolanas que buscan establecerse en el país. En palabras del director de Migración Colombia, uno de los propósitos del gobierno ha sido el de “desvenezolanizar” el tema de la migración, lo que ha demostrado una profunda irresponsabilidad institucional que ya empieza a generar consecuencias.
Si bien es crucial proteger y visibilizar a otros flujos migratorios en Colombia, como la migración haitiana, la protección de las personas no se trata solo de una cuestión numérica. Intentar desdibujar de la agenda la importancia de la migración venezolana y la atención que requiere, especialmente por razones políticas, no solo genera mayores riesgos en la gestión migratoria sino que también aumenta la condición de vulnerabilidad de esta población.
La crisis en la gestión migratoria
Indudablemente, la llegada de población migrante venezolana a Colombia ha presentado un desafío institucional para el país. Al hablar de crisis, no deberíamos referirnos a una población que huye en búsqueda de su propia supervivencia, sino a la crisis en la gestión migratoria, la cual no logra dar respuesta a las necesidades de las personas. En respuesta a esta situación, los anteriores gobiernos colombianos implementaron medidas de regularización con el objetivo de brindar un estatus regular, facilitar su integración en la sociedad colombiana y proteger sus derechos.
En 2017 el Permiso Especial de Permanencia (PEP) marcó un hito crucial al permitir que la población migrante venezolana regularizara su situación. El documento era válido por dos años con posibilidad de renovación, permitía trabajar y ofrecía protección contra la deportación. Era válido para acumular años para solicitar residencia permanente, facilitaba la movilidad interna y permitía continuar o acceder a estudios de todos los niveles en Colombia.
En 2021, Colombia dio un paso crucial con la creación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). Este estatuto, con una vigencia de 10 años, fue diseñado para ofrecer un marco legal más completo y estable a la población migrante venezolana. El ETPV incluye dos componentes principales: el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y el Permiso por Protección Temporal (PPT).
El RUMV es un registro en el que deben inscribirse las personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela. Este registro permite al gobierno colombiano tener un censo claro de la población migrante. El PPT, que se obtienía al inscribirse en el RUMV, es un documento de identificación y regularización que otorga a los migrantes venezolanos acceso a derechos y servicios básicos en Colombia, como educación, salud y empleo. De esta manera, el PPT es una herramienta fundamental del ETPV, ya que facilita la inclusión social y económica de los migrantes venezolanos en el país, asegurando que puedan vivir de manera regular.
A pesar de las críticas hacia este último mecanismo, como su incompatibilidad inicial con la solicitud de refugio, la cual fue resuelta por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-543 de 2023, y la ausencia de un enfoque diferencial expreso, es cierto que este proceso buscaba armonizar los diferentes mecanismos existentes hasta la fecha. Además, reconocía que se trataba, en su mayoría, de una población con vocación de permanencia en el país. En el último año, las preguntas han girado en torno a la situación de las personas que no pudieron acceder a este permiso debido a restricciones temporales y la continuidad del mecanismo para aquellos que han llegado al país en el último año.
Sin embargo, en medio de la espera de nuevos anuncios para una creciente población en condición irregular, Migración Colombia sorprendió anunciando que durante el año 2023 se registró una disminución de la población migrante como resultado de la reanudación de relaciones binacionales. Esta afirmación no puede estar más alejada de la realidad: lo que viene ocurriendo es una modificación en el destino de la población, que se ha ido desplazando principalmente hacia Estados Unidos, pero la migración en general sigue en aumento. De acuerdo con la última actualización, de junio de 2024, de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), se registraban 7.774.494 de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo, de las cuales 2.857.528 están en Colombia (mayo de 2024).
El nuevo (viejo) mecanismo de regularización
Como parte de los más recientes anuncios, el gobierno colombiano presentó el PEP-TUTOR, un nuevo mecanismo de regularización para representantes legales o custodios de niñas, niños y adolescentes que cuenten con un Permiso de Protección Temporal (PPT) vigente. No obstante, la coexistencia del PEP-TUTOR con otros instrumentos de regularización como el PPT ha generado críticas y confusión entre la población migrante y organizaciones de la sociedad civil. Entre las principales preocupaciones destacan una fecha de corte arbitraria asociada al restablecimiento de las relaciones binacionales, la exclusión de padres y madres de niños nacidos en Colombia, y la duplicidad de requisitos, rompiendo además con una de las razones para la creación del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV), que fue armonizar todos los permisos existentes bajo una sola modalidad.
Este decreto, propuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, pretende regularizar la situación de más de 270.000 migrantes venezolanos que actúan como representantes legales de menores de edad en Colombia. Sin embargo, los requisitos para obtener el PEP-TUTOR son más estrictos que los del PPT, y dificultan el acceso a documentos probatorios como el acta de nacimiento apostillada, un proceso complejo para muchos migrantes.
El PEP-TUTOR podría otorgarse con vigencia hasta el 30 de mayo de 2031 y no sería prorrogable. Después de esta fecha, quienes deseen permanecer en Colombia deberán tramitar y obtener una visa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, cumpliendo con los requisitos legales. Además, se establece el 12 de agosto de 2022 como fecha límite para la regularización, excluyendo a los padres de niños que se regularizaron después de esa fecha, lo que limita el acceso de muchas familias a la regularización si llegaron a Colombia posteriormente.
Esta medida ha generado gran confusión y se percibe como regresiva, ya que no considera las condiciones actuales de esta población. Hay incertidumbre sobre si el nuevo mecanismo ofrecerá mayores o menores derechos, y parece asumir que la normalización de la situación en Venezuela y el restablecimiento de las relaciones binacionales han eliminado las barreras de acceso a documentos.
Sin embargo, la reanudación de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, aunque significativa, no ha traído mejoras sustanciales para las personas migrantes. Desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares en agosto de 2022, la reapertura de los consulados venezolanos en Colombia no ha garantizado un mejor acceso a documentos esenciales como el pasaporte.
Las barreras burocráticas y económicas para obtener estos documentos siguen siendo insuperables para la mayoría. Obtener una cédula de identidad venezolana, necesaria para cualquier trámite consular, solo es posible en Venezuela. Además, los costos asociados a la obtención de un pasaporte son prohibitivos para muchas familias, con precios por encima de los US$200 más los aranceles consulares, una suma exorbitante considerando que el salario mínimo en Colombia ronda los US$320 y que la mayoría de las personas migrantes tiene ingresos mucho menores que esto.
Las consecuencias de una política restrictiva
Resulta innegable que las medidas adoptadas por el gobierno de Gustavo Petro han sido más regresivas en materia de derechos para la población migrante venezolana, impulsadas por razones e intereses políticos con el régimen venezolano. Esto es particularmente peligroso en un contexto donde las expresiones de xenofobia y discriminación siguen en aumento. Según la última Encuesta Invamer, el 65% de la sociedad colombiana tiene una opinión desfavorable de los venezolanos que han llegado al país para quedarse. Este rechazo ha llevado a una mayor aprobación de la gestión migratoria de Petro en comparación con la de Duque, debido a que tiene una postura más restrictiva y un enfoque de seguridad.
Sin embargo, a pesar de esta postura institucional y el rechazo generalizado de los colombianos a la migración, la comunidad internacional sigue mostrando preocupaciones significativas. El 19 de junio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer sus observaciones preliminares tras una visita a Colombia en abril de 2024. La CIDH señaló que, aunque se han realizado esfuerzos previos como la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, estas políticas necesitan ser ampliadas y fortalecidas. Durante la visita, se reportaron casos de racismo, xenofobia y revictimización contra migrantes de Venezuela, Haití, Ecuador y otros países. Además, el control territorial de grupos armados ha provocado resistencia, confinamiento y desplazamiento forzado interno, explotando la crisis humanitaria para involucrarse en actividades de trata de personas, explotación sexual y otras formas de esclavitud moderna.
Por su parte, Siobhán Mullally, relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, expresó profunda preocupación por los peligros que enfrentan migrantes y refugiados, especialmente niños y adolescentes, al cruzar el Tapón del Darién. Durante este tránsito, los migrantes, en particular mujeres, niños, personas LGBT y personas con discapacidad, están expuestos a violencia sexual y otras graves violaciones de derechos humanos, incluida la trata. La mayoría de estos migrantes provienen de Venezuela, Haití y Ecuador.
Un tema adicional de preocupación es el acceso limitado a permisos de protección temporal y a servicios esenciales como salud, seguridad social y empleo formal para los migrantes venezolanos, lo que aumenta su vulnerabilidad a la explotación. Mullally también destacó la grave situación de los niños en situación de calle, aquellos con discapacidad y los que trabajan en el sector informal o como trabajadores domésticos, quienes enfrentan altos riesgos de ser víctimas de la trata. Los niños venezolanos migrantes son especialmente vulnerables a la explotación sexual y laboral debido a los obstáculos administrativos que dificultan su acceso a la protección temporal y a la educación. En sus recomendaciones, instó a ampliar el acceso al estatuto temporal de protección para los venezolanos que llegaron después del 31 de enero de 2021 y a reducir los retrasos administrativos para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud y otros servicios esenciales para los migrantes y refugiados.
Finalmente, lo anterior refleja que ni las medidas restrictivas impiden que las personas con necesidad de migrar lo hagan, ni que la xenofobia se convierta en una barrera para su llegada. La gestión migratoria en Colombia enfrenta retos significativos que demandan un enfoque centrado en los derechos humanos, más allá de consideraciones políticas y restrictivas. Las medidas adoptadas por el gobierno de Gustavo Petro han aumentado la vulnerabilidad y la incertidumbre de la población migrante venezolana, generando una crisis de gestión más que una solución.
Autor
Profesora de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) y candidata a Doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia. Especializada en movimentos migratórios, estudios de género y política venezolana.
